Malestar entre los abogados por las pensiones que ofrece la Mutualidad

Desde hace casi cuatro décadas, Miguel Ángel Ceular ejerce como letrado en Córdoba. Se dio de alta en el Colegio de Abogados de la ciudad en 1986 y, desde entonces, ha formado parte de Mutualidad de la Abogacía. "Entonces era obligatorio. Llevo aportando alrededor de 300 euros al mes desde que comencé con 23 años, ya que mis ingresos tampoco me permitían mucho más", cuenta. Hace poco, recién cumplidos los 60, quiso comprobar cuánto iba a recibir de pensión. "Mi estimación estaba en torno a los 200-300 euros al mes", lamenta. Concretamente, de jubilarse a los 69 años, la Mutualidad le ofrece una prestación aproximada de 362 euros mensuales, mientras que si lo hace a los 65, la cuantía que recibirá serán 293 euros. "Recuerdo apuntar en mis notas: '¿Esto es broma?'. Me quedé espantado", evoca.

Una historia similar narra Reyes, una veterana abogada de Madrid y mutualista desde 1988. Como Ceular, tuvo que darse de alta en este sistema porque, en aquel momento, era el único habilitado para los letrados. No fue hasta 1996 que se permitió a los profesionales que lo deseasen adherirse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). "Pero pocos lo hicimos. Se nos dijo que, en caso de cambiarnos, perderíamos lo que llevábamos aportado. Además, nos vendieron que quedarse iba a ser beneficioso, que íbamos a tener una buena pensión aportando menos que a la Seguridad Social", señala. Sin embargo, Reyes asegura que las estimaciones han ido bajando gradualmente conforme se acercaba el momento de la jubilación. "En mi caso, se me queda en 540 euros al mes si sigo con mi plan de retirarme en 2027, que es cuando me correspondería. Pero con esa cuantía, voy a tener que seguir trabajando", lamenta.

Reyes y Miguel Ángel no son los únicos en esta situación. En las últimas semanas, cientos de abogados de toda España han alzado la voz para quejarse de las pensiones que les ofrece Mutualidad de la Abogacía después de abonar religiosamente sus contribuciones durante toda una vida laboral. A través de redes sociales (principalmente WhatsApp, Facebook y Twitter), se han organizado en un movimiento que han bautizado como #J2. "Por jodidos", matizan. "A día de hoy, muchos compañeros ni pueden ni van a poder jubilarse dadas las reducidas pensiones con las que van a contar. Los activistas de #J2 hemos confiado durante demasiado tiempo en otros y nos han fallado", claman en su página web.

Insisten en que no hay líderes visibles, sino que se trata de un fenómeno surgido de manera espontánea unido con el único propósito de reivindicar una jubilación adecuada al colectivo. "Es un enjambre en el que todos aportamos y comentamos nuestra experiencia y visión", explica María Isabel Uso, una de las primeras simpatizantes del movimiento y creadora del grupo de Facebook, que ya suma casi 1.300 participantes en apenas dos semanas. La principal vía de comunicación es, no obstante, WhatsApp. Esta plataforma fue, de hecho, el origen del movimiento. "Varios afectados empezaron a comentar el tema y a agregar a otros abogados en la misma situación. Creció muy rápido", detalla Ángel López, otro de los implicados activamente en #J2. A día de hoy, el movimiento cuenta con dos grupos principales —uno para mutualistas de antes del 95 y otro general— que aglutinan en conjunto más de 2.000 personas. "Y luego hay decenas de grupos paralelos organizados por provincias", agrega.

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Las reivindicaciones principales de #J2 son tres. En primer lugar, una ventana de traslado al RETA que permita a los abogados que así lo deseen recuperar sus aportaciones a la Mutualidad y canjear ese capital acumulado por años de cotización. Segundo, una mejora fiscal. "No resulta justo que la recuperación de los importes tribute cuando cumplen la función de ser una pensión de jubilación", argumentan, por lo que solicitan una exoneración impositiva y una rebaja tanto en la fase de aportación como de rescate. Y, por último, mejorar la compatibilidad del cobro de la pensión con el ejercicio profesional, ya que, como afirman, muchos profesionales se verán obligados a seguir trabajando debido a lo exiguo de las cuantías.

La principal reivindicación de #J2 es crear una ventana de traslado al RETA que permita canjear el capital acumulado por años de cotización

Por su parte, desde Mutualidad de la Abogacía, su director general, Rafael Navas, detalla a El Confidencial que la entidad conoce el movimiento #J2, pero expone que aún no han sido contactados por ellos, ni han recibido ninguna solicitud para mantener ningún tipo de encuentro. En todo caso, y aunque comprende que sus integrantes comparen la Mutualidad con el RETA, subraya que son sistemas "totalmente diferentes". En la primera, continúa, cada mutualista es responsable de "hacerse su propia pensión" con base en sus aportaciones, estando "garantizados" sus derechos económicos. En la Seguridad Social, sin embargo, la cuantía de la pensión la fija el Estado en cada momento, sin que pueda garantizarse que lo que se está abonando ahora vaya a mantenerse dentro de 15 años.

En este sentido, en relación con las peticiones del movimiento #J2, asevera que el traslado al RETA es inviable, pues "la gente desconoce las ingentes cantidades que tendrían que abonar, de ser posible, a la Seguridad Social". Unas enormes aportaciones, agrega, que ya tuvieron que hacer los notarios cuando ingresaron en el sistema público.

Acusaciones de falta de transparencia

Para #J2, el origen de la problemática actual se remonta a 2005, cuando una modificación de la normativa aseguradora obligó a la Mutualidad a cambiar su sistema por uno de capitalización individual. A juicio de los integrantes del movimiento, este viraje desembocó en un plan de pensiones "que, con el tiempo, comprobamos que no está dando los resultados prometidos, se encuentra muy lejos de lo asegurado y facilita pensiones vitalicias ridículas", señalan. Ahora bien, muchos matizan que el problema no residió en el cambio de modelo, sino en la falta de información que ofreció en ese momento la Mutualidad. "En noviembre de ese año, nos mandaron una carta a todos los mutualistas en la que decían que teníamos seis meses para comunicar si queríamos seguir con el sistema antiguo de reparto. Si no decíamos nada, se entendía que lo estábamos aceptando. Pero en ningún momento nos informaron claramente de las consecuencias", comenta Luis Pozo, un abogado de Cantabria recientemente jubilado.

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La ausencia de transparencia es una de las protestas más mencionadas por los letrados consultados, que afean con especial ahínco que la Mutualidad rechace aclarar cuál es la fórmula que usan para calcular las pensiones estimadas. "Hay un desajuste entre los datos que aparecen en los informes trimestrales sobre la estimación y el resultado que aparece en el simulador del sistema, que siempre es más bajo. ¿Qué fórmula emplean para hacer esas cuentas? No lo sabemos", lamenta Pozo. Desde la entidad, no obstante, manifiestan estar tranquilos con la información trasladada en cada momento a los mutualistas o a los potenciales mutualistas. Afirman que siempre que han ofrecido estimaciones de pensión, han especificado que se trataba de simulaciones, que "intereses pasados no garantizan intereses futuros" o que la realidad será la que determinen las circunstancias existentes en el momento de la jubilación.

Por otro lado, Navas manifiesta estar satisfecho con la gestión de la entidad, pues "los datos lo demuestran". El director general de la institución relativiza las pérdidas de 50 millones en las que incurrieron en el Banco Popular, pues "parece mucho, porque la gente piensa que gestionamos 80 millones, pero lo cierto es que son 10.000 millones". El único impacto que tuvo aquella inversión, recuerda, fue que, en 2017, la rentabilidad fue del 4,5% en lugar del 5%. "Y lo que podamos recuperar en el futuro, será en beneficio de los mutualistas", indica. Por lo demás, creen que su modelo de negocio es del todo fiable, pues el 80% de sus inversiones están en renta fija, lo que proporciona gran estabilidad.

Aportaciones de baja cuantía

En opinión de Navas, el origen de la situación que actualmente está angustiando a muchos mutualistas se explica por dos circunstancias. La primera es la caída de las rentabilidades producida tras la crisis financiera. "De 2005 a 2011, 2012, los tipos de interés estaban en el entorno del 5% o el 6%, pero tras la crisis nos hemos pasado 10 años con los tipos en negativo. Evidentemente, eso ha afectado a las rentabilidades que podíamos ofrecer y a las expectativas de los mutualistas", explica. Además, recuerda que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones topa el tipo de interés que puede ofrecer una entidad como la suya.

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El segundo factor que apunta Navas es la resistencia de muchos profesionales a incrementar sus aportaciones. "Hacemos muchísimas campañas para incentivar que los mutualistas mejoren su pensión, incluso contactamos individualmente con ellos, pero la gente no quiere aportar, se conforma con lo que tiene", indica con resignación. En línea con este objetivo, la entidad envía desde 2018 un informe trimestral a cada profesional con su pensión estimada con base en distintos niveles de rentabilidad y tipos de interés. "Éramos conscientes de que estas comunicaciones podían tener un impacto reputacional para la Mutualidad, pero preferíamos que la gente fuera consciente de lo que le iba a quedar para que tomaran sus propias decisiones; nadie va a poner lo que uno mismo no haya aportado", recuerda Navas.

La ausencia de interés por parte de los propios mutualistas por incrementar sus aportaciones o, directamente, por el propio funcionamiento del sistema es una realidad confirmada por algunos de los letrados consultados. "Ha habido una mezcla entre poca información clara y falta de preocupación por parte de los abogados, que tendemos a dejar de lado nuestros propios asuntos y preocuparnos de los ajenos", admite un profesional que prefiere no ser identificado.

"Hay una mezcla entre poca información y falta de preocupación por parte de los abogados", admite un afectado

En cualquier caso, el director general asegura ser consciente de la preocupación y se compromete a que el organismo acuda a todos los colegios que soliciten información sobre la situación de las pensiones y también a responder a las peticiones de aclaración de los abogados que lo requieran. Una propuesta que, no obstante, no termina de convencer a muchos de los integrantes del movimiento #J2. "Algunos están estudiando emprender acciones legales", revela López, mientras que la postura mayoritaria entre aquellos que todavía tienen la edad de jubilación lejana es solicitar la baja como mutualistas y pasarse al RETA. Sin embargo, el pesimismo abunda entre afectados de mayor edad como Miguel Ángel Ceular, que comparten una actitud de resignación y descartan encontrar una solución a corto plazo a este enredo.