ERC y una diputada de Podemos salvan el decreto del Gobierno sobre los interinos

El Gobierno logró salvar la votación en el Congreso del decreto para la regularización de los interinos, denominado de estabilización del empleo público, y cumple así con uno de los primeros hitos pactados con la Comisión Europea de cara a recibir los fondos del plan de recuperación. Las negociaciones se alargaron hasta la madrugada y se volvieron a retomar esta mañana sin que no fuese hasta el último momento cuando la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, consiguió que una parte de sus socios parlamentarios del Ejecutivo no votasen en contra del texto y, principalmente, que ERC lo hiciese a favor. Al final, la votación en el Congreso dejó 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. Y eso que el suspense duró hasta el último momento, cuando tras un empate se tuvo que volver a registrar la votación.

Fue una diputada de Unidas Podemos, Rosa Medel, quien rompió la disciplina de voto de su grupo en dos ocasiones. Según fuentes del entorno, primero votó que no porque consideraba que el contenido era insuficiente (la lucha de la interinidad es una de sus banderas políticas) y, en segunda votación, decidió no votar para inhibirse y permitir que el decreto siguiera adelante. En último término, ella salvó el decreto.

El apoyo de los republicanos es clave. Para ello se pactó tramitar el decreto como proyecto de ley y así poder introducir las enmiendas acordadas, como que las oposiciones no sean eliminatorias y eximir de ellas a interinos de 10 años. Desde ERC, con todo, hablaron sobre "aviso a navegantes" tras haber cambiado su posición a última hora y su diputada Pilar Vallugera concluyó su intervención advirtiendo al Gobierno que "tienen una última oportunidad para cumplir con sus acuerdos".

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Más allá de los contenidos, el reproche común de los grupos parlamentarios que facilitan la estabilidad al Ejecutivo fue que el PSOE actuase como si tuviese mayoría absoluta. Desde el PNV, su diputado Mikel Legarda remarcó una "abstención crítica", se criticó “el abuso” de la figura del decreto ley por parte del Gobierno, aunque optó por no votar en contra “por responsabilidad” y tras lograr “avances” de última hora en las negociaciones. Pese a las “grandes diferencias con la forma y con el fondo", los nacionalistas vascos reconocieron “líneas de avance para corregir los aspectos más lesivos” en la regulación para la reducción de la temporalidad y de ahí su posición final.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, formación que votó en contra del decreto, fue una de las voces más críticas con el Gobierno. "Ustedes no han dialogado previamente, no han intentado recoger las diferentes visiones y acordar, redactaron un decreto sin ninguna conversación previa, lo aprobaron sin contar con nadie, y lo traen aquí esperando que las fuerzas progresistas traguemos y lo aprobemos porque sí, porque ustedes lo dictan".

Centrándose en los contenidos, la portavoz de los soberanistas vascos tildó el decreto de "parche" y de que, "lejos de atajar la temporalidad, este decreto añade más incertidumbre a las miles de personas que se encuentran en esta situación". Y un último aviso: "Son ustedes los que deben ganarse el apoyo de los grupos, no al revés. Son ustedes los que deben compartir la agenda legislativa y ser permeables a las demandas que les hacemos las fuerzas de izquierda, y a las que les hacen los colectivos afectados por sus leyes. No esperar que les apoyemos porque sí. Así ni se gobierna, ni se avanza, ni se afianza la mayoría progresista que existe en esta cámara".

El mensaje de los socios parlamentarios de Sánchez de cara a la negociación de los Presupuestos es claro. Se trata de un aviso para encarrilar los acuerdos sobre las cuentas con otra disposición, ahora que el Ejecutivo depende únicamente de sus socios tras haber enterrado la geometría variable con Cs tras la concesión de los indultos. “Tienen que cambiar de talante”, advertían desde uno de los grupos parlamentarios que apoyaron tanto la investidura como los actuales Presupuestos. El recado, además, se personaliza en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien deberá liderar las negociaciones de los PGE, ya que tras la remodelación del Gobierno ha asumido las competencias del Departamento de Función Pública, encargado del desarrollo de este decreto.

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Montero subrayó en la tribuna la "urgencia" para llevar a cabo esta medida a la vista de pronunciamientos judiciales, así como por los "compromisos asumidos por España con la UE". En concreto, se trata de la reforma R1 del componente 11: “Entrada en vigor del acto legislativo para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas”. El Ejecutivo se comprometió a tener listo este cambio normativo en el segundo trimestre del año, fecha que incumplió por unos días, ya que el RDL vio la luz en el Consejo de Ministros del 6 de julio.

Uso de mascarillas

El otro decreto que podía incomodar al Gobierno era el relativo a la retirada de mascarillas en el exterior, pero finalmente el Ejecutivo lo sacará adelante sin mayor problema. La ministra del ramo, Carolina Darias, dejó muy claro que el contenido de la norma establece “la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores si no hay distancia de seguridad de un metro y medio”, reprochando a los grupos el mensaje de que el decreto lo que hacía era apostar por la retirada de los cubrebocas.

En el debate ya se confirmaron los apoyos. Ciudadanos y Bildu respaldaron el decreto. El partido naranja, con el diputado Guillermo Díaz desde la tribuna, insistió en que “no hace falta ir más allá de lo necesario en las restricciones”, considerando que el contenido del decreto era el justo. También la izquierda abertzale pidió “no aplicar restricciones de más”, dando por hecho que la ciudadanía ya está actuando con responsabilidad. Eso sí, su portavoz parlamentaria reconoció que “lo que se puede decidir hoy puede no servir para mañana”, en vista de los datos que deja la quinta ola. Vox, ERC, PNV y el BNG anunciaron su abstención, mientras que el Gobierno también cuenta con el voto afirmativo de PDeCAT, Junts, Compromís y Más País.