El Consejo de la Abogacía incumple sus propios compromisos en transparencia

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) incumple sus propios compromisos en materia de transparencia. En un acuerdo suscrito con Transparencia Internacional en 2014, el organismo adquirió una serie de compromisos, entre los que figura explicar el sistema de control de gastos relacionados con la actividad protocolaria, los viajes y otros gastos de los consejeros. A día de hoy, sin embargo, la institución no facilita esta información. En los documentos públicos sobre sus cuentas, el CGAE da cifras generales sobre las partidas destinadas a 'Dietas' y 'Desplazamientos', pero no desglosa los conceptos concretos de cada gasto.

El convenio (que puede consultar en este enlace) se firmó el 10 de diciembre de 2014, poco después de aprobarse en España la Ley sobre Transparencia. Como recoge el texto, el objetivo de ambas instituciones era lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de las corporaciones de derecho público "y garantizar el cumplimiento del principio de rendición de cuentas". Fue suscrito por el entonces presidente del organismo, Carlos Carnicer, y por Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España hasta 2019, cuando fue relevado por Silvina Bacigalupo. En el acto también estuvo presente Victoria Ortega, que en esa época ocupaba el cargo de secretaria general.

En el texto, el Consejo adquiere una serie de compromisos, entre los que figura prestar "información comprensible sobre el destino del gasto y los niveles de ejecución". Asimismo, manifiesta su interés en consolidar una política de transparencia en su funcionamiento y hacer de este principio un eje fundamental de su actividad. Por último, expresa su deseo de convertirse en un "modelo de gestión de transparencia para otras organizaciones de derecho público". De hecho, en el acuerdo, la entidad opina que puede desempeñar un "papel relevante" a la hora de impulsar el cumplimiento de estas obligaciones entre los colegios de abogados, "particularmente en los de menor tamaño".

El convenio tenía una vigencia de dos años, que podían prorrogarse si así lo decidían ambas partes. En enero de 2016, sin embargo, la dirección del CGAE cambió y Ortega pasó a presidir el organismo después de ganar las elecciones con el apoyo de 47 de los 83 decanos. La nueva directiva nunca llegó a renovar el acuerdo con Transparencia Internacional, por lo que, en diciembre de ese año, el texto quedó obsoleto. El Confidencial se ha puesto en contacto con el Consejo de la Abogacía para conocer los motivos de esta decisión, pero no ha obtenido respuesta.

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Desde Transparencia Internacional, por su parte, concretan que, tras los dos años de vigencia, se optó por no renovarlo al descubrir que no se había avanzado sustancialmente en mayores resultados más allá de las obligaciones fijadas por la ley de transparencia. Sobre los compromisos concretos que se incluían en el acuerdo, desde la institución indican que el CGAE no publica el desglose del sistema de control de gastos "ni tampoco se detecta un grado de detalle suficiente en relación con la utilización de información comprensible sobre el destino del gasto en cuanto al presupuesto".

A pesar de que el acuerdo ya no esté vigente, la institución sigue estando sujeta a ciertas obligaciones legales en materia de transparencia. Estas vienen recogidas en dos normativas: la Ley sobre Colegios Profesionales —bajo la cual se rige el Consejo— y el Estatuto de la Abogacía, que en su artículo 74 determina que todos los colegios de la abogacía (entre los que se incluye el CGAE, como así lo concreta la normativa en su artículo 2) "están sujetos al principio de transparencia y responsabilidad en su gestión".

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En esta línea, ambas normativas obligan a estas entidades a elaborar anualmente una memoria que contenga, entre otra información, un informe de gestión económica, "incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo". Asimismo, les instan a publicar el importe de las cuotas desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

En los presupuestos que publica trimestralmente, la institución incluye dos páginas dedicadas a los gastos, pero no detalla cuáles son las retribuciones de los miembros de la junta. Tampoco concreta a qué conceptos hacen referencia los gastos de personal o las dietas. En los documentos, se limitan a mencionar las cuantías que han sido destinadas a la presidencia, al pleno o a la comisión permanente, pero no especifican el motivo de esos cargos.

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Los interrogantes sobre el compromiso del CGAE con el principio de transparencia por el que se rige se suman a las informaciones publicadas por este diario en la última semana. El pasado martes, El Confidencial desveló el contenido de una carta remitida por los siete decanos de Galicia al Consejo en la que, preocupados por la situación financiera de la institución, demandaban una revisión del número de comisiones, subcomisiones y eventos, así como de sus miembros. Tras ello, se reveló que la institución había gastado 800.000 euros en concepto de dietas y viajes en 2020, el año del confinamiento. Días más tarde, se publicaron las cifras del contrato de correo electrónico suscrito con Telefónica y Microsoft, que provoca un agujero de 1,4 millones de euros anuales del presupuesto. Por último, este pasado martes salió a la luz el contrato de alquiler del piso de Ortega en Madrid, que paga el Consejo y cuyo propietario es el decano de Ciudad Real.

Hasta el momento, desde el Consejo de la Abogacía no se ha dado ninguna explicación sobre los hechos desvelados. Tampoco ningún decano ha manifestado su parecer, a pesar de la indignación mostrada por muchos abogados en redes sociales tras conocer las informaciones reveladas por El Confidencial.