Turno de oficio obligatorio: lo que se esconde detrás de la decisión del Colegio de Huesca

Hace un par de semanas, el Colegio de Abogados de Huesca dictó una orden en la que informaba a sus colegiados de que el servicio de guardia de violencia sobre la mujer iba a ser obligatorio. En el texto, el organismo justificó su decisión en la falta de profesionales suficientes para cubrir este trabajo en dos partidos judiciales, el de Jaca (con cinco inscritos) y el de Barbastro y Boltaña (con un solo voluntario). Ante la ausencia de voluntarios, por tanto, los abogados residentes en estas demarcaciones pasarán a atender estos asuntos de manera forzosa.

La noticia ha generado cierto revuelo en el sector y muchos abogados no han tardado en alzar la voz para criticar una medida que tachan de dictatorial. Lamentan que desde las instituciones se fuerce a los colegiados a formar parte de un turno de oficio precario que exige prestar un servicio a cambio de una retribución insignificante. Consideran que la imposición de trabajar, unida a los bajos precios con que se compensa a los letrados, no es más que una "forma moderna de esclavitud" que de ningún modo puede ser aceptada en pleno siglo XXI.

Uno de estos profesionales es Isidro Moreno, vocal y expresidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). "Es muy poco razonable que se obligue a trabajar a un colectivo. Es cierto que es un servicio esencial, pero también lo son el servicio público sanitario, la seguridad o la judicatura, y ningún miembro de estos cuerpos es obligado a prestarlos", subraya. En su opinión, desde las administraciones se aprovechan del carácter vocacional que tiene la profesión de la abogacía para justificar la imposición de la pertenencia al turno. Un argumento que Moreno descarta de pleno. "Que creas en el carácter de servicio público de la profesión no significa que te puedan tomar el pelo", asevera.

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En la misma línea, señala que una medida de estas características es perjudicial para la propia ciudadanía, ya que se fuerza a los colegiados a prestar un servicio para el que quizá no cuentan con experiencia. "Imaginemos que no hay suficientes cardiólogos en un hospital y ponen a todos los médicos a cubrir este servicio. Aquí ocurre lo mismo, no es razonable que un abogado laboralista tenga que defender a una víctima de violencia de género si no lo ha hecho nunca", resume.

Más allá de estas críticas, desde el sindicato de abogados Venia, ya han anunciado que recurrirán la orden ante los tribuales. En su comunicado, indican que la decisión atenta contra los intereses de los letrados y anuncian que reclamarán a la Administración que aumente los recursos de forma urgente para corregir la precariedad existente en esos partidos judiciales.

Falta de abogados en la España vaciada

Frente a estos argumentos, se encuentran un buen número de abogados más prácticos que, a pesar de no respaldar la medida, reconocen que es un buen parche para supuestos extremos en los que, como ocurre en Huesca, no hay voluntarios suficientes para cubrir los servicios mínimos de asistencia jurídica gratuita. De hecho, no es la primera vez que un colegio se ve obligado a tomar una medida de este calibre. "Es algo habitual en los partidos judiciales de la España vaciada, como Burgos, Soria o Extremadura, donde hay pocos voluntarios y, además, los partidos judiciales cubren zonas bastante amplias. También en las islas tienen muchos problemas de este tipo", revelan desde Altodo.

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Un buen ejemplo de esta problemática es la experiencia de Jesús Manuel Rodríguez. "Yo ejerzo en Soria, somos 40 para toda la provincia y muchas veces no llegamos. Aunque estemos dos de guardia, la zona es muy amplia y es muy difícil llegar a todo", describe. En su opinión, obligar a los colegiados a inscribirse es una decisión válida, aunque solo como último recurso. "Lo que no puede ser es que un único compañero esté solo cubriendo todo su territorio sin poder dedicar tiempo a sus asuntos, que son los que le dan de comer", asevera.

De una opinión similar es Ana Isabel Pajares, letrada en Cáceres. "Entiendo que se llegue a estos extremos porque es una obligación constitucional de los colegios. ¿A nosotros nos viene mal? Claro, pero lo que no puede ocurrir es que se deje al justiciable sin su derecho a la defensa", defiende. Ahora bien, subraya que antes de llegar a ese punto, desde la Administración se deberían impulsar mejoras de las condiciones, ya no solo para esquivar una falta puntual de voluntarios, sino para poner fin al goteo constante de letrados que se dan de baja del turno.

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"Hay una tendencia a abandonar este servicio a causa de la precariedad. En violencia de género, por ejemplo, los casos son complejos, largos y están muy mal remunerados", señala. En concreto, a lo largo de 2021 se dieron de baja cerca de 1.700 profesionales, lo que supuso un descenso del 3,5%, de acuerdo con el XVI informe del Observatorio de la Justicia gratuita, un estudio elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Wolters Kluwer.

En este sentido, la abogada Mª Ángeles Jiménez propone otra solución adicional, y es permitir que abogados de otros partidos judiciales o, incluso, provincias se inscriban como voluntarios en el turno de oficio de aquellas zonas propensas a sufrir carencias de personal. Esta medida, sin embargo, podría encontrar resistencias por parte de los jueces. En septiembre de este año, de hecho, la Audiencia Nacional dio la razón al Colegio de Abogados de Lorca y determinó que las instituciones podían imponer limitaciones geográficas de acceso a este servicio.

Un mandato constitucional

La configuración de este derecho como un servicio obligatorio no solo para el Estado, sino también para los colegios, fue introducida en 2017 en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En su momento, Altodo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma al entender que vulneraba varios derechos (el de tutela judicial efectiva y el de la libre elección de profesión u oficio, y a percibir por ella una remuneración suficiente y razonable, entre otros), pero el TC desoyó las críticas y desestimó el caso.

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Precisamente esa obligación constitucional es lo que llevó al Colegio de Abogados de Huesca a tomar la decisión extrema de imponer las guardias como obligatorias. "Intentamos todas las alternativas posibles, pero finalmente no nos ha quedado otra que exigirlo. No tenemos más opciones como colegio, estamos obligados por ley a prestar el servicio", explica a El Confidencial Ana Isabel Soria, decana del organismo, que matiza que los abogados podrán optar a la dispensa siempre y cuando lo justifiquen. En todo caso, subraya, todos los que estén finalmente obligados a prestar el servicio contarán con la formación correspondiente.