Los expedientes del indulto: "Los presos ya han pagado un alto precio penal"

El Gobierno justifica la concesión de los indultos a los presos del 'procés' apoyándose de forma exclusiva en la utilidad pública que, según su criterio, supone el deber de "asegurar la convivencia libre y pacífica". Según indican los expedientes en los que se basa la decisión, a los que ha tenido acceso El Confidencial, la falta de un equilibrio en la convivencia provocaría un daño a otros valores como son la prosperidad social, el crecimiento económico o el bienestar individual y familiar. Añade que, con este gesto los ciudadanos catalanes entenderán que pueden expresar sus opiniones en libertad y justifica que la conducta no ha quedado impune, puesto que ya han pagado por ello "un alto precio".

A lo largo de más de 30 páginas, el Gobierno despliega una argumentación que ha decidido mantener reservada. En ella indica que pese a ser consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 ha considerado que la concesión de los indultos puede contribuir, en el momento social y político que atraviesan tanto Cataluña como el resto de España, al objetivo de conciliar y apaciguar.

Recuerda que el perdón llega cuando los nueve presos, que verán extinguida la pena de prisión que les queda por cumplir aunque mantendrán la inhabilitación, "han debido pagar un alto precio penal". "Quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos. Ignoraron al menos a la mitad de la sociedad catalana e ignoraron al resto de la sociedad española. Ignoraron sus sentimientos y sus deseos, ignoraron sus legítimas expectativas, ignoraron sus derechos. Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban", reprocha.

Pese a ello, destaca que la democracia española no puede "olvidarles". "Tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017", dice y añade que esos ciudadanos podrán ver en libertad "a sus líderes" y "comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad".

Uno de esos "líderes" es el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. En el expediente de su indulto, adelantado por Europa Press, el Gobierno reconoce su actitud en la "búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña", así como el "abandono público de la vía unilateral" que —justifica el Ejecutivo— ha evidenciado en varias ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR

Junqueras descarta la vía unilateral y dice que los indultos pueden "aliviar el conflicto"

B. Tena

En el texto, el Gobierno valora que la apuesta de Junqueras "por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida". "Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos", asegura Justicia en el expediente.

Es más, el ministerio de Juan Carlos Campo destaca que "la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado".

En un sentido similar, los expedientes de indulto del que fuera líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell valoran del primero su reciente apuesta por el diálogo a través de una publicación en el diario 'Ara' y de la segunda, que haya realizado autocrítica de su actuación en el 'procés'

El Gobierno pone el acento en que el castigo penal "ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto"

El caso del también exconsejero Jordi Turull es diferente. Su expediente, recogido por Europa Press, apunta que el dirigente catalán no ha hecho autocrítica ni se ha arrepentido, pero justifica la medida de gracia porque "satisface" el "bien común de España" y "se configura como una decisión estrictamente política" cuya finalidad "está por encima de intereses, razones y criterios individuales".

El departamento dirigido por Juan Carlos Campo reconoce en la propuesta que, aunque los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Turull "no le hacen personalmente merecedor del indulto", su puesta en libertad puede "favorecer objetivamente la vía del diálogo".

La argumentación del Gobierno pone el acento en que el castigo penal "ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto como la que vive la sociedad catalana" y señala su efecto contraproducente. "En ocasiones, el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo", indica.

La argumentación también destaca que la convivencia democrática entre catalanes se ha visto afectada por estos hechos lo que ha condicionado negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizado "la superación del conflicto existente". "A raíz de los acontecimientos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 y sus consecuencias —políticos presos incluidos—, las vías de comunicación entre las fuerzas independentistas y el resto del espectro político español, empezando por el propio Gobierno, se vieron gravemente deterioradas", reconoce.

Crispación

Agrega a continuación que en Cataluña y, por extensión, también en buena parte de España, el debate público ha quedado contaminado y la actividad institucional seriamente afectada por "dinámicas de confrontación impropias de un sistema democrático como el nuestro". Para el Gobierno, "la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana", irradia sus efectos sobre el conjunto de España. "La polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia ha alcanzado en la última década un altísimo grado de intensidad, generando una creciente crispación en la escena social y política que, desde el Gobierno vemos con preocupación y estamos dispuestos a tomar decisiones para paliarla", dice.

Por ello, indican los expedientes, mantener en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente. Vuelven a referirse a la ciudadanía y pone de manifiesto que el Gobierno sabe que una parte importante de la ciudadanía catalana "comparte los objetivos políticos" de los encarcelados. Todos ellos tienen -agregan- "un importante valor simbólico para el independentismo y para quienes, no siendo independentistas, consideran injusta esa situación".