El ICAM pide al Congreso que regule el tránsito de los mutualistas al RETA

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) continúa moviendo sus fichas para que se regule un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía. Así lo han afirmado desde la entidad, donde aseguran que el decano, Eugenio Ribón, ha presentado ante el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid unos escritos para conseguir la aprobación de una proposición no de ley para mejorar la situación de la jubilación de los profesionales de la abogacía.

En concreto las proposiciones que se han remitido a los grupos instan al Gobierno a regular un tránsito al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, más conocido como el régimen de la Seguridad Social. Para ello piden que se de esta opción a aquellos mutualistas de la abogacía que lo soliciten, con atención específica a casos determinados “para que se reconozca la antigüedad de estos años a efectos de la Seguridad Social; garantizar, para los mutualistas pasivos, el derecho a la pensión mínima”, zanjan desde el ICAM en un comunicado.

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Por otro lado, Ribón destaca en el escrito que buscarán regular un tratamiento fiscal adecuado al recuperar ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesaran, aplicable a cualquier persona que se encuentre en situación parecida, por el principio de igualdad fiscal. Y finalmente, el ICAM solicita que se mejoren las prestaciones de los profesionales jubilados parcialmente. “El compromiso de esta Junta de Gobierno es claro: defender los derechos y los intereses de todos sus colegiados”, indica el Decano de la corporación.

Además, añade que existe una notoria inquietud de una parte significativa de profesionales de la abogacía, los cuales se encuentran “hondamente preocupados por las percepciones de jubilación que recibirán tras años dedicados al ejercicio de la profesión y entregados a garantizar derechos constitucionales como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”.

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Por esta misma razón, el ICAM ha decidido solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios tanto del Congreso como de la Asamblea, con el objetivo de aprobar esta proposición no de ley. “La vinculación de la Abogacía con pilares básicos del Estado y con la garantía de derechos y libertades debe corresponderse con una adecuada protección social en la edad de jubilación a los profesionales que la han ejercido y así se lo hemos trasladado a nuestros legisladores”, destaca Ribón. La proposición no de ley propuesta por el ICAM recoge también las peticiones que el Decano ya trasladó el pasado 12 junio a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a los responsables de Hacienda de todos los partidos político.

En el proyecto de Proposición No de Ley remitida a los portavoces parlamentarios se explica que “desde el 2005, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, del 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Mutualidad de la Abogacía es un sistema de cuenta individualizada, no de caja común, por lo que las pensiones dependen de las aportaciones de cada mutualista”. Ello genera que, para un porcentaje significativo de la abogacía, las prestaciones de jubilación que se recibirán serán muy escasas, según comentan desde la entidad.

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La organización de derecho público también recuerda que esta evolución de la Mutualidad ha producido, además, “una casuística diversa donde se dan situaciones muy variadas y se debe buscar amparar a quienes se sienten perjudicados, pero evitando al mismo tiempo cualquier acción que pueda suponer un perjuicio para otros tantos Mutualistas. La diversidad de situaciones coexistentes exige un tratamiento respetuoso con todos los mutualistas, buscando propuestas de mejora y solución en aquellos ámbitos que verdaderamente tienen capacidad de actuación”.

“El ICAM está y siempre estará para salvaguardar los intereses de sus colegiados y para trabajar por las mejores condiciones para ellos. Siempre estaremos al lado de la abogacía y, por ello, confiamos en que los Grupos Parlamentarios apoyen nuestro proyecto de proposición no de ley, al tiempo que seguiremos trabajando para resolver una situación que preocupa y afecta a nuestra profesión”, sentencia Ribón.

Las proposiciones no de ley de este cariz ya han sido presentadas en los Parlamentos Autonómicos de Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña, y han sido aprobadas por los de Andalucía y Galicia, en ambos casos por unanimidad. El decano de la corporación ha trasladado a diversos grupos su disponibilidad para comparecer en sede parlamentaria o “celebrar los encuentros que sean necesarios para exponer la necesidad y urgencia de estas medidas en defensa de la protección social de los profesionales de la abogacía”. Así, ha trasladado estas iniciativas a representantes de los mutualistas con quienes espera reunirse esta misma semana.