El turno de oficio y Ribón evidencian el ensimismamiento del CGAE

La abogacía atraviesa un momento convulso. A las continuas huelgas que amenazan con colapsar la administración de justicia se les une un malestar creciente de gran parte del colectivo, que entona cada vez con más fuerza sus históricas reivindicaciones —turno de oficio, conciliación, protección ante los abusos…—. No obstante, estas cuestiones apenas tuvieron un protagonismo relevante en el último congreso de la abogacía, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y celebrado estos días en Tarragona.

El evento, celebrado entre el 3 y 5 de mayo y que ha culminado con 44 conclusiones que se incluirán en un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Derecho de Defensa (actualmente en trámite parlamentario), incluyó numerosas ponencias durante las cuales los asistentes debatieron de diversos temas de interés para la profesión, como secreto profesional, nuevas tecnologías, deontología o formación y turno de oficio. Ahora bien, esta cuestión no estaba prevista en la programación inicial del congreso, sino que fue añadida a última hora.

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En un inicio, la organización del congreso incluyó las cuestiones relacionadas con el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita diluidas dentro de una ponencia llamada 'Defensa de los derechos y libertades hoy', impartida por Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez. Sin embargo, apenas dos días antes de comenzar el congreso, las asociaciones que iban a dirigir este debate recibieron un mensaje del CGAE en el que les informaba que iban a separar esta cuestión para convertirla en una intervención aparte, pero no se les especificó la relevancia que iba a tener o cómo se iba a estructurar hasta el mismo día que dio comienzo el Congreso, apenas unas horas antes del acto de inauguración.

A pesar de las quejas que trasmitieron a la organización por la falta de información, el lunes el programa fue modificado para incluir una ponencia bautizada como Grupo de trabajo de Justicia Gratuita y votaciones, planificada para el viernes de 16 de la tarde a 20 de la noche; justo antes de la clausura. Una decisión que, según varias fuentes consultadas por este medio, nació como respuesta al éxito de la manifestación del 27 de abril para reivindicar una mejora de las condiciones del turno de oficio, respaldada ampliamente por la cúpula del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y, en concreto, de su decano, Eugenio Ribón.

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De hecho, el líder del colegio madrileño fue uno de los protagonistas velados de las jornadas. Su ausencia durante buena parte del evento (solo se personó en el centro de congresos de PortAventura el jueves por la tarde) y su postura respecto a la convocatoria fueron comentadas en varios de los corrillos que se formaron entre ponencia y ponencia. El apoyo de Ribón —que, incluso, ofreció la sede como centro de operaciones de todos los letrados que acudieron desde toda España para la cita— levantó también ampollas en el seno del CGAE, donde no suele gustar que Madrid adquiera un papel protagonista en cuestiones que afectan al conjunto de la profesión. En su momento, algunos integrantes la calificaron de "populista", una crítica que también se ha repetido a micrófono cerrado entre algunos de los participantes del congreso.

"Poco margen de mejora" en transparencia

La transparencia ha sido otra de las grandes ausentes en el XIII Congreso. A pesar de que gran parte del colectivo exige mejoras en este sentido, no solo esta cuestión no se incluyó en las ponencias, sino que desde el seno del CGAE rechazan abiertamente implementar medidas para mejorar la transparencia o el buen gobierno. Preguntado por este diario sobre la posibilidad de dar información más detallada sobre dietas o retribuciones, la cúpula del organismo considera que tienen "poco margen de mejora" en este sentido.

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En la misma línea, el Consejo también ha rehuido dar explicaciones sobre la situación financiera que atraviesa, tal y como publicó esta semana El Confidencial. Tampoco ha querido ofrecer detalles sobre el contrato suscrito con Telefónica-Microsoft que, según la información que figura en sus cuentas de 2022, le provoca un gasto de casi 1,4 millones de euros, pero no alcanza a ofrecer el paquete Office a todos los colegiados. Desde el CGAE se limitan al contenido de un desmentido que remitieron a este diario el pasado 4 de mayo, y que les ha servido como parapeto para no ofrecer más detalles sobre su controvertida gestión económica.

Paralelamente a la celebración del Congreso, numerosos abogados han criticado abiertamente el evento en redes sociales, acusándolo de ser unas jornadas alejadas de la realidad de la abogacía de a pie y no defender los derechos más básicos del colectivo, como la conciliación, el respeto a la desconexión digital, la salud, la protección frente a abusos o atropellos o la garantía de recibir un trato respetuoso por parte de los funcionarios del juzgado.