Informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona

Conversaciones intervenidas a uno de los cabecillas de Tsunami Democràtic revelan que la plataforma contó con el apoyo de tres informáticos bielorrusos que estaban escondidos en un piso franco de Sant Antoni de Calonge, un tranquilo municipio costero de la provincia de Girona situado a 100 kilómetros de Barcelona, según un nuevo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Confidencial.

El hallazgo, que se ha producido en las diligencias del caso Voloh, refuerza los indicios que apuntan a una injerencia del Kremlin en el procés independentista con el objetivo de desestabilizar Europa desde dentro, como sostiene el instructor de la causa, el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Bielorrusia opera en el tablero internacional como un satélite de Moscú.

Los investigadores del Instituto Armado han conseguido identificar a los tres informáticos. Se trataría de los expertos en telecomunicaciones Sergey Tkach, Nicolay Markovskiy y Murat Pogdoretskiy. Todos tenían permiso de residencia en España. Los agentes los vinculan con una empresa bielorrusa llamada ISP Belin Fonet y con otra española situada también en Sant Antoni de Calonges, Altanética SL.

Hasta ahora, no había ningún dato sobre este grupo. Las pistas que han revelado su implicación en Tsunami salieron de Josep Campmajó, un empresario y escritor detenido en octubre de 2020 por el desvío de fondos públicos al movimiento secesionista. Al analizar su móvil y su ordenador portátil, los investigadores descubrieron que también había jugado un papel relevante en las manifestaciones contra la sentencia del 1-O.

Campmajó se ocultaba tras los alias analla y Ainvar the druid, y reportaba directamente al exconsejero de ERC y exmiembro de Terra Lliure Xavier Vendrell, cerebro de la plataforma y alias Índigo. Entre las tareas que Campmajó tenía encomendadas, estaba el desarrollo de aplicaciones que garantizaran la seguridad de las comunicaciones entre los líderes de Tsunami.

Los investigadores encontraron en la memoria de su teléfono móvil fotografías de los documentos de identidad de los tres bielorrusos. Asimismo, Campmajó confesó a un amigo a través de una aplicación de mensajería instantánea que los informáticos estaban alojados en un "piso oficina", por lo que eran prácticamente indetectables. "Estas personas estarían desarrollando algún proyecto vinculado a sistemas informáticos y, a la vista de las imágenes intervenidas a Josep Campmajó, consideraban que sería muy difícil que se pudiese descubrir en qué estaban trabajando", expone el informe.

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En junio de 2019, cuando el independentismo ya estaba preparando su respuesta al dictamen del Tribunal Supremo, Campmajó viajó a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. En el teléfono del empresario, también se encontró una fotografía de ese encuentro.

Los investigadores sospechan que los informáticos bielorrusos pudieron participar en el desarrollo de una criptomoneda, un encargo directo de Puigdemont que tenía como objetivo crear una red alternativa de financiación del independentismo que sorteara los controles de las autoridades españolas. Por otros mensajes, se sabe que Campmajó estuvo involucrado en el proyecto de creación de una criptomoneda junto al director de las finanzas de Waterloo, el publicista Jaume Cabaní, otro eslabón fundamental en la estructura exterior del expresidente de la Generalitat y que se encuentra huido de la Justicia.

El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este jueves un texto que denunciará las injerencias rusas en el procés independentista y reclamará que se investiguen las conexiones de eurodiputados con el Kremlin. El documento, que ha sido consensuado por las principales fuerzas políticas, incluida la socialista, expresa la "profunda preocupación" de la Cámara por "las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la Administración rusa" y pide que las diligencias judiciales lleguen hasta el final.

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Como reveló El Confidencial en marzo de 2022, el independentismo trató de conseguir el apoyo político y económico de Moscú al menos hasta febrero de 2020. La mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, viajó a Rusia hasta en tres ocasiones para establecer una vía de comunicación con el Kremlin. Para ello, se desplazó acompañado del empresario ruso afincado en Cataluña Alexander Dmitrenko, investigado por el CNI por sus relaciones con el Gobierno ruso.

La colaboración con un país como Rusia para tratar de desestabilizar la política nacional o el proyecto de la Unión Europea puede perseguirse como un delito de alta traición. Se da la circunstancia de que estos delitos, que contemplan penas superiores a los 10 años de cárcel, están expresamente excluidos de la aplicación de la ley de amnistía que tramita el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya ha exigido al PSOE que incluya la traición en la norma para evitar una hipotética condena.