El gran colapso de los tribunales por culpa del covid no está aún... pero se le espera

Desde que estalló la pandemia en nuestro país y se decretó el consecuente estado de alarma, muchas fueron las voces que alertaron de una eventual avalancha de litigios que colapsarían un sistema judicial ya de por sí muy congestionado. La paralización de la economía auguró un crecimiento de la conflictividad por los posibles despidos que se pudieran producir, los concursos de las empresas que no pudieran capear el temporal o las reclamaciones contra la Administración por las medidas de restricción. No obstante, estos presagios son, de momento, una amenaza que no termina de materializarse. De hecho, durante los últimos meses, los juzgados y tribunales españoles registraron una actividad similar e, incluso, menor a la experimentada en años anteriores.

"Entre los miembros de la judicatura, existía la sensación de que iban a entrar litigios en masa después del confinamiento, pero no ha sido así", revela Natalia Velilla, jueza de familia y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que confirma que todavía no se ha registrado un aumento significativo de los asuntos judiciales. Coincide con esta visión Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), que recuerda que, en un principio, se hablaba de que el colapso comenzaría en junio o julio del año pasado; "luego se dijo septiembre o principios de 2021, pero nada".

Del mismo modo, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial sobre la actividad judicial de la segunda mitad del año confirman esta estabilidad. Así, entre julio y septiembre de 2020, entraron en el conjunto de los tribunales (desde juzgados hasta el Supremo) un 0,78% menos de asuntos respecto al mismo periodo en el año anterior.

Del mismo modo, la tasa de litigiosidad (número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) fue prácticamente igual a la registrada durante el periodo de julio a diciembre de 2019. Por su parte, la congestión de los tribunales, que se obtiene al sumar los asuntos pendientes al inicio del periodo con los nuevos registrados dividido entre los que se han resuelto, aumentó ligeramente en apenas un 6%.

No obstante, tanto Velilla como Estévez matizan que no se trata de un error en las predicciones, sino que la avalancha simplemente se está retrasando. Esto se debe a varias razones. Una de ellas, señala la jueza, son las distintas normas aprobadas para evitar los litigios en las áreas donde se prevé una mayor conflictividad, como mercantil o laboral.

En el primer caso, destaca la moratoria para presentar concursos de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir de esa fecha, por tanto, empezaría a correr el plazo de dos meses en que las compañías con problemas financieros casi irreversibles pueden presentar las solicitudes. En el ámbito del trabajo, en cambio, destacan las prórrogas de los ERTE (y el consecuente compromiso de seis meses con el empleo) y la prohibición de los despidos por causas covid.

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Estas medidas, si bien ofrecen una solución temporal para las organizaciones, no resuelven el problema de fondo. En su lugar, actúan "como un parche, retrasando una realidad inevitable", lamenta la magistrada, que resume la situación de los últimos meses como la "calma chicha" que precede a la tempestad.

El coste de litigar

Otro de los motivos que explican el retraso de los conflictividad judicial es el económico. Muchos ciudadanos rechazan pleitear en determinadas situaciones porque exige un gasto que no todo el mundo puede asumir. Buen ejemplo de ello es la tendencia que han mostrado los procesos de divorcio. Mientras que durante los primeros meses de confinamiento los abogados de familia percibieron un aumento de las consultas por este motivo, "el número de asuntos ingresados fue el habitual", revela Velilla, que ejerce en un juzgado de familia en Getafe.

"Al fin y al cabo, para divorciarse hay que tener dinero", razona, y aclara que muchas parejas han visto reducidos sus ingresos al entrar en ERTE y no pueden asumir el coste que implica separarse (pensiones de alimentos si hay hijos de por medio, mantenimiento de dos casas, etcétera).

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En lo que respecta a la tipología de los conflictos en el ámbito de familia, Velilla revela una tendencia curiosa, y es que han aumentado las solicitudes de modificación de la guardia y custodia de menores en parejas ya divorciadas. "El cambio de paradigma en las empresas, propiciado por el teletrabajo y las reuniones 'online' sustituyendo a los viajes de negocio, ha hecho que muchos padres se replanteen el sistema de visita de sus hijos, y solicitan cambios para pasar más tiempo con ellos", confiesa.

Asimismo, han ascendido las solicitudes de reducción de pensiones de alimentos, en gran medida porque muchos padres han sido despedidos o están en ERTE, "por lo que la merma de sus ingresos les empuja a pedir una modificación a la baja".

En total, la jurisdicción civil registró 1.232.979 asuntos en la segunda mitad de 2020, lo que supone un incremento de casi un 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Laboral, la más castigada

La jurisdicción social es una de las que han registrado un incremento significativo de la conflictividad. Según los datos del CGPJ, en la segunda mitad de 2020 (de julio a diciembre) los tribunales registraron más de 225.000 asuntos, lo que supone casi un 5% respecto al mismo periodo de 2019. En lo que llevamos de 2021, esta área también ha estado en el foco de las previsiones de colapso, materializándose en varias quejas de letrados laboralistas que, conforme se fue retomando la actividad judicial tras el parón, recibieron señalamientos de juicios a varios años vista, alguno para 2025.

María Jesús del Barco, jueza y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (la que más jueces aglutina en España), considera que será el área que más litigiosidad generará en los próximos años. Principalmente, por la avalancha de despidos que vendrán al terminar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. Pero también por otros conflictos, como las posibles reclamaciones que se puedan producir contra el SEPE por las cantidades que no abone o las relacionadas con el ingreso mínimo vital.

En lo que respecta al área contencioso-administrativa, la magistrada indica que, aunque se auguraba un incremento de las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, la realidad es que apenas se han producido. "No están llegando, pero no descarto que lo hagan en un futuro próximo". Tampoco rechaza que la litigiosidad en esta jurisdicción aumente cuando, entre otras causas, "las propuestas de sanción por saltarse las restricciones de movilidad se conviertan en multas".

Por su parte, los asuntos penales experimentaron un descenso del 7% durante la segunda mitad del año pasado, en gran parte a causa del confinamiento domiciliario.

Procuradores, contra las cuerdas

Para Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, el relativo parón judicial tiene su explicación en la ralentización de la economía y las medidas restrictivas que se han adoptado para frenar el avance de la pandemia en nuestro país. "Al no haber circulación de ningún tipo, se han desplomado los pleitos relacionados con siniestros o reclamaciones a aerolíneas, que eran muy habituales", aclara. Este descenso de la litigiosidad, no obstante, tiene una consecuencia negativa para los procuradores, que ven reducida su actividad y, en consecuencia, sus ingresos. "Muchos profesionales ya han trasladado su preocupación al Consejo sobre la merma de su facturación", lamenta.

Opinión

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Ahora bien, Estévez espera que la actividad judicial remonte, "porque sería un síntoma de que la economía retoma su curso". Y aunque rechaza hacer predicciones en una "época tan cambiante y tan impredecible", lo ve un escenario plausible teniendo en cuenta el ritmo de la vacunación y la relajación de ciertas medidas de contención.