La Audiencia Nacional atribuye a altos cargos de ERC el diseño y los disturbios de Tsunami

La Audiencia Nacional sitúa a altos cargos de ERC, principal apoyo del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en la creación, difusión y activación de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que bloqueó el aeropuerto de El Prat, cortó la autopista AP-7 a la altura de la frontera con Francia y provocó graves altercados en el centro de Barcelona como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del referéndum ilegal del 1-O, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las diligencias.

Los presuntos cabecillas de Tsunami tomaron todo tipo de precauciones para ocultar sus nombres y generar la apariencia de que se trataba de un movimiento espontáneo de la sociedad civil catalana, pero la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción 6 desde octubre de 2019 ha permitido identificar a los presuntos líderes de esa organización y acreditar indiciariamente que se trató de una operación diseñada por los partidos y entidades separatistas tradicionales para presionar al Estado y respaldar a sus propios dirigentes tras el dictamen del alto tribunal.

El procedimiento que dirige el juez Manuel García-Castellón revela que ERC desempeñó un papel protagonista en Tsunami. Por un lado, la Guardia Civil, que se ha encargado de las pesquisas, sitúa en la cúspide de esa estructura a Marta Rovira, secretaria general de la formación y fugada a Suiza desde marzo de 2018 por su implicación en la consulta separatista. El juez Pablo Llarena le imputó inicialmente un delito de sedición pero, tras la eliminación de este tipo penal, solo se enfrenta en la actualidad a una acusación de desobediencia.

Para evitar ser detectados, los líderes de Tsunami decidieron comunicarse entre ellos con aplicaciones de mensajería cifrada y ocultándose tras apodos o identidades falsas. Rovira eligió el alias de Matagalls, el pico al que ascendieron varias decenas de militantes independentistas en octubre de 2018, en el marco de la campaña Cimas por la Libertad, para pedir el fin del procedimiento judicial contra ella.

La Guardia Civil atribuye a la dirigente de ERC la dirección del aparato político de Tsunami. Su labor consistió en consensuar el formato y el contenido de esa alianza con el resto de partidos y entidades independentistas, así como con el Gobierno de coalición que en esa época presidía Quim Torra, para asegurarse de que la iniciativa conseguía el respaldo unánime del secesionismo y se convertía en un éxito de convocatoria.

La cita clave en los prolegómenos de Tsunami se celebró en Ginebra en agosto de 2019

La cita clave en los prolegómenos de Tsunami se celebró precisamente en Ginebra, la ciudad en la que vive Rovira, en la última semana de agosto de 2019. El expresidente Carles Puigdemont se desplazó a la ciudad desde Waterloo. También asistió la dirigente de la CUP Anna Gabriel, fugada igualmente a territorio helvético.

En esa reunión clandestina, se pactó el calendario de las protestas y se decidió que todos los promotores permanecerían en el anonimato. Ni siquiera se desvelaría el nombre de los partidos y entidades que impulsaban la plataforma. Se optó por una fórmula más difusa que dificultaba la posible imputación de responsabilidades penales y que garantizaba un reparto equitativo de los réditos políticos que generara la movilización contra el Estado.

El 2 de septiembre de 2019, Tsunami Democràtic se presentó oficialmente en las redes sociales y automáticamente, tal y como había decidido el aparato político, las entidades secesionistas empezaron a publicitar la convocatoria y llamaron a sus seguidores a secundarla. Dos días después, el 4 de septiembre, desconocidos colocaron más de 15.000 carteles a lo largo de toda Cataluña en los que se animaba a "cambiar el estado de las cosas". Y el 11 de septiembre, durante la marcha de la Diada, se desplegaron dos grandes pancartas de Tsunami en las torres venecianas de la plaza de España de Barcelona. La adhesión activa del Ejecutivo de Torra también proporcionó a Tsunami los altavoces de TV3, Catalunya Ràdio y el resto de medios oficialistas.

Políticos y empresarios

El plan de comunicación fue milimétricamente diseñado para devolver la tensión a unas calles que, dos años después del 1-O, estaban empezando a desinflamarse. Los especialistas de la Guardia Civil ubican al frente de esa campaña de difusión a políticos de ERC y al empresario de la comunicación de la órbita de ese partido Oriol Soler Castanys, un antiguo militante de la formación ultra Movimiento de Defensa de la Tierra, brazo político del grupo terrorista Terra Lliure.

Soler siempre compaginó la política con los negocios. Fue uno los fundadores del diario ARA y luego se convirtió en director general del grupo editorial SOM, que engloba publicaciones minoritarias como Sapiens, Cuina y Descobrir, beneficiarias recurrentes de subvenciones de la Generalitat. En 2017, ya formó parte del estado mayor en la sombra del 1-O y está considerado uno de los principales ideólogos del referéndum.

Supuestamente, tras la consulta, pasó a un segundo plano. Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ordenó su detención en octubre de 2020, en el marco de la operación Voloh, por su presunta implicación en una trama corrupta dedicada al desvío de fondos públicos al procés. En el momento del arresto, se le intervinieron aparatos informáticos con centenares de mensajes que han sido fundamentales para comprender el funcionamiento de Tsunami.

Según las diligencias de la Audiencia Nacional, el empresario se comunicó con el resto de los implicados usando el alias de Rigoberto y se encargó de la comunicación y propaganda. Primero, puso en marcha un plan para dar a conocer Tsunami. Después, se centró en generar expectación con un goteo incesante de mensajes en redes sociales y Telegram que recomendaban estar pendiente de futuras alertas. Y después, tras la publicación de la sentencia, impartió instrucciones concretas sobre la iniciativas que había acordado previamente la cúpula e informó en tiempo real de su seguimiento para tratar de captar la atención de la comunidad internacional.

La movilización fue un éxito gracias también a otros dos líderes vinculados al partido que encabeza Oriol Junqueras y que también han sido descubiertos por el Instituto Armado. Uno de los grandes dinamizadores de las protestas fue Oleguer Serra Boixaderas, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural, la entidad independentista más próxima a ERC. Serra se comunicó en los chats con el nombre en clave de Pare Carbasser (un juego infantil típico catalán) y se aseguró de activar a los más de 180.000 socios de Òmnium para que salieran a manifestarse tras la difusión del dictamen.

Vendrell aprovechó su excelente relación con Roc Aguilera Vaqués y Antoni Fusté Piñol para conseguir materiales para las protestas

El otro gran reclutador de Tsunami fue presuntamente Xavier Vendrell Segura, exmilitante de Terra Lliure, exsecretario de Organización de ERC y consejero de Gobernación de la Generalitat en 2006. En los últimos años, gestionaba diferentes empresas, pero nunca abandonó del todo la primera línea de la política. Está considerado uno de los mayores estrategas de ERC. Al igual que Soler, participó en el sanedrín del 1-O y está imputado en el caso Voloh. También desempeñó un papel crucial en Tsunami operando bajo las identidades de Índigo y Escobar.

Por un lado, Vendrell se apoyó en dos colaboradores de su máxima confianza para conseguir que la militancia de ERC se lanzara a las plazas tras la resolución del alto tribunal. Uno de ellos es la también investigada Marta Molina Álvarez, una profesora de Secundaria afiliada a Ómnium y la Plataforma por la Lengua que en los chats de mensajería cifrada se hacía llamar Mandela. El pasado septiembre, ERC nombró a Molina secretaria de Movimientos Sociales. El otro lugarteniente de Vendrell era Josep Campmajó Caparrós, escritor y empresario que se comunicaba ocultándose tras el apodo Canalla.

Al mismo tiempo, Vendrell aprovechó su excelente relación con Roc Aguilera Vaqués y Antoni Fusté Piñol, administradores de Iniciatives Events SL, una empresa dedicada a la organización de actos, conciertos y espectáculos cercana al independentismo, para conseguir la cartelería, escenarios, equipos de sonido y otros materiales que se utilizaron durante las protestas.

Altercados callejeros

El dictamen del Tribunal Supremo se conoció a primera hora del 14 de octubre de 2019. A las 13:00 de ese mismo día, Tsunami Democràtic ordenó por sorpresa a los manifestantes a través de un canal de Telegram y una aplicación específica que se dirigieran hacia la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat para bloquear la infraestructura en señal de protesta. Nadie se atribuyó la autoría de la idea. Las Fuerzas de Seguridad no tuvieron tiempo de reaccionar. Miles de personas se encaminaron hacia el aeródromo, provacando la cancelación de más de un centenar de vuelos y ocasionando disturbios que obligaron a intervenir a los Mossos d'Esquadra.

La acción de Tsunami degeneró en los siguientes días en altercados callejeros contra edificios e instituciones del Estado y las Fuerzas de Seguridad. Desconocidos llegaron a lanzar cohetes contra un helicóptero de la policía autonómica. Los momentos de mayor tensión se vivieron el 18 octubre de 2019 en las inmediaciones de la Jefatura de la Policía Nacional de Cataluña, en la plaza de Urquinaona. Una veintena de agentes de la Policía Nacional resultaron heridos por el lanzamiento de piedras y otros objetos.

Un mes después, el 11 y 12 de noviembre, tuvo lugar otra de las acciones más icónicas de Tsunami. Sus cabecillas convocaron una concentración en la autopista AP-7 a la altura de La Jonquera, en la frontera con Francia. El objetivo era cortar las comunicaciones con el país vecino. De nuevo, nadie se atribuyó la responsabilidad de la protesta. Operarios de Iniciatives Events SL, con el rostro tapado y sin anagramas de la empresa, colocaron un escenario en medio de la calzada. Dirigentes de ERC, Junts, la CUP, Òmnium y la ANC acudieron al llamamiento. La ocupación de la autopista terminó cuando la policía francesa comenzó a desalojar a los manifestantes.

Es probable que Rovira se quede en un primer momento fuera de la causa. La Audiencia Nacional consideró primero que los hechos podían ser constitutivos de un delito de terrorismo. Las protestas y altercados de Tsunami habrían alterado la paz social y el orden constitucional, provocando además el colapso de infraestructuras fundamentales como el aeropuerto de Barcelona y la principal arteria de transporte de mercancías entre España y el resto de Europa. El Código Penal establece precisamente que se considerará delito de terrorismo cualquier acción que desestabilice gravemente "las estructuras económicas o sociales" del Estado.

También se barajó al comienzo del procedimiento una posible imputación por un delito de sedición, castigado con hasta 15 años de cárcel, pero el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos eliminó esa figura penal el pasado diciembre tras un pacto precisamente con ERC. El tipo penal que ha sustituido a la sedición es desórdenes públicos agravados, que sanciona hechos de mucha menor gravedad e implica una condena máxima a cinco años de prisión. Esta figura será probablemente la que se impute a los investigados.

En las primeras horas de Tsunami, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las Fuerzas de Seguridad acabarían averiguando quiénes eran los promotores de la plataforma. "Tenemos unos servicios de Inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás", afirmó a preguntas de los periodistas. "Hay investigaciones". El día 18 de octubre, compareció de nuevo para prometer que los disturbios no quedarían impunes. La Audiencia Nacional ha acabado despejando esa incógnita. Los responsables que buscaba Marlaska pertenecen a ERC, el mismo partido que permite a su Gobierno seguir en el poder.