El 'cuotazo' sitúa la opacidad del CGAE en el centro de la campaña al Colegio de Madrid

La intención de subir las cuotas colegiales por parte del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha despertado el rechazo de numerosos letrados, que se han mostrado disconformes con la voluntad de la institución de incrementar el pago obligatorio al que están sometidos anualmente. Y, por otro, ha resucitado las críticas por la falta de transparencia en la gestión económica del organismo que preside Victoria Ortega. Han sido dos reacciones concatenadas: la irritación del cuotazo ha sido mayor, precisamente, por la opacidad del CGAE y la negativa a rendir cuentas sobre sus gastos y controvertidas decisiones financieras.

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Tras conocerse la noticia, desvelada el domingo por El Confidencial, todos los candidatos a las elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) del próximo 20 de diciembre mostraron su rechazo al cuotazo y demandaron al decano en funciones, José María Alonso, que frenara la medida o votara "no" en la comisión permanente del Consejo, para no condicionar el presupuesto de la próxima junta de gobierno. Tras la formulación del proyecto de presupuestos, la votación definitiva de las cuentas se producirá en el pleno del mes de diciembre.

Pero no solo eso. Además, la mayoría de ellos mostró su disconformidad con la gestión que está realizando la actual dirección del Consejo, con Victoria Ortega a la cabeza, en la que ni hay rendición de cuentas, ni se asumen responsabilidades por la delicada situación financiera que atraviesa la institución. Hay que recordar que, tras registrar pérdidas de 1,2 millones de euros en 2021, en los tres primeros trimestres de este ejercicio, el CGAE vuelve a estar en números rojos, con una desviación de casi un millón de euros.

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Las pérdidas acumuladas en el presente ejercicio, según se detalla en el acta del CGAE del pleno del mes de octubre, son de 967.319 euros, lo que supone una desviación del 10,6% respecto de lo presupuestado hasta la fecha. De dicha cantidad, 717.975 euros provienen del "gasto excepcional por el pago de la resolución al Ministerio de Justicia por el Convenio de Colaboración del Caso Gürtel", circunstancia que, según denunciaban ayer algunos profesionales en las redes sociales, nunca ha sido explicada por el CGAE. El origen de los otros 249.344 euros no se detallan, pero fuentes de la institución los atribuyen, en gran medida, a indemnizaciones por la resolución de contratos laborales.

"No es de recibo"

"En adelante, el ICAM, dado el esfuerzo hasta hoy de sus colegiados, ejercientes y no ejercientes, habrá de ser más vigilante en la gestión, incluida económica, que corporativamente se lleva a cabo en el seno del CGAE para evitar que se llegue a situaciones como la actual", expone en un comunicado Raúl Ochoa, quien señaló que "la abogacía madrileña, en modo alguno ha de contribuir con su esfuerzo a cuadrar las cuentas de un Consejo, como es de dominio público y confiamos que coyunturalmente, en dificultades financieras".

También muestra Ochoa su disconformidad con obligar a pagar cuota a las sociedades profesionales, al ser el Colegio de Madrid el que más integra en su seno, sin cobrarles cuota por ello. "No es de recibo que se exija un ingreso extra a la abogacía madrileña", reflexiona. "Es una pura cuestión de ética institucional, desde luego a mi modo de ver. La opacidad o, en todo caso, la falta de transparencia y la rendición de cuentas imperfecta son incompatibles con los principios que deben regir las actuaciones en una corporación de Derecho Público", como son tanto el Colegio de Madrid como el Consejo de la Abogacía.

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También con contundencia, Miguel Durán critica "el carácter netamente opaco" de las cuentas del CGAE y, en caso de ser elegido decano, asegura que exigirá "una inmediata auditoría de cuentas" en la institución y que la información económica esté a disposición de todos los abogados españoles. "Pero no como las cuentas del Gran Capitán, sino con una pormenorización al mínimo detalle", asevera. En opinión del candidato, antes de proceder a cualquier subida de cuotas, hay que radiografiar qué es lo que produce el déficit en el Consejo, bien sean "factores de posible mala gestión u otras cosas".

"Me resulta difícil de comprender cómo las jerarquías de este organismo no se dan cuenta de que, con este estado de cosas, están comprometiendo la existencia misma del Consejo, pues la abogacía empieza a hartarse. No solo hay gastos que reducir, sino que hay que revisar la persistencia de muchos de ellos. Sé que decir estas cosas me granjeará enemistades, oposiciones y quién sabe si también maniobras para dificultar aún más que los electores nos apoyen, pero lo que digo ahora lo seguiré diciendo", concluye Durán.

Miguel Durán: "Las jerarquías del Consejo no se dan cuenta de que están comprometiendo la existencia misma de la institución"

La propuesta de Durán es compartida por Ángeles Chinarro, quien cree que la situación de "déficit crónico" del CGAE "debe solventarse mediante una auditoría económica que elimine gastos superfluos". La institución, considera, "ha sido demasiados años un organismo opaco y la primera medida es tener una visión real de sus necesidades". Chinarro recuerda que el Informe 2/2014 de los servicios jurídicos del Consejo afirmaba que era "muy conveniente que, de forma voluntaria, los colegios profesionales realicen un ejercicio de transparencia que vaya más allá de las obligaciones legales", pero, "pese a ello, no predica con el ejemplo", asevera.

Entre las medidas que ALA lleva en su programa se encuentra la elección directa de la presidencia del CGAE mediante sufragio universal, libre y secreto de toda la abogacía, la aprobación de un reglamento de transparencia que eleve los estándares legales, y la publicación íntegra de las actas de reuniones del pleno, comisión permanente y otras comisiones, así como los anexos a las mismas.

"Democratizar" el Consejo

Begoña Trigo también pone de relieve una de las grandes críticas que suele hacerse al CGAE: que presidente no es elegido por el conjunto de la abogacía, sino por los decanos. "En nuestro programa proponemos democratizar el Consejo, votar directamente a sus miembros y fiscalizar sus cuentas. Es una institución de todos los abogados y no solo de los decanos", explica en declaraciones a este diario. La candidata afirma que es una obligación de la institución "ser más transparente", y así lo trasladará su junta de gobierno si se impone en los comicios, pues "es hiriente" pedir un esfuerzo sin informar de los gastos, las "polémicas dietas" o las circunstancias del piso que utiliza la presidenta. "Los abogados no están solo para pagar la cuota. Es urgente un cambio de ciclo; no puede continuar esa actuación opaca por parte del Consejo y, en particular, de su presidenta", manifiesta.

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Desde la candidatura de Eugenio Ribón evitan hacer valoraciones directas sobre la actuación del Consejo General de la Abogacía Española en relación con su gestión económica, pero señalan si ganan, pondrán en marcha medidas destinadas a "garantizar los más altos estándares de transparencia del colegio y de los órganos en que participa", lo que implica "dar información clara". En este sentido, aseguran que "harán lo posible" para que estos compromisos también se implanten en el CGAE. Entre las mismas figura crear un portal de transparencia unificado, en donde se publiquen todas las contrataciones y sus circunstancias (identidad del adjudicatario, objeto y duración del contrato e importe); la elaboración y suscripción de un código ético para todos los miembros de la junta de gobierno, empleados y colaboradores del ICAM, que regule las situaciones de conflicto de interés; y la elaboración de una auditoría laboral, contable y de servicios para detectar puntos de mejora en cada ejercicio.

Finalmente, Juango Ospina, también sin pronunciarse expresamente sobre el CGAE, subraya que su candidatura y programa "abogan por la máxima transparencia como uno de los pilares de regeneración institucional, el buen gobierno corporativo y la buena gestión patrimonial que demanda la abogacía madrileña", y reitera su compromiso de informar de forma detallada de todas las partidas de gasto.

Al cierre de esta edición, y a pesar de ser también invitada a valorar la cuestión, Beatriz Saura no habría realizado comentario alguno en relación con la cuestión.