ERC sube el precio para los pactos y escenifica una ruptura controlada con Sánchez

El ciclo electoral de 2023, en el que ya se han metido de lleno todos los partidos, reducirá al mínimo la actividad legislativa. La necesidad de marcar distancias con los rivales y afianzar un perfil propio, así como de alejar de la agenda asuntos polémicos o que no casen con las reivindicaciones de máximos de cada formación, complica los acuerdos en un escenario de fragmentación parlamentaria con un Ejecutivo en minoría. El mes de febrero es el límite temporal, según los cálculos de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, para sacar adelante algunas de las normas en tramitación. La prioridad para el PSOE y sus socios de Unidas Podemos es desbloquear la ley de vivienda y reformar la de seguridad ciudadana, la denominada ley mordaza. Sin embargo, en este contexto ERC ha subido el precio para los acuerdos, al igual que otros socios del bloque de investidura como EH Bildu y, en menor medida, el PNV.

Los republicanos mantendrán sus líneas rojas este jueves en la reunión de la ponencia sobre la reforma de la ley mordaza y reconocen tener escasas expectativas. No están dispuestos a renunciar a aspectos a día de hoy inasumibles para el PSOE, como la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios o desactivar la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales, con el objetivo de sortear sanciones por desobediencia y desacato a la autoridad. Desde EH Bildu, añaden en la misma línea que no ha habido avances en los últimos días y tildan las manifestaciones optimistas de "humo". Ambas formaciones rebajan también las expectativas del Gobierno para sacar adelante en las próximas semanas la ley de vivienda, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo y para el que tanto socialistas como morados están haciendo cesiones para llegar a un punto de encuentro.

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PSOE y ERC, Gobierno y Generalitat, están escenificando una ruptura controlada ante la contienda electoral de las municipales, que se celebrarán en mayo, y las generales, previstas para finales de año. Tras cerrar la carpeta de la desjudicialización, con la polémica reforma del Código Penal, y apoyar los últimos presupuestos de la legislatura, socialistas y republicanos tratan de visibilizar su distanciamiento, aun dejando las bases puestas para una entente poselectoral tras las próximas generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya aprovechó el balance político de final de año para alejarse de ERC e inaugurar el tono de confrontación. Antes de ello, Pere Aragonès había vuelto a poner sobre la mesa la celebración de un referéndum para este 2023.

Un alejamiento con el que el PSOE trata de reducir los costes de sus alianzas con el independentismo, tratando de volver a movilizar a los votantes desencantados con estas políticas, mientras que ERC busca no perder terreno frente a sus rivales de JxCAT. La participación de ERC en las manifestaciones convocadas por el independentismo contra la cumbre hispano-francesa que se celebrará el próximo jueves en Barcelona, al mismo tiempo que Aragonès participará en los actos institucionales, da cuenta de cómo se intenta controlar la deflagración. En la Moncloa insisten en el mensaje de que el procés forma parte del pasado y no esconden su satisfacción por la división dentro del independentismo.

Aragonès pedirá a Moncloa este jueves tratar temas de infraestructuras y lengua en la cumbre con Francia justificando así su asistencia mientras su formación se sumará a las protestas en la calle del independentismo. Según ha concretado el president en una entrevista con Catalunya Ràdio recogida por Europa Pres, sus peticiones se centrarán en el Corredor Mediterráneo, conexiones energéticas, pasos fronterizos y lengua.

"Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo para defender los intereses de Cataluña. Si queremos ser un Estado, tendremos que actuar como un Estado. Los Estados defienden sus intereses", ha defendido rechazando cualquier contradicción sobre su asistencia a la cumbre al mismo tiempo que ERC se sumará a las manifestaciones contra su celebración en Barcelona. Unas protestas que ha encuadrado dentro de una reivindicación del movimiento independentista frente a las manifestaciones del Gobierno central dando por finalizado el procés.

Aragonés enviará a Moncloa una lista de demandas para tratar en la cumbre hispano-francesa

Si ERC está subiendo el precio de sus acuerdos en el Congreso, recuperando posiciones de máximos frente al pragmatismo mostrado esta legislatura por estrategia electoral, el Gobierno también ha optado por congelar la mesa de diálogo despejándola de la precampaña. Fuentes del Ejecutivo avanzan que no forma parte de su calendario, pese a que se pactó celebrar una reunión de este foro en Barcelona antes de que finalizase 2022. Al coste electoral fuera de Cataluña de las alianzas con formaciones como ERC, sobre todo en las regiones del interior, se suman los efectos de la división interna o las voces críticas dentro del propio partido sobre los acuerdos fruto de esta relación.

Opinión

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El objetivo ahora del Ejecutivo pasa por priorizar las cuestiones económicas, auparse en los brotes verdes y dar por amortizado el procesismo. La estrategia preelectoral empuja a evitar cualquier interferencia de la agenda catalana en la campaña.

La estrategia de distanciamiento para limitar costes electorales llevaba este miércoles al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a matizar el argumentario sobre la reforma del Código Penal para defender que cierra la vía electoral a los condenados del procés. Según apuntaba este miércoles por la mañana Bolaños, en una entrevista en TVE, el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación".

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El titular de Presidencia trataba de este modo de despejar la responsabilidad del Ejecutivo tras la reforma, endureciendo el discurso sobre los beneficios a los independentistas, y trasladarla a la interpretación que hagan los tribunales. Concretamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser la competente. Eso sí, Bolaños no censuraba la estrategia de los líderes independentistas catalanes condenados en el Supremo por su papel en el desafío secesionista, que, como adelantaba El Confidencial, preparan ya sus escritos para solicitar su absolución ante el alto tribunal tras la supresión del delito de sedición pactada con ERC.

La ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza son las dos principales iniciativas del programa de coalición que el Gobierno tiene pendientes de desbloquear en un apretado calendario legislativo marcado por el inicio del ciclo electoral de 2023. El cambio de estrategia, con posiciones de máximos, amenaza con dificultar la aprobación de la primera y con dejar encallada la segunda, en la que persisten las líneas rojas. La reactivación de la ponencia este jueves no parece que servirá para avanzar en las negociaciones, dadas las escasas expectativas con que dicen acudir los independentistas y sin rebajar sus pretensiones para buscar un punto de entendimiento.