El liderazgo de Ribón y la ausencia de Victoria Ortega en la protesta agrietan la abogacía

"Abogacía unida" rezaban algunas de las pancartas exhibidas durante la manifestación del turno de oficio celebrada el pasado jueves. También el hashtag principal difundido por los organizadores y participantes en redes sociales durante la jornada, que compartió protagonismo con otras consignas como "No somos esclavos", "Marea negra" y "Es nuestro turno". Sin embargo, la movilización —percibida como un éxito por parte de todos los intervinientes y muchos abogados que, aunque no pudieron estar, la apoyaron en la distancia— ha mostrado importantes grietas en la profesión y, sobre todo, en las instituciones que la representan. El runrún venía de lejos, pero la celebración de la marcha ha elevado la tensión.

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Los focos de conflicto son, principalmente, dos. En primer lugar, el liderazgo nacional asumido por el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, quien desde el comienzo se puso del lado de las asociaciones y sindicatos convocantes, difundiendo e impulsando la protesta y poniendo a disposición de los manifestantes —muchos de ellos venidos desde otras ciudades de España— la sede y los recursos de la institución que dirige. "El 27 de abril el ICAM será, más que nunca, la casa de la abogacía, la casa de todos", afirmaba uno de los carteles promocionales difundidos por el colegio, un mensaje que escoció a la cúpula del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), siempre recelosa de que Madrid adquiera o acapare un papel excesivo que eclipse o confronte con su función de órgano representativo del conjunto de los colegios y los abogados.

A pesar de las críticas y presiones recibidas por los decanos más pro-CGAE y desde el propio Consejo, Ribón ha mantenido hasta el final su papel de líder nacional in pectore de la abogacía, siendo la cabeza más visible de la manifestación que desembocó a las puertas del Congreso de los Diputados. Una actitud diversos integrantes del CGAE describen como "populista". "Quienes formamos parte de las instituciones no podemos salir a la calle, y mucho menos con la toga, como si fuéramos sindicalistas", asevera una de las fuentes consultadas, que subraya que las negociaciones no se ganan "dando patadas a los contenedores". La relación entre Ribón y Ortega, coinciden, es "correcta", pero no va más allá. No han ayudado a generar complicidad los primeros pasos dados por el decano de Madrid, que indican que no está dispuesto a aceptar la docilidad que exige la presidenta, quien dirige el organismo de forma muy personalista y castigando con el ostracismo cualquier atisbo de disidencia. Lo que pasa es que Madrid, con 70.000 colegiados, un tercio del total en el país, es mucho Madrid. Y tanto Ribón como Ortega lo saben.

El CGAE guarda silencio

La segunda controversia, más explícita por las críticas vertidas por muchos letrados en redes sociales en las últimas horas, es la postura del CGAE, que ha preferido mantenerse al margen y guardar silencio sobre la manifestación. Ningún atisbo de apoyo, ni siquiera indirecto, a la protesta. Una posición evidenciada por la ausencia de Ortega en la marcha, así como de cualquier mención pública a favor de la misma. Silencio oficial a pesar de que el Consejo admite la crítica situación del turno de oficio. La única concesión, en un mensaje de Twitter de la propia Ortega, ha sido remitir a discutir el futuro del turno de oficio en el congreso nacional que se celebrará la semana que viene en Tarragona. "Todo cuanto nos atañe y preocupa, a debate en el XIII Congreso de la Abogacía. También la AJG [asistencia jurídica gratuita] y el TO [turno de oficio], cuyas mejoras que reclamamos urgen", afirmaba en su tuit. Una referencia que, a la vista de las respuestas, muchos abogados han considerado insuficiente o, incluso, irritante.

Tras la consulta de El Confidencial, fuentes oficiales del CGAE rechazan hacer ninguna valoración sobre la manifestación, ni tampoco explicar por qué el organismo no envió ningún representante a la protesta. Tan solo remiten al comunicado que el pasado 5 de abril emitió la institución en el que demandaba un gran pacto de estado por la justicia gratuita y el turno de oficio, y recuerdan que las asociaciones convocantes de la protesta "han sido invitados a participar en el congreso y miembros de algunas de ellas han formulado sus comunicaciones".

Extraoficialmente, otras fuentes detallan que son numerosos los decanos que rechazan sumarse a unas marchas que no han sido convocadas por los colegios, sino por asociaciones y sindicatos. Eso sería tanto como renunciar al poder que institucionalmente tienen reconocido, en favor de colectivos que no representan de forma mayoritaria a la profesión, señalan. Otros decanos, asimismo, desconfían de las asociaciones convocantes, a muchas de las cuales atribuyen fines políticos y voluntad de atacar a la abogacía institucional, escondiéndose tras las reivindicaciones del turno de oficio. En este sentido, la actitud de decanos como Eugenio Ribón, Ángel Méndez (Cartagena) o Ángel José Cervantes (Toledo), o el exdecano de Málaga, Francisco Javier Lara, no solo presentes en la manifestación, sino deslizando críticas al CGAE, ha levantado algunas ampollas.

"Siempre donde hay que estar", tuiteó Méndez desde la manifestación, dejando en evidencia a los ausentes. Aunque más explícita fue la crítica al CGAE del Colegio de Toledo, que proclamaba: "No debemos ponernos de lado y no lo haremos nunca! La @Abogacía_es [nombre de la cuenta del CGAE] debe estar al frente de las reivindicaciones". Unos mensajes que se sumaron a los de muchos otros letrados que mostraron su rechazo por la falta de apoyo del Consejo y la ausencia de su presidenta en la marcha.

En todo este debate, incluso los integrantes del Pleno del CGAE, señalan que la posición de Victoria Ortega es un misterio. Quienes la conocen, señalan que es una gran gestora de las situaciones difíciles, sorteando con habilidad las presiones para adoptar una postura que la comprometa —para exasperación de algunos decanos, todo sea dicho—. Prueba de ello, según relata un asistente al pleno telemático que se celebró a comienzos de abril y en el que se debatió qué postura adoptar de cara a la manifestación, es lo que sucedió al finalizar el encuentro. Tras haber escuchado la postura de los promanifestación y antimanifestación sin esbozar crítica ni mostrar apoyo explícito a ninguna de las dos partes, y cuando se había dado por concluida la reunión online, un decano, pensando que tenía el micrófono cerrado, exclamó: "¡Manda cojones, es que Vicky [por Victoria] nunca se moja!", exabrupto que pudieron escuchar todos los que aún no habían cerrado la sesión de su ordenador.

Los cercanos a Ortega defienden su actitud y señalan, como prueba del error de los decanos más beligerantes, que el Colegio de Barcelona —habitualmente, más cercano a los postulados de Madrid que a los de la cúpula del CGAE— se ha desmarcado de la manifestación. Además, critican que los colegios que han azuzado la protesta hayan permitido que se haya presentado a los reacios a la misma como enemigos del turno de oficio. "Han logrado que cale el mensaje de 'El que no haga como Madrid, es que va en contra de las reivindicaciones del turno', y eso no es justo porque no representa lo que piensan realmente el resto de decanos", explican. La división es profunda, aunque tampoco se prevé que la sangre llegue al río. Ribón no quiere un enfrentamiento abierto con el orteguismo, y la presidenta sabe que las quejas acabarán diluyéndose en cuanto arranque, el próximo miércoles, un congreso diseñado para mayor gloria del CGAE, sin cuestiones polémicas ni voces discordantes que alteren la paz de la cita.

¿Qué papel deben jugar las instituciones?

En cualquier caso, las actitudes contrapuestas del decano de Madrid y la presidenta del CGAE señalan un debate interesante sobre el papel que deben jugar las instituciones de la abogacía en las reivindicaciones de los profesionales. Mientras desde el Consejo siempre han optado por minimizar el ruido, mantener un enfoque marcadamente institucional y la discreción —u opacidad, según a quién se le pregunte— en sus conversaciones con el resto de actores, la nueva dirección del ICAM opina que ambos frentes, calle y despachos, no son incompatibles. Es decir, no hay por qué elegir entre negociar al más alto nivel y acompañar a los profesionales de a pie en sus protestas cuando sean justas; más bien al contrario, dar la batalla en ambos frentes puede ser, incluso, más efectivo. La del jueves puede ser la primera de muchas, a la vista de la situación de la Justicia y la profesión.

A esa diferencia de enfoque entre CGAE e ICAM hay que sumar el temor que despierta el que Madrid "vaya por libre". En la práctica, el colegio de la capital es una institución mucho más poderosa que el Consejo —triplica su presupuesto y aporta un tercio del total de los colegiados—, de ahí que la cúpula del órgano nacional y muchos otros decanos reaccionen a la defensiva cuando consideran que el ICAM impulsa alguna iniciativa ignorando al resto de colegios. Por ello, no fueron pocos los que interpretaron que Ribón reivindicaba su autonomía cuando parafraseaba la canción de Pa Madrid de El Barrio ("Sí, sí, Madrid... y sin remordimientos... nos vamos a Madrid") en uno de sus tuits invitando a participar en la manifestación del pasado jueves.

Es relevante destacar, no obstante, que en relación con la justicia gratuita y el turno de oficio, como subrayan desde el CGAE, que su interlocutor, el Ministerio de Justicia, solo tiene competencias en cinco comunidades. En las otras 12, son los gobiernos autonómicos quienes la ejercen, por lo que el diálogo debe ser pilotado por los consejos autonómicos.