El Consejo de la Abogacía se enroca y rechaza informar sobre las dietas, el piso o el 'e-mail'

Ni un paso adelante en materia de transparencia. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se enroca y rechaza dar información para aclarar la polémica sobre la aplicación de su sistema de dietas y gastos de viaje; el controvertido contrato de correo electrónico, y el piso que la institución arrienda para su presidenta, Victoria Ortega, al decano de Ciudad Real, Cipriano Arteche, a cargo de los presupuestos del organismo. La posición del CGAE es que los tres asuntos, destapados por El Confidencial el pasado mes de julio, son cuestiones de "carácter privado" sobre los que la Ley de Transparencia no les obliga a rendir cuentas.

Así consta en la respuesta del Consejo a una petición de transparencia registrada a finales de agosto por un grupo de abogados liderados por el exdecano de Colegio de Cartagena José Muelas. En su solicitud, los letrados reclamaban que el organismo ofreciera información respecto de 15 puntos. Entre otros extremos, demandaban conocer los contratos suscritos por el CGAE con empresas proveedoras del servicio de correo electrónico; las cantidades de dinero abonadas a los consejeros en concepto de dietas y viajes desde 2016 —cuando Ortega fue elegida presidenta— hasta la actualidad, y el contrato de alquiler suscrito entre el Consejo y la sociedad que administra Arteche, a nombre de la cual está inscrito el piso que ocupa la presidenta. Todas las peticiones, sin embargo, han pinchado en hueso.

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En la argumentación jurídica del escrito que firma José Antonio Perales, secretario general técnico del CGAE, se expone que los contratos de 'e-mail' tienen "carácter privado" y, por tanto, "no [están] sujetos al derecho administrativo", por lo que "quedarían fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia". El artículo 2 de la norma incluye entre los sujetos obligados a las corporaciones de derecho público (como son los colegios profesionales y los consejos), pero solo en lo relativo a sus actividades sometidas al ámbito del derecho administrativo. Según el CGAE, de acuerdo con las propias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la delimitación de lo que se consideran funciones públicas y privadas de las corporaciones de derecho público, "no procede facilitar esta información colegial ni como publicidad activa, ni tampoco a través del derecho de acceso".

Asimismo, el Consejo de la Abogacía expresa que la publicidad de la documentación solicitada podría vulnerar sus "intereses económicos y comerciales", uno de las circunstancias que permiten limitar el derecho de acceso, según el artículo 14 de la Ley de Transparencia. De hacerse públicos los contratos, asevera su escrito, podría perjudicarse "la posición en el mercado" del Consejo o interferir "en sus posiciones negociadoras en el ámbito económico", así como podrían vulnerarse las "cláusulas expresas de confidencialidad" incluidas en los mismos.

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Finalmente, en relación con los contratos de correo electrónico, el organismo razona que "actualmente" se encuentra en tramitación un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, tras la demanda interpuesta por el Colegio de Alcalá de Henares contra el Consejo, y facilitar los documentos requeridos podría suponer "un perjuicio para la igualdad efectiva de las partes" en dicho proceso, otro de los límites contenidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia al derecho de acceso. Según el CGAE, "si el contenido de estos escritos puede ser objeto de debate público, las críticas vertidas frente a los mismos, más allá de su verdadero alcance jurídico, podrían influir en la posición defendida por las instituciones afectadas ante el TSJ de Madrid".

Portazo sobre el piso y las dietas

Los reclamantes de transparencia obtienen la misma respuesta en relación con su requerimiento sobre el contrato de alquiler entre el CGAE y la sociedad de Cipriano Arteche, que establece el arrendamiento del piso en la calle Prim de Madrid que ocupa Victoria Ortega. Según la respuesta del Consejo, se trata de "un contrato de carácter privado", por lo que "quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia".

En relación con las dietas, el Consejo General de la Abogacía también se niega a publicitar las cuantías abonadas a cada uno de los consejeros desde 2016. Ante dicha petición, el texto afirma que "la presidencia del CGAE, así como la vicepresidencia, secretaría general, tesorero y cargos similares son cargos que se desempeñan de forma gratuita, y por lo tanto no tienen derecho a retribución de ningún tipo". De este modo, al no entrar "en el concepto estrictamente necesario de retribuciones"n las dietas por asistencia, los gastos de desplazamiento, el kilometraje y el transporte son cuantías que "no puede concluirse que se consideren una actividad [la de los cargos del CGAE] sujeta a derecho administrativo". Y, sin dicha sujeción, no hay obligación de transparencia, razona el escrito.

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El Consejo, sin embargo, sí realiza una pequeña concesión a los reclamantes, al revelar el sistema general de las dietas en su respuesta, aprobado en el pleno de la institución del 12 de diciembre de 2008. Un modelo que, según el organismo, se ha aplicado "desde el año 2009 a la actualidad". En el Régimen General de Dietas y Gastos de Asistencia, se fija que "con carácter general, las cantidades y límites máximos que, respectivamente, se establecen en concepto de dietas y gastos de desplazamientos por asistencia a comisiones y órganos de gobierno del CGAE son los siguientes: 301 euros / día en concepto de dietas; 0,19 euros / kilómetro en concepto de kilometraje, y 150 euros / noche por alojamiento. El transporte se hará en clase turista". El modelo se completa con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de Régimen Interior del CGAE, que establece que "solo podrán percibirse dietas por la pertenencia a un máximo de dos comisiones ordinarias o subcomisiones de adscripción voluntaria".

Lo que se niega a trasladar el máximo órgano de la abogacía institucional es el concreto detalle de reparto de las dietas o si existen excepciones al régimen general que se establece en la norma mencionada —es decir, si todos los consejeros cobran una única dieta por desplazamiento o existen casos en los que lo que se cobra es más—. Tampoco especifican cómo se ha compensado desde la pandemia la asistencia a reuniones telemáticas, cuestión sobre la que desde el organismo se han dado respuestas contradictorias y que no siempre cuadran con el gasto efectivamente realizado. Sin todos estos detalles, el sistema resulta imposible de fiscalizar a efectos de evaluar la correcta asignación del gasto del CGAE.

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Por último, la respuesta que firma José Antonio Perales concluye denunciando el "carácter abusivo" de la petición y aseverando que la misma "no [está] justificada con la finalidad de transparencia de la ley", por lo que es "contraria al ordenamiento jurídico". En esta línea, el escrito se queja de la "falta clara de motivación" de los reclamantes —ello, a pesar de que la ley establece que la ausencia de motivación "no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud"— y les acusa de promover este tipo de escritos "en atención a intentar desprestigiar el desempeño del trabajo y funcionamiento de esta institución".

Una mecha prendida por los decanos de Galicia

La controversia en relación con estas partidas surgió cuando, a mediados de julio, este diario desveló una carta firmada por los siete decanos de Galicia en la que cuestionaban el gasto en dietas y viajes del Consejo, y demandaban "eliminar o, subsidiariamente, reducir" el coste del contrato de correo electrónico. Era la primera vez que, por escrito y de forma semipública, un grupo de consejeros alzaba la voz contra la gestión de los gastos en el seno del máximo órgano de representación de la abogacía.

En la misiva, sus firmantes expresaban su preocupación por los malos resultados económicos del CGAE —que en 2021 registró unas pérdidas contables de 1.253.095 euros— y reclamaban, para aliviar la partida de dietas y viajes, reducir el número de comisiones y subcomisiones, y sus miembros. También criticaban la existencia de "convocatorias innecesarias" o reiteradas de las mismas, así como la celebración de eventos que, en muchas ocasiones, "tan solo sirven para confraternizar, generalmente siempre [con] los mismos asistentes". Según los presupuestos del CGAE, la partida en dietas y viajes para el presente ejercicio será de 1.213.287 euros (720.028 euros correspondientes a dietas y 493.259 euros a desplazamientos), lo que representa un 10,11% del total de la institución. Hay que recordar que la principal fuente de financiación del Consejo son las cuotas obligatorias de los colegiados, de las cuales se destinan 39,17 euros anuales a financiar la institución.

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A pesar de la consulta de El Confidencial, el CGAE se negó a hacer público el sistema de reparto de dietas y gastos de viaje. Tampoco explicó cómo pudo ser que en el ejercicio 2020, durante lo peor del covid, los consejeros se distribuyeran 800.000 euros en estos conceptos, a pesar de que gran parte de las reuniones durante esos meses se celebraron de forma telemática. En ese año, la partida prevista para dietas se repartió al 98% y las compensaciones correspondientes a las reuniones del pleno del organismo se dispararon un 65%.

El contrato de correo electrónico, como desveló este diario, está suscrito con Telefónica-Microsoft y, para el presente ejercicio, va a suponer un desembolso al CGAE de 1.429.456 euros, casi un 12% del presupuesto total del organismo. Este acuerdo no solo está desangrando las cuentas del Consejo, sino que también ha generado importantes conflictos con algunos consejeros. De hecho, El Confidencial avanzó que existe un pleito abierto entre el CGAE y el Colegio de Alcalá de Henares, extremo que la respuesta firmada por Perales confirma. La razón de este litigio es que la institución que preside Ortega, al ver que el contrato ahogaba su situación financiera, planteó el copago con los colegios, algo a lo que Alcalá se opuso. Todo indica, para más 'inri', que el problema presupuestario del 'e-mail' irá a más pues, de acuerdo con la documentación interna del CGAE, este servicio puede alcanzar los casi 1.900.000 euros en 2025.

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Finalmente, el último punto de la controversia es el piso que el CGAE arrienda a Lilium Arrendamientos SL, sociedad administrada por Cipriano Arteche, decano de Ciudad Real, para el uso de Victoria Ortega. Este privilegio, además de ser una prebenda desconocida para gran parte de la abogacía española y parte incluso del Consejo, plantea problemas de gobernanza y de conflicto de interés. En primer lugar, por el propio contrato de alquiler, pues no consta que se haya otorgado tras un proceso en el que se presentaran varias ofertas. Y, en segundo término, porque Arteche es consejero en activo y, por tanto, vota el cargo de presidente y las propuestas de presidencia, función que ahora ocupa su inquilina, lo que produce una clara confusión de los intereses públicos y privados.

"Se quitan la careta"

El exdecano del Colegio de Cartagena e impulsor de la solicitud de transparencia, José Muelas, afirma que con su respuesta la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, "se quita la careta". "Se le ha preguntado qué hace con el dinero que recibe de los abogados y su contestación es que, salvo que la obligue un juez porque pierda un pleito, no lo va a decir", subraya; "esto ya nos dice qué es lo que el Consejo General de la Abogacía Española entiende por transparencia". En opinión de Muelas, es incomprensible que los consejeros tengan asimilado que no tienen ningún deber de rendición respecto de los colegiados. "Es que, aunque estuvieran amparados por la ley, que es discutible, es muy llamativo que se escondan tras esa barricada para no dar información a los abogados".

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Muelas, asimismo, cree que "la conducta de la presidenta siembra de sospecha la actuación del resto de decanos y consejeros", un perjuicio que, sin embargo, "no tendrían por qué soportar, pero ellos han elegido un concepto extraño de lealtad". El exdecano de Cartagena incide en que la mayoría de los decanos y consejeros "apenas reciben una mínima cantidad por su trabajo", no obstante, les reprocha que guarden silencio pues "de la lealtad mal entendida a la 'omertá' hay una línea muy estrecha".

La batalla por la transparencia, indica, no se termina aquí. En relación con las dietas y los gastos de viaje, el colectivo de letrados que presentó la petición de información ante el CGAE acudirá ahora al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, expone Muelas. Cuestión distinta, matiza, son los contratos de 'e-mail', que, por las cuantías implicadas y las graves consecuencias legales que, en su opinión, puede tener este conflicto, van a requerir un estudio jurídico en mayor profundidad, explica, sin descartar la vía judicial.