Sánchez logra eliminar la sedición y rebajar la malversación tras el visto bueno del Senado

Sánchez ha conseguido poner el lazo a su esprint legislativo que favorece al independentismo catalán y que servirá, según la versión de la Moncloa, para cerrar la herida del procés. El Senado ha ratificado este jueves la proposición de ley del Gobierno por la que quedará sustituido en el Código Penal el delito de sedición por uno de "desórdenes públicos agravados". La votación se ha saldado finalmente con 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones.

Aunque el Ejecutivo lo negó en primera instancia, el paquete legislativo incluye también una rebaja de las penas por delito de malversación al dictado de ERC, iniciativa que supone un máximo de tres años de prisión —y cuatro de inhabilitación— para cualquier autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destine, "a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas". Con la regulación vigente hasta ahora, la malversación agravada se castigaba con penas de hasta 12 años.

El Ejecutivo ha dado luz verde a la controvertida reforma del Código Penal, pactada con el nacionalismo catalán, a pesar de los obstáculos y polémicas que han teñido de tensión las Cortes Generales esta última semana. La Moncloa no contaba con que el Tribunal Constitucional pudiese frenar el festival de modificaciones de calado vía enmienda que introdujo en la Cámara Baja, con diversas reformas que el Ejecutivo quería tener atadas antes de Navidad y de que comenzase el nuevo ciclo electoral. El órgano de garantías admitió in extremis un recurso de amparo del PP para impedir que, junto a la modificación del Código Penal, se aprobasen dos enmiendas para reformar la Ley del Poder Judicial y forzar la renovación del propio Tribunal Constitucional, con lo que se favorecería una mayoría progresista en el órgano.

Para tapar la rebaja de la malversación y la eliminación de la sedición, delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de políticos del procés, el PSOE pactó una enmienda transaccional con ERC para introducir en el Código Penal un nuevo tipo para castigar a cargos públicos que se enriquezcan de forma ilícita. Con esta disposición, se impondrán condenas de hasta tres años de cárcel para aquellos que superen ingresos de 250.000 euros sin justificación. La rebaja de la malversación provocará, en paralelo, un alud de revisiones de condenas por corrupción.

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El inédito cambio en el Código Penal supone una modificación de ley orgánica que, sin embargo, no ha contado con los informes consultivos pertinentes —como el del CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal— al tramitarse por el procedimiento de urgencia y conforme a una técnica legislativa inédita, que implica reformas de calado mediante un texto ómnibus en las Cortes. La eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación afecta de forma directa a los líderes independentistas condenados por el procés, cuyo objetivo último pasaba porque el atenuante fuese suficiente como para poder concurrir a los próximos comicios electorales. Con la aprobación definitiva de la norma, dirigentes como Oriol Junqueras o Marta Rovira podrán acelerar su vuelta a la vida institucional, presentándose en listas electorales.

El pleno en la Cámara Alta ha estado marcado, una vez más, por la tensión entre las fuerzas que componen o acompañan al Gobierno y la oposición. En el entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentan que sus señorías del PSOE no hayan mencionado en ningún momento las palabras sedición o malversación en lo que ha durado el debate. Los socialistas se han centrado, por el contrario, en resaltar la "grave afectación democrática" que implica que el PP "no respete la mayoría de las urnas" por haber logrado paralizar, a través del Tribunal Constitucional, una reforma legislativa; y por mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.

El PP, por su parte, ha lanzado una dura acusación contra el Gobierno, al que ha acusado de querer colocar al magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido al frente del Tribunal Constitucional para que dicho órgano "no sea un obstáculo" cuando se celebre un referéndum o consulta independentista en Cataluña. "Sonríen los independentistas porque saben que es verdad", apuntaba Javier Maroto. Génova da por seguro que, tras las últimas cesiones al independentismo, el Gobierno está en disposición de conceder al nacionalismo su máxima pretensión: un referéndum de autodeterminación en Cataluña.