ERC bloquea la reforma de la ley mordaza por blindar a la policía y las pelotas de goma

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, avanza entre los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno —PSOE y Unidas Podemos— y el PNV, impulsor de la iniciativa. Sin embargo, ERC y EH Bildu mantienen sus líneas rojas que, de persistir como señalan desde ambos partidos, condenarán al fracaso la modificación de la norma. Las dos formaciones independentistas exigen cambios en asuntos clave con los que el Ejecutivo no está dispuesto a transigir. Estos tienen que ver, principalmente, con desactivar la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales, con el objetivo de sortear sanciones por desobediencia y desacato a la autoridad, y restringir el uso de pelotas de goma.

El desbloqueo de la reforma queda así en manos de las formaciones independentistas. Estas últimas, al contrario que los nacionalistas vascos y el Gobierno, tildan los avances producidos hasta el momento de "insuficientes". Como método de presión, se ha activado la ponencia en la Comisión de Interior. Este órgano se prevé reunir durante el mes de enero, habilitándolo de forma extraordinaria pese a estar fuera del calendario propio del periodo de sesiones. El texto lleva más de un año varado en comisión, sin ni siquiera ponencia desde que finalizó la prórroga para la presentación de enmiendas en noviembre de 2021.

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Fuentes del PNV justifican la reanudación de la ponencia al considerar que hay "avances suficientes" para llegar a un acuerdo, según su lectura de lo constatado en el grupo de trabajo constituido para desbloquear esta iniciativa. Socialistas y morados también son optimistas, pese a la persistencia en el bloqueo de ERC y EH Bildu. El ciclo electoral obliga a acelerar las negociaciones para que el desbloqueo de las leyes pendientes de tramitación no se demore más allá de febrero. Esta es la fecha tope a partir de la cual se considera entre los grupos parlamentarios que la actividad legislativa entrará en barrena al verse condicionada por la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Desde el PSOE, no están dispuestos a asumir cambios en la presunción de veracidad de los miembros de los distintos cuerpos policiales. El artículo 52 de la ley de seguridad ciudadana protege la versión de los agentes e indica que en los procedimientos sancionadores que se instruyan las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que presencian lo sucedido “constituirán base suficiente”. La mera indicación de un agente basta así para multar.

Aunque los independentistas buscan enmarcarlos en materia de desobediencia, fuentes de la dirección del grupo socialista aducen que se abriría una puerta peligrosa, por ejemplo, para combatir la lucha contra el narcotráfico. Para los republicanos, se trataría de reducir “la persecución” y lo que denominan “el resto de la agenda antirrepresiva”. Pretenden así limitar las sanciones impuestas a aquellas personas que participaron tanto en los disturbios que tuvieron lugar durante el 1-O como en las manifestaciones celebradas en 2019 después de que se hiciera pública la sentencia del procés. La restricción del uso de las pelotas de goma es otro de los asuntos en los que tampoco están dispuestos a ceder, al considerar que ya existen protocolos claros que las limitan para casos muy determinados de alteración grave del orden público.

El PSOE no está dispuesto a acotar la presunción de veracidad de los agentes de policía

En lo que sí hay avances es respecto a la modificación de la parte de la ley relativa a la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales, así como en la reducción de las sanciones por desobediencia a la autoridad. En la actual ley, las infracciones consideradas muy graves se sancionan con hasta 600.000 euros y las graves con hasta 30.000 euros, afectando directamente a los promotores de distintas concentraciones independentistas. Entre las consideradas muy graves se incluyen las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas “en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad”.

PSOE y Unidas Podemos ya llegaron al grupo de trabajo para abordar la reforma, junto a ERC, PNV, EH Bildu y JxCAT, con un pacto previo para flexibilizar el régimen sancionador. A pesar de no hacer referencias explícitas a la desobediencia, socialistas y morados acordaron “reducir las multas que son excesivas y, en todo caso, aplicar siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado”. Asimismo, se pactó modificar los artículos referentes al derecho de reunión para que la ausencia de comunicación previa de una manifestación no impida su ejercicio, siempre que sea de forma pacífica.

Reducción de multas

La ley establece en su artículo 35 como infracciones muy graves, con sanciones de 30.001 a 600.000 euros, "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas". En el caso de las reuniones y manifestaciones, serán responsables los organizadores o promotores. Se considera igualmente una infracción muy grave "la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público", así como "la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad".

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La otra pata del preacuerdo tiene que ver con conciliar la protección de la intimidad de los agentes y su seguridad o la de sus familias con "las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación" para evitar sanciones por la difusión de imágenes. De este modo, se desactivará parte del actual texto que recoge en su apartado 36.23 que se castigará "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". Un precepto que además fue anulado por el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que se avaló el grueso de la ley mordaza. No se podrá, por tanto, sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.

La ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza son las dos principales iniciativas del programa de coalición que el Gobierno tiene pendientes de desbloquear en un apretado calendario legislativo marcado por el inicio del ciclo electoral de 2023. Si bien los socios coinciden en valorar los avances respecto a la primera, y confían en desbloquearla en las próximas semanas, en la segunda persisten los puntos de fricción y las líneas rojas. La reactivación de la ponencia no ha servido para avanzar en las negociaciones, con posiciones que siguen alejadas, principalmente entre los socialistas y los independentistas.