Bruselas exige a Sánchez tener diseñado el plan de los peajes en autovías en un plazo de cuatro meses

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener diseñado en menos de cuatro meses, antes de finales del primer trimestre de 2022, el modelo de "peajes en carreteras". El Ejecutivo, por su parte, prefiere huir de este término y hablar de "pago por uso", pero la Comisión Europea se muestra inequívoca. En el 'operational agreement' o el contrato de aplicación del plan de recuperación español pactado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las autoridades comunitarias, se establece que antes de culminar marzo del próximo año tendrá que estar trazado, al menos, el plan de pago por circular por vías rápidas que el Gobierno quiere implantar a finales de esta legislatura o principios de la próxima.

El Ministerio de Transportes llegó a pactar con la Comisión tener lista una completa revisión de los llamados 'impuestos medioambientales' en el primer semestre de 2022, antes del 30 de junio. Pero esos planes ahora se aceleran y el Gobierno acuerda disponer de esa concreción antes del 31 de marzo del próximo año. "La reforma prevé un análisis del impuesto de matriculación, del impuesto de circulación o de pagos como los peajes en carreteras". Con estas medidas sobre la mesa, Bruselas busca promover "un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".

La Comisión no exige a España una implementación inmediata de los peajes, sino un modelo concreto que esté publicado en esa fecha en la página web del Ministerio de Hacienda, acompañado de la documentación que justifique cómo se va a cumplir el "hito", que es como denomina la UE a los compromisos de los que depende el desembolso de los fondos europeos. También tendrá que especificarse cómo el Gobierno plantea cumplir con su promesa, según se puede leer en el componente C28.R4, el relativo a la reforma fiscal, que actualmente se encuentra pendiente de las conclusiones del comité de expertos que llegarán en febrero.

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El Gobierno, la parte socialista del mismo, en concreto, ya ha asumido que circular gratis por las carreteras españolas se va a acabar. Los plazos comprometidos con Bruselas son estos y el tiempo para implantar el modelo elegido es finales de 2023. Con este calendario, el plan de peajes que está diseñando el Ministerio de Transportes contempla, primero, implantar la llamada viñeta, que ya es obligatoria en países como Austria o Suiza, y, a continuación y más a medio plazo, el pago por kilómetro. En este segundo modelo, que ya está vigente en Alemania o Portugal, los conductores pagan por la distancia que recorren. Transportes está trabajando con un esquema en el que los turismos abonarían un céntimo por kilómetro.

Pagar un céntimo por kilómetro es, según explican fuentes del Gobierno, una cifra muy inferior a lo que se abona en otros países europeos por el uso de las autovías o autopistas. El precio medio en Italia, por ejemplo, es de siete céntimos por kilómetro. De esta forma, Transportes plantea un escenario inicial en el que el sistema que se implante en España sea de los más bajos de la Unión Europea. El Ejecutivo también defiende que el proyecto rebajará el precio medio de los actuales peajes. En este momento, un conductor que circule por las concesiones del Estado tiene que pagar de media 10 céntimos por kilómetro en el caso de disponer de un vehículo ligero y 0,17 o 0,22 euros con uno pesado. La tarifa promedio es 0,11 euros por kilómetro, según datos de la Dirección General de Carreteras. La máxima que quiere aplicar el ministerio es que “muchos conductores paguen un poquito, y no al revés”.

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Las explicaciones que ofrece el Gobierno sobre la implantación de los peajes contrastan con las que se recogen en el contrato de aplicación del plan de recuperación firmado junto a Bruselas. De esta forma, mientras la Comisión habla de una medida encaminada a la implementación de formas de transporte más sostenibles, el Ministerio de Transportes se remite a la necesidad de sufragar el mantenimiento de las vías de circulación y a que España es el país europeo que tiene menos kilómetros de autovías y autopistas de pago. Poco más de 2.000.

El problema, según el Ejecutivo, es de conservación. La Asociación Española de Carreteras (AEC) estima que el déficit de inversión en dicho asunto en toda la red estatal alcanzó los 2.376 millones en 2019. El ministerio, por su parte, eleva este desajuste en el mantenimiento a unos 3.000 millones. Si se incluye la red viaria gestionada por las comunidades autónomas y las diputaciones, el agujero ascendería a los 8.000 millones, según el Gobierno. Con los peajes, añaden, se podrían desligar de los presupuestos generales los trabajos de reparación de las carreteras.

Unidas Podemos, socio del PSOE, ya ha mostrado su oposición a implantar un sistema de cobro generalizado. “Lanzan un globo sonda sobre la posibilidad de pagar peaje en las autovías. Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales”, advirtió el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique. Fuentes del grupo confederal añadían en las últimas horas que con su voto no se aprobará una medida así en el Congreso.

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Respecto a las figuras fiscales complementarias que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reformar, se encuentran los citados impuestos de circulación y de matriculación, que también deben estar concretados antes de finalizar el primer trimestre de 2022. También una subida del impuesto del diésel, que actualmente se encuentra congelada (en los presupuestos de 2020 se incluyó un alza de 3,8 céntimos por litro de gasóleo A, pero el PNV la frenó), Hacienda se compromete con Bruselas a abordar su revisión en el mismo periodo de tiempo, una vez conocidas las conclusiones del comité de expertos. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmaba esta semana que descartaba abordar esta medida a corto plazo. Pero en marzo, esta revisión estará sobre la mesa, más si cabe cuando Bruselas exige elevar la fiscalidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto a la tasa específica a los gases fluorados, el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del próximo 30 de junio.