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El ciclo electoral pone en riesgo las reformas económicas ligadas a los fondos europeos
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PLAN DE RECUPERACIÓN

El ciclo electoral pone en riesgo las reformas económicas ligadas a los fondos europeos

Los socios se alejan de la agenda económica comprometida con la Comisión Europea para lo que queda de legislatura. Varias reformas penden de un hilo y con ello el desembolso de este dinero, ligado a su cumplimiento

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE/EPA/Stephanie Lecocq)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE/EPA/Stephanie Lecocq)
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La aprobación de los presupuestos de 2023 garantiza a Pedro Sánchez el objetivo de llegar al final de la legislatura, pero no la estabilidad política necesaria para cumplir con los hitos pendientes del plan de recuperación pactado con Bruselas. La agenda económica comprometida con la Comisión Europea para lo que queda de mandato está en el aire y con ello el desembolso periódico de los fondos europeos, ligados a su cumplimiento. El contexto electoral aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición, de reformas impopulares con costes electorales que se han dejado para el último tramo. Entre ellas, el segundo paquete de la reforma de las pensiones, el plan de movilidad sostenible con los peajes en las autovías o la reforma fiscal con la subida de tributos.

La euforia del Ejecutivo tras la aprobación de sus terceras cuentas públicas choca con las resistencias que vienen manifestando y todavía mantienen los socios sobre estas reformas sensibles. Máxime en periodo electoral, con las elecciones municipales y autonómicas en mayo y las generales a finales del próximo año, cuando los partidos buscan marcar distancias y perfil propio. A un mes escaso de que se cumpla el plazo marcado por la UE para sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones, los apoyos están en el aire.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la votación de los Presupuestos en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

Dentro el Ejecutivo, Unidas Podemos se opone a alargar el cómputo de las pensiones, que califica como un recorte, y avanzan que la posibilidad de acuerdo estaría todavía "bastante verde". Ni siquiera introduciendo elementos correctores, como excluir los peores años de este cálculo, lo que lleva el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a referirse a una "adecuación" en lugar de a un aumento del cómputo.

De aprobarse vía decreto en el Consejo de Ministros antes de finalizar el año para cumplir con el calendario, publicando la reforma en el BOE antes del 1 de enero, el Ejecutivo deberá contar posteriormente con el apoyo del Congreso para su convalidación. Los contactos con los socios están siendo solamente superficiales, según apuntan fuentes de estos grupos parlamentarios. Para poder profundizar en contenidos y posicionarse esperan a conocer el proyecto, pero parten de un rechazo casi unánime a alargar el periodo cómputo. Desde ERC apuestan por la discreción en esta negociación, pero reconocen que "queda mucho terreno por recorrer". EH Bildu ya se abstuvo en la votación de la primera parte de la reforma, que era la menos polémica. En contra se posicionaron PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.

La euforia del Ejecutivo tras la aprobación de los PGE choca con las resistencias de los socios a estas reformas sensibles

El uso del decreto para poder cumplir con el calendario marcado por Bruselas ha sido algo habitual por parte del Gobierno, pese a las críticas del resto de partidos. Bruselas exige como comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las reformas. La vía fácil y rápida para ello es su aprobación en el Consejo de Ministros vía decreto ley. Una fórmula que tampoco está exenta de riesgos si no se cierra un acuerdo previo con los socios. Esto fue lo que ocurrió con la reforma laboral, otro de los hitos del plan de recuperación, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP.

El decreto para la regularización de los interinos también estuvo a punto de decaer por el rechazo en el Congreso a su convalidación. En la primera votación se produjo un empate y solo logró obtener luz verde, por tan solo un apoyo de diferencia, después de que una diputada díscola de Unidas Podemos cambiase su no por una abstención en la repetición de la votación. El decreto sirve asimismo como arma de presión. Si no sale adelante, se ponen en peligro las millonarias transferencias descargando la responsabilidad en los partidos que rechacen la reforma. Entre los socios preferentes del Ejecutivo están, además, PNV y ERC, que gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y cuyos presupuestos regionales dependen también de los fondos de recuperación.

Foto: Sánchez en el Congreso junto a Calviño y Ribera. (EFE/Fernando Alvarado)

En el primer trimestre de 2023, el Gobierno tiene comprometida la aprobación de una reforma fiscal. Este hito se marca para adecuar la imposición fiscal a la media europea, al estar unos siete puntos por debajo en el momento de realización del plan. Con todo, se incluyen en este componente otros gravámenes ambientales como el impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, que Hacienda ya evitó incluir en los presupuestos del próximo año. En las primeras cuentas públicas de la legislatura, el PNV pactó con el Ejecutivo congelarlo (después de que Hacienda propusiese un alza de 3,8 céntimos por litro de gasóleo A) para facilitar su apoyo a la tramitación del proyecto presupuestario.

El sistema de peajes en las autovías cuenta con un rechazo unánime y hasta el propio Ministerio de Transportes niega que se vaya a implantar. El componente C28, sin embargo, hace referencia a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" dentro del paquete de reformas en materia de movilidad sostenible. Una medida que aplicarse en el cuarto trimestre de 2023, lo que podría coincidir con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral.

La aplicación del peaje en las autovías está comprometida para el cuarto trimestre de 2023

Con todo, para asegurar los fondos europeos, la llamada viñeta deberá estar implantada antes de que remate la legislatura o dejarla lista para el arranque de la próxima. La intención es que posteriormente se pase a un pago por kilómetro, un sistema implantado en países como Alemania o Portugal en el que los conductores pagan por distancia recorrida. La oposición del socio minoritario a esta medida es frontal, al considerarla una carga para la clase trabajadora. Solo estarían dispuestos a negociarla si se exime de su pago a las rentas bajas y medias y a los profesionales del transporte.

La estabilidad que el Gobierno ha asociado a la aprobación de las terceras cuentas públicas de la legislatura, en tiempo y forma, no está garantizada, por tanto, para lo que queda de legislatura. De hecho, la ley de vivienda, otro de los hitos incluidos en el plan de recuperación, está ya fuera de plazo. La norma se comprometió para su aprobación en el Congreso en el tercer trimestre de este año. Las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas para intentar desbloquearla antes de final de año. El flujo de los fondos de recuperación asciende a 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.

La aprobación de los presupuestos de 2023 garantiza a Pedro Sánchez el objetivo de llegar al final de la legislatura, pero no la estabilidad política necesaria para cumplir con los hitos pendientes del plan de recuperación pactado con Bruselas. La agenda económica comprometida con la Comisión Europea para lo que queda de mandato está en el aire y con ello el desembolso periódico de los fondos europeos, ligados a su cumplimiento. El contexto electoral aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición, de reformas impopulares con costes electorales que se han dejado para el último tramo. Entre ellas, el segundo paquete de la reforma de las pensiones, el plan de movilidad sostenible con los peajes en las autovías o la reforma fiscal con la subida de tributos.

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