La número dos del fiscal general se opone a imputar a Puigdemont por terrorismo en su informe definitivo

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se opone a que el Tribunal Supremo abra una causa contra Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. Su dictamen no es vinculante para la Sala de lo Penal, que adoptará la decisión final en los próximos días. Para la número dos de la Fiscalía General no hay indicios suficientes contra los aforados. Ni contra el expresident catalán ni contra el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.

"Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación ni —como se debe— tomados en su totalidad, permiten inferir de modo razonable la participación de los inculpados aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención", sostiene el informe. "En realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas", dice, para añadir que no se ha producido en la Audiencia Nacional "una investigación suficiente".

La número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se desmarca con este informe del criterio mayoritario de los fiscales del Supremo. El pasado 6 de febrero, ellos concluyeron por 11 votos contra cuatro que existen indicios suficientes para investigar al expresidente catalán por Tsunami Democràtic, pero, ante la discrepancia de los dos fiscales jefes de la junta, el dictamen definitivo quedó en manos de Sánchez Conde.

Si la Sala de lo Penal atiende ahora su criterio, la causa de Tsunami quedará en manos del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien en un futuro podría volver a pedir la imputación de Puigdemont con nuevos indicios. Hasta entonces, García-Castellón seguiría la causa contra el resto de investigados que no gozan de aforamiento, como es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

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Parte de la carrera ha acusado a García Ortiz de haber maniobrado para que este último informe quedara en manos de su número dos y favoreciera los intereses del expresidente catalán, pero él lo ha negado en todo momento. "El fiscal general no miente", llegó a afirmar el 7 de febrero. "Hay que dejarla trabajar en paz".

Aunque el informe definitivo de Sánchez Conde no coincide con el de la mayoría de fiscales del Supremo, sí lo hace con el de su compañero en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo. Él ha sido el encargado de investigar los disturbios de Tsunami en este tribunal y también ha rechazado que existan indicios suficientes contra Puigdemont o que los hechos encajen con posibles delitos de terrorismo.

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En lo que se refiere a esta clase de delitos, Sánchez Conde no cuestiona que se produjeran "gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía", pero elude la palabra terrorismo y solo dice que estos hechos "son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales". Sí descarta, sin embargo, la tesis de García-Castellón de que Tsunami fuera una "organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia" cuya "finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado", lo que de manera indirecta implica rechazar una investigación por terrorismo.

También señala que la investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no se ha agotado. Apunta que el propio magistrado ha acordado "la práctica de multitud de diligencias, para poder determinar la naturaleza de los hechos" y la intervención de los afectados. "Ninguna de estas diligencias se ha practicado, lo que conduce a la necesidad de "desentrañar la naturaleza y la estructura de la organización que se afirma existente", entre otras cosas, escuchando a los acusados en declaración.

Los indicios contra Puigdemont

En cuanto a la revisión de los indicios que el instructor de la Audiencia tiene en cuenta para atribuir el delito a Puigdemont, la teniente fiscal los va descartando siempre sin mencionar si las conductas son o no de tipo terrorista. Por ejemplo, respecto a la conversación intervenida en la que el expresident se refiere a que los disturbios podrían producir "algún muerto", asegura que, en lugar de implicarle, le exculpa.

"Esta conversación también permite inferir que a Carles Puigdemont, muy al contrario de lo que afirma el magistrado instructor, le preocupa la posibilidad de que, a causa de los altercados, pudieran llegar a producirse heridos de gravedad o fallecidos. Posibilidad que, como se deduce del mensaje transcrito, el Sr. Puigdemont no desea que suceda", indica. La frase completa fue: "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó decidir ir al exilio): perderemos".

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No considera relevante tampoco la promoción pública por parte del líder de Junts de las acciones de Tsunami ni su participación en la reunión celebrada en Ginebra el 30 y 31 de agosto de 2019 en la que, presuntamente, se decidió la creación de la plataforma. "Arroja poca luz sobre su integración en Tsunami Democratic, dado que en dichas reuniones participaron multitud de personas pertenecientes a partidos o movimientos sociales independentistas, sin que el magistrado instructor infiera la implicación de todas ellas en Tsunami", dice la teniente fiscal.