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Sánchez sortea vía decreto la amenaza de sus socios de tumbar reformas de los fondos UE
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Sánchez sortea vía decreto la amenaza de sus socios de tumbar reformas de los fondos UE

La reforma de las pensiones, los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevas figuras como el impuesto al diésel son los principales puntos de fricción

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Emilio Naranjo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Emilio Naranjo)
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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene prácticamente amarrados los presupuestos del próximo año para asegurarse llegar al final de la legislatura, pero no las reformas comprometidas con Bruselas que le permitan el acceso a los fondos europeos con los que busca impulsar su reelección en 2023. Esto es al menos lo que vienen advirtiéndole insistentemente sus socios parlamentarios, de los que depende su Ejecutivo en minoría, durante los últimos debates en el Congreso. Incluso el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ha incrementado sus amenazas. La reforma de las pensiones, los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel están convirtiéndose ya en los principales puntos de fricción. Hitos comprometidos con la Comisión Europea, que monitorizará periódicamente para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.

Bruselas exigirá como comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las reformas. La vía fácil y rápida para ello es su aprobación en el Consejo de Ministros vía decreto ley. Así se hará con la reforma laboral el próximo mes de diciembre, según avanzan fuentes del Ministerio de Trabajo, y así está previsto hacer con las reformas más polémicas y cuyos plazos de aplicación comprometidos con las autoridades europeas peligren. Este fue el caso del decreto para la regularización de los interinos (reducción de temporalidad en el empleo). Se aprobó vía decreto para cumplir con el plazo fijado para el segundo trimestre de este año de la reforma R1 del componente 11: “Entrada en vigor del acto legislativo para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas”.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Fernando Alvarado)

Los socios del Gobierno amenazaron con tumbarlo por la falta de negociación previa y su rechazo al texto aprobado por el Ejecutivo, aunque finalmente salió adelante a cambio de que se tramitase de forma urgente como proyecto de ley para introducir cambios vía enmiendas. Se aprobó con el escaso margen de un voto. Hasta una diputada de Unidas Podemos rompió la disciplina de voto, provocando un empate y obligando a repetir la votación. Tras votar en contra en un primer momento, en la segunda votación se abstuvo, salvando así 'in extremis' la tramitación del decreto.

Fue un mensaje para el Ejecutivo, con la finalidad de que no abusase de los decretos para sacar adelante reformas de calado sin negociación previa. Sin embargo, parece que será una metodología que se seguirá repitiendo. Además de asegurarse el cumplimiento de los plazos y el reflejo de las reformas en el BOE en los términos comprometidos con Bruselas, aunque no gusten a sus socios, el decreto es un arma de presión. Si no sale adelante, se ponen en peligro las millonarias transferencias descargando la responsabilidad en los partidos que rechacen la reforma. Entre los socios preferentes del Ejecutivo, además, se encuentran PNV y ERC, que gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y cuyos presupuestos regionales dependen también de los fondos de recuperación. Los que acaba de presentar la Generalitat, por ejemplo, recogen un aumento histórico de la inversión basado en estas transferencias.

Además de asegurarse el reflejo de las reformas en el BOE en los términos comprometidos con Bruselas, el decreto es un arma de presión

Las negociaciones se postergan, si se acuerda tramitar vía proyecto de ley, y con ello los cambios que puedan ocasionar problemas al Gobierno. Se gana tiempo, sobre todo con las reformas más polémicas, y se van desbloqueando los fondos. Aunque se tramite por vía urgente, desde la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Unidas Podemos, se puede postergar a base de prórrogas al periodo de enmiendas. Una práctica que en esta legislatura se ha hecho habitual, bloqueando tramitaciones hasta el punto de que el Gobierno ha llegado a autoenmendarse a base de nuevos decretos, como en el caso del ingreso mínimo vital. Pero también existen riesgos. No solo que el decreto pueda decaer si no es avalado por el Congreso, sino hasta qué punto los cambios que se exijan para salvarlo a través de su tramitación como proyecto de ley desvirtúen el hito comprometido en el plan de recuperación.

El abuso de la figura del decreto es una de las críticas recurrentes entre las formaciones del bloque de investidura, afeando principalmente al Ejecutivo que no negocie previamente, a pesar de estar en minoría. Su capacidad de presión mengua. A todo ello hay que añadir el hecho de que el plan de recuperación se ha negociado entre el Gobierno y la Comisión Europea, sin pasar previamente por el filtro del Congreso, como en otros países, ni siquiera haber sido debatido. Hasta pocas horas antes de publicarse el 'operational agreement' o contrato de aplicación del plan de recuperación, Sánchez incluso negaba desde la tribuna del Congreso que los fondos estuviesen sujetos a condicionalidad alguna, ante el cuestionamiento del líder de la oposición, Pablo Casado.

Foto: La manifestación de la España vaciada en Madrid de marzo de 2019. (EFE)

Desde la publicación el pasado jueves del contrato de aplicación del plan de recuperación, todos los focos se han dirigido a la reforma de las pensiones. La confirmación en los hitos comprometidos de que se ampliará el periodo de cálculo para las pensiones ha puesto en pie de guerra no solo a los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino también al sector morado del Gobierno. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, advertía el pasado viernes de que su formación “no va a aceptar ningún recorte” en las pensiones. Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, comandado por Yolanda Díaz para negociaciones como la de los presupuestos, añadía que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar".

Las explicaciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no han convencido a los partidos de los que depende que la reforma salga adelante. Más bien han confirmado sus peores presagios. Entre los morados y entre los socios parlamentarios. ERC ya ha amenazado con tumbar el primer bloque de la reforma de las pensiones, supuestamente el que más consenso genera y que ha sido pactado con los agentes sociales. El proyecto se debatirá próximamente en el pleno del Congreso, y los morados llegaron a presentar enmiendas propias que chocaban con las pretensiones del ministro Escrivá. Finalmente, Yolanda Díaz ordenó a los suyos retirarlas para no interferir con lo pactado en el diálogo social. El calendario comprometido con Bruselas para que el BOE recoja el último hito de la reforma de las pensiones está fijado para finales de 2022.

Foto: Peaje situado en una carretera de Cataluña. (EFE/Quique García)

El plan de peajes en las autovías tampoco cuenta con el apoyo del socio minoritario del Ejecutivo. Una medida que ya han avanzado que no apoyarán. "Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", se encargaba de advertir el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique. El plazo comprometido con Bruselas para tenerlo diseñado está fijado en el primer trimestre de 2022, al igual que la reforma fiscal, otro de los hitos sobre los que se anticipan tensiones. Su aplicación, en cambio, no se tendría que producir hasta 2024. Una polémica e impopular medida que se postergaría hasta después de las próximas elecciones generales, de llevarse a término la legislatura.

El Ejecutivo podrá ir desbloqueando los fondos y postergando los debates más polémicos en el Congreso, pero las piedras que vaya despejando se acumularán al final del camino. No sin el riesgo de un clima social reacio a algunas reformas o de que se produzcan movilizaciones sindicales en caso de que se consumen lo que consideran "recortes" en las pensiones. Un ministro morado advertía a este respecto, aunque haciendo referencia a la derogación de la reforma laboral, de que "los sindicatos tienen una herramienta que es la huelga general, y las huelgas tumban gobiernos". Sánchez fía su reelección en buena medida a los fondos europeos, pero antes deberá sobrevivir a algunas de las reformas más polémicas que condicionarán las transferencias.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene prácticamente amarrados los presupuestos del próximo año para asegurarse llegar al final de la legislatura, pero no las reformas comprometidas con Bruselas que le permitan el acceso a los fondos europeos con los que busca impulsar su reelección en 2023. Esto es al menos lo que vienen advirtiéndole insistentemente sus socios parlamentarios, de los que depende su Ejecutivo en minoría, durante los últimos debates en el Congreso. Incluso el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ha incrementado sus amenazas. La reforma de las pensiones, los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel están convirtiéndose ya en los principales puntos de fricción. Hitos comprometidos con la Comisión Europea, que monitorizará periódicamente para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026.

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