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El contrato de 'e-mail' que desangra las cuentas del Consejo de la Abogacía con 1,4 millones
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El contrato de 'e-mail' que desangra las cuentas del Consejo de la Abogacía con 1,4 millones

La renovación del servicio de Telefónica-Microsoft es una losa financiera que ha obligado a buscar fórmulas de cofinanciación con los colegios. Alcalá de Henares ha demandado al CGAE por esta cuestión

Foto: Victoria Ortega, presidenta del CGAE. (EFE/Pedro Puente Hoyos)
Victoria Ortega, presidenta del CGAE. (EFE/Pedro Puente Hoyos)

En la carta que los siete decanos de los Colegios de Galicia remitieron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a finales de abril, en la que advertían de la delicada situación financiera de la institución, no solo mostraban su preocupación por la falta de control en las partidas destinadas a dietas y viajes del presupuesto. Los firmantes también alertaban de los desequilibrios que estaba ocasionando en las cuentas el "gasto tecnológico" al que se ha comprometido el organismo, término con el que se referían al denominado 'contrato de correo electrónico', según consta en la documentación del Consejo.

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Así, entre las propuestas que realizaban los decanos, se incluía la opción de "examinar la posibilidad de eliminar o, subsidiariamente, reducir los gastos ocasionados por el servicio de correo electrónico, acordando, en su caso, a corto o medio plazo, la supresión de la subvención-aportación del coste económico que supone y desligando el servicio de correo del paquete Office 365, que debe eliminarse". Los recursos destinados a esta partida, debían dedicarse, en su lugar, "a mejorar o dotar a los colegios de nuevas herramientas tecnológicas", según rezaba el texto.

¿En qué consiste el mencionado contrato de correo electrónico y por qué resulta tan controvertido?, ¿cuánto está costando al CGAE para que los decanos de Galicia lo pongan de esta manera en la diana? Empezando por el final, según figura en las cuentas y el presupuesto de la institución, se trata de un servicio que ocasionó al Consejo un gasto de 1.446.847 euros en 2021 (un 14,7% más de lo presupuestado). Para el presente ejercicio, el CGAE prevé invertir en esta materia una cifra similar: 1.429.456 euros, un 11,9% de su presupuesto total, que asciende a 11.993.919 euros. Se trata, por tanto, de un producto en el que el organismo ha empeñado un volumen importantísimo de sus recursos.

placeholder Gasto previsto para el contrato de correo electrónico en el presupuesto del CGAE para 2022.
Gasto previsto para el contrato de correo electrónico en el presupuesto del CGAE para 2022.

Sin embargo, y según admiten varios decanos consultados por El Confidencial, la gestión del contrato no está a la altura del relevante coste que supone para el Consejo. Tanto es así, incluso, que en la actualidad existe un litigio abierto entre el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) y el propio CGAE en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la forma en que debe financiarse la prestación de este servicio.

La historia del contrato se remonta a octubre de 2016, fecha en la que el CGAE suscribe un acuerdo con Microsoft y Telefónica por el cual ambas compañías se comprometen a poner a disposición de la institución 150.000 licencias que incluían un servicio de correo electrónico con capacidad de 50 GB, espacio en la nube por 1 TB, un paquete de Office 365 y acceso a la herramienta Teams. Unas licencias que el Consejo puso a disposición de los distintos colegios para que ofrecieran este paquete de herramientas a sus colegiados.

Foto: La presidenta del CGAE, Victoria Ortega (a la izquierda), y la ministra de Justicia, Pilar Llop (derecha), en Bilbao. (EFE/Luis Tejido)

Sin embargo, al negociar la renovación del contrato en su fecha de vencimiento, en septiembre de 2020, las condiciones del mismo se tornaron mucho más gravosas para el CGAE —y, por ende, más beneficiosas para Telefónica y Microsoft—. Como consta en el presupuesto del CGAE del pasado ejercicio, las 150.000 licencias iniciales pasaron a ser 56.000; cada nueva cuenta tendría un coste adicional de 18,07 euros + IVA, con la condición de que, una vez contratada, ya no podría darse de baja hasta el fin del vínculo con Telefónica y Microsoft (el nuevo contrato era de cinco años). Como puede comprobar en la imagen a continuación, las licencias tendrán un coste creciente conforme transcurran los ejercicios.

placeholder Imagen del presupuesto del CGAE para 2021 en el que se detalla las condiciones del contrato de correo electrónico.
Imagen del presupuesto del CGAE para 2021 en el que se detalla las condiciones del contrato de correo electrónico.

Prueba de que el nuevo contrato de correo electrónico le resultaba financieramente inasumible es que, en los meses siguientes, el CGAE inició una negociación con los colegios para repartir los costes del mismo. Un tira y afloja que, en algunos casos, resultó bastante tenso, según describen algunas fuentes conocedoras de estas conversaciones.

Desde algunos colegios reprochaban al Consejo (y lo siguen haciendo) haber contratado por su cuenta y riesgo un servicio que no era una prioridad para los abogados —"El CGAE no tiene por qué ser una central de compras", objeta un decano—, y, además, el haberlo suscrito de forma indiscriminada, es decir, no atendiendo a qué abogados realmente lo necesitan y cuáles no, por ejemplo, porque su despacho ya les provee de este servicio. Otra crítica es que el paquete de servicios esté compuesto por todas las funcionalidades de Office 365, "cuando muchos letrados apenas saben usar dos o tres herramientas... ¿Para qué les damos todas las demás si no las saben ni utilizar?", se pregunta una decana que prefiere no revelar su nombre.

"¿Por qué dar todo un paquete de Office 365 si muchos abogados solo saben usar dos o tres herramientas?", critica una decana

El acuerdo de cofinanciación con los colegios se alcanzó en el pleno del CGAE celebrado el 14 de mayo de 2021. Sin embargo, los términos del mismo son secretos, puesto que el Consejo mantiene capados los párrafos del acta en el que se describe la propuesta elaborada por el presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Rafael Massieu (pinche aquí para acceder al acta de dicho pleno). Sin embargo, en las cuentas de 2021, ya se refleja un alivio para la institución de 124.556 euros, en forma de pagos realizados por los colegios al CGAE por las licencias de correo electrónico. Para 2022, se prevé que sea el doble: 248.000 euros.

No es la única medida que hubo de adoptar el Consejo para mitigar la angustia financiera provocada por sus compromisos con Telefónica y Microsoft. La Memoria de 2021 del organismo relata que, "durante los meses de mayo y julio, y mediante aprobación del Pleno del Consejo, se llegaron a varios acuerdos para racionalizar el gasto económico relacionado con el uso del servicio de Correo Abogacía, como es el caso de una revisión mensual de las cuentas sin uso para proponer su borrado previa aprobación del colegio correspondiente".

Foto: Victoria Ortega, presidenta del CGAE, en la Comisión de Justicia del Congreso en octubre de 2020. (EFE/Pool/Zipi)

El documento explica que, además, "con el objeto de mejorar la funcionalidad del servicio de Correo Abogacía, se aprueba también en pleno del Consejo General, la incorporación de un segundo proveedor. Este proveedor proporcionará cuentas de solo correo profesional para aquellos letrados que no requieren el resto de funcionalidad de la suite MS365". Es decir, junto con el servicio prémium de Office 365 contratado a Telefónica y Microsoft, el CGAE contrata a otra empresa tecnológica que proporcione únicamente la funcionalidad de correo electrónico. Este proveedor, según consta en la documentación de la institución, es Arsys, al que se estima que habrá que adquirirle una media de 5.000 licencias anuales.

En el pleno celebrado el pasado 29 de abril (cuyo acta puede consultar aquí), Rafael Massieu presentó su propuesta de cofinanciación del servicio de cuentas de correo electrónico hasta 2025.

placeholder Detalle de la propuesta de cofinanciación del correo electrónico contenida en el acta del pleno del CGAE de abril de 2022.
Detalle de la propuesta de cofinanciación del correo electrónico contenida en el acta del pleno del CGAE de abril de 2022.

De nuevo, parte del texto que acompaña al cuadro figura capado en el acta (aquí puede consultar el documento completo), pero parece intuirse como la propuesta del CGAE es un trasladando para los ejercicios 2023 y 2024 un coste cada vez mayor del mismo. Como puede comprobarse en las últimas columnas, en 2025, si la evolución de las licencias continúa al alza (al cierre de 2021 eran ya 61.300), el coste total del contrato podría suponer para las instituciones de la Abogacía casi 1.900.000 euros, 416.600 euros para los colegios y 1.457.000 euros para el CGAE. Sin duda, un desafío (o un torpedo) presupuestario para los organismos.

Nuevos conflictos

Todas estas medidas para aliviar el zarandeo que el mencionado contrato estaba provocando a las cuentas del CGAE, sin embargo, han planteado nuevos conflictos. El primero es el criterio para decidir qué colegiados mantienen o tienen acceso el paquete prémium (el Office 356 contratado con Telefónica y Microsoft) y quienes deben conformarse con el correo electrónico ordinario (el de Arsys); hay miembros del Consejo preocupados por esta distinción de derechos y cómo justificarla en caso de reclamación. El segundo es que no todos los colegios están de acuerdo con el modelo de cofinanciación planteado. De hecho, en el acta de abril figuran dos votos en contra (aunque se capa quiénes son sus autores): el de Alcalá de Henares y, según fuentes del pleno, el de Murcia.

Alcalá ha demandado al CGAE porque rechaza asumir los 22 euros de los colegiados ejercientes no residentes. El pleito está en curso

Ángel Llamas, decano del Colegio de Alcalá de Henares, explica en conversación con El Confidencial que su conflicto con el CGAE nace del criterio para dividir qué cuentas abona el CGAE y cuáles debe asumir la institución que él dirige. Según explica, el Consejo quiere asumir el pago de las licencias de los colegiados ejercientes y residentes, y le impone que sea el Colegio de Alcalá quien abone los 22 euros que cuestan las de los ejercientes no residentes. Se da la circunstancia, sin embargo, de que Alcalá de Henares tiene más ejercientes no residentes que ejercientes residentes, por lo que este criterio produce un agujero en el presupuesto del colegio que la junta que preside Llamas no está dispuesta a asumir, y menos cuando la decisión se ha adoptado en mitad del ejercicio, rompiendo sus previsiones financieras. Según Llamas, ha habido "imprevisión e improvisación" por parte del Consejo y el nuevo criteiro resulta "arbitrario". De ahí que interpusiera una demanda contra el CGAE, procedimiento que se encuentra ya en curso.

Otros colegios, como el de Alicante (ICALI), han optado, directamente, por pasar una nueva cuota a sus abogados, trasladándoles parte del coste a los profesionales de forma obligatoria (algunos de ellos señalan a este diario que desconocían que fuera a serles cobrado este recibo). En el caso de la ciudad levantina, la cuantía es de tres euros al trimestre, como puede comprobarse en el recibo adjunto.

placeholder Recibo de la cuota de correo electrónico del Colegio de Alicante (ICALI).
Recibo de la cuota de correo electrónico del Colegio de Alicante (ICALI).

Desde el CGAE, en una respuesta escrita remitida a este diario, se explica que, "hasta el año pasado, el servicio era asumido al completo por el Consejo, sin requerir de los Colegios ni de los colegiados una aportación adicional. A consecuencia del fuerte incremento del coste del servicio, el Consejo se ha visto obligado a plantear una fórmula de copago con los Colegios y cada uno de ellos establece la forma en que comparte el incremento del coste. No existe la obligación de reportar al Consejo la forma en que cada colegio realiza esta aportación, que difiere notablemente de un colegio a otro".

Consultado sobre el hecho de que, como en el caso de Alicante, los colegios incrementen las cuotas que los profesionales están obligados a abonar, el CGAE resta importancia a que se incremente el dinero que se obliga a pagar a los colegiados. "La repercusión es apenas perceptible en la cuota colegial", señala su respuesta. "Podemos estar hablando de dos euros al mes a sumar a una cuota que lleva sin actualizarse, en la mayoría de casos, decenios. Dos euros, a cambio de correo, amplio espacio de almacenamiento, sistemas de videoconferencia, de organización de trabajo en equipo, de mensajería directa… Todo ello permitió que la pandemia nos cogiera a los abogados preparados con las herramientas necesarias para poder seguir trabajando", sostienen fuentes de la institución. Es más que probable que muchos colegiados sí den valor a esos dos euros mensuales que de golpe han germinado en sus recibos, puesto que son ellos quienes los han generado.

Lo que el Consejo no explica, no obstante, es cómo se justifica la discriminación entre colegiados, pues no todos tienen acceso al mismo servicio dado que el número de licencias contratadas es limitado. Tampoco permiten conocer más detalles sobre lo acordado con Telefónica y Microsoft porque "el Consejo no publica sus contratos, ahora bien, las actas de los múltiples plenos en los que se trató la cuestión sí lo están" (siempre que no estén capadas, claro).

El CGAE resta importancia a que algunos colegios pasen una nueva cuota a sus abogados: "Son apenas dos euros al mes"

Según las actas hechas públicas tras la carta remitida por los decanos gallegos, no consta que el pleno del CGAE haya abordado la posibilidad, como solicitaban, de eliminar o reducir el "gasto tecnológico", suprimiendo o revisando el contrato con Telefónica y Microsoft. En todo caso, habrá que ver el impacto que tendrá en las futuras cuentas del CGAE un vínculo que compromete un volumen tan importante de recursos.

Esta nueva controversia en torno a los gastos del CGAE se suma a la relativa a las dietas y viajes, melón que también abrieron en su carta los decanos de Galicia. Una polémica que ayer se vio acrecentada después de que El Confidencial desvelara que el organismo destinó a esas partidas un total de 800.000 euros a pesar de que la mayor parte de los plenos y comisiones se celebraron de forma total o parcialmente telemática. Desde el Consejo, que guarda silencio desde que el martes este diario desvelara la carta de los decanos, no se dio ninguna explicación al respecto.

En la carta que los siete decanos de los Colegios de Galicia remitieron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a finales de abril, en la que advertían de la delicada situación financiera de la institución, no solo mostraban su preocupación por la falta de control en las partidas destinadas a dietas y viajes del presupuesto. Los firmantes también alertaban de los desequilibrios que estaba ocasionando en las cuentas el "gasto tecnológico" al que se ha comprometido el organismo, término con el que se referían al denominado 'contrato de correo electrónico', según consta en la documentación del Consejo.

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