Los socios de Sánchez le dan dos años de vida, pero le pasarán las facturas pendientes

Los socios parlamentarios del Gobierno fían la estabilidad de la legislatura a una serie de demandas que han comenzado a poner sobre la mesa con vistas a la negociación de los próximos Presupuestos, en los que trabaja ya el Ministerio de Hacienda. Desde la reforma del sistema de financiación autonómica hasta la derogación de la reforma laboral, pasando por la regulación de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional o materializar una serie de traspasos de competencias. "La política de las cosas", enfocada en el corto plazo, pero sin dejar de insistir en el caso de las formaciones independentistas en su máxima del referéndum, aun evitando plazos. El propio Pedro Sánchez ya quiso anticiparse a sus intervenciones en este plano al verbalizar su rechazo a una reforma constitucional para facilitar un referéndum.

Los representantes de las formaciones que apoyan al Ejecutivo coincidieron durante el pleno de este miércoles, que por momentos adquirió tintes de una suerte de debate sobre el estado de la nación, en fijar un horizonte de dos años más de legislatura, para llevarla a término. Eso sí, recordando tanto las facturas pendientes como nuevas reivindicaciones para seguir sosteniendo a un Ejecutivo de coalición en minoría que, además, ya no podría ni aspirar a practicar una geometría variable con Ciudadanos.

Elocuente fue el líder de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, quien desde la tribuna le auguró futuro a la legislatura con la mayoría de la investidura, pero advirtiéndole al presidente Sánchez sobre la necesidad de que se aleje de “la tentación de ir de ‘sobrado” ya que, “con una Cámara como esta, hay que pactar”. El reparto de los fondos europeos es la principal prioridad del PNV en estos momentos. Junto a ello, concertar los impuestos pendientes, el traspaso del ingreso mínimo vital y acelerar las obras del Ave vasco.

Desde EH Bildu dan igualmente por hecho que la legislatura llegará a término, haciendo hincapié en su nueva estrategia de combinar "responsabilidad" con "exigencia". "Quedan dos años, señor Sánchez" o "tiene dos años para tomar un camino que abra un nuevo tiempo político en el Estado" son algunas de las frases que utilizó su portavoz, Mertxe Aizpurua, para mostrar su apoyo al Ejecutivo a cambio de tomar "algunas de las decisiones que esperamos en lo que resta de legislatura". Entre estas, enumeró un paquete de "políticas progresistas" como "implantar impuestos especiales a los ricos, a la banca y las multinacionales", regular los alquileres o subir el SMI. Estas dos últimas cuestiones las está negociando también Unidas Podemos en el seno del Gobierno. "A usted le sostiene una mayoría progresista y plurinacional. Una mayoría que espera políticas progresistas y de izquierda y soluciones democráticas a los conflictos nacionales", resumió la portavoz de Bildu.

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Todas las miradas comienzan a situarse en los Presupuestos y desde el Gobierno son conscientes de que para sacarlos adelante deberán reeditar la mayoría que ya apoyó las actuales cuentas. Los indultos cierran definitivamente la vía transversal con Ciudadanos, mientras que su aprobación refuerza el bloque de investidura. Sin embargo, estos últimos ponen sus miras más allá y, con matices entre ellos, coinciden en que salida al conflicto territorial pasa por un referéndum pactado. Una línea roja para el Ejecutivo central, pero sobre la que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ironizó recordando que Sánchez también negó en su día los indultos. "Denos tiempo", aseguró.

Fuentes del Gobierno insistían tras el pleno en que, mientras el PSOE esté en el Gobierno, ni se aceptará un referéndum de autodeterminación ni se permitirá que se vuelva a intentar ilegalmente como en 2017. Enmarcaban también las palabras del portavoz de los republicanos en un "mensaje para los suyos", una escenificación que diferencian de una supuesta voluntad en privado de remar hacia posiciones más pragmáticas.

Comisión bilateral

Este pragmatismo se materializaría en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que acordaron reactivar Pedro Sánchez y Pere Aragonès. En este espacio se tratarán, principalmente, cuestiones relacionadas con las inversiones en infraestructuras, pero también traspasos. Cuestiones que podrían incluirse ya en los Presupuestos de 2022.

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Aragonés, además, busca priorizar compromisos en traspasos para reforzar un perfil de gestor y con resultados tangibles tras llegar a la Generalitat, habida cuenta de que se trata del primer 'president' de ERC desde los años 30 y de que afronta una legislatura corta condicionada por una cuestión de confianza a mitad de mandato, según lo pactado con la CUP.

Más allá de las posiciones de máximos y la exhibición de puertas hacia afuera de demandas como la autodeterminación y la amnistía, los republicanos no esconden su intención de arrancar al Gobierno concesiones para gestionar las "infraestructuras claves del país". "Puerto de Barcelona, aeropuerto del Prat y Consorcio de la Zona Franca", enumeraba Aragonès hace unos días en la XXXVI Jornada del Círculo de Economía, concluyendo que "la gestión de proximidad es lo que marcará la diferencia".

Los desacuerdos sobre la gestión del aeropuerto del Prat fueron precisamente el detonante por el que ERC acabó oponiéndose al Estatut catalán en 2006 en el Congreso. Una posición que comenzó a forzarse desde las juventudes de ERC de las que era portavoz Pere Aragonès. Ahora, 15 años después y al frente de la Generalitat, podría cerrarse el círculo arrancando las negociaciones con el foco en el mismo asunto por el que ERC justificó su rechazo al texto del Estatut aprobado en la Cámara Baja.

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Las inversiones en infraestructuras, una "deuda histórica", según los independentistas, que siempre formó parte de las reivindicaciones de CiU en alusión a la disposición adicional tercera del Estatut, volverían a situarse en un primer plano. En coordinación con el Ministerio de Hacienda, se está trabajando ya en el traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la Justicia.

Estabilidad política

Los republicanos anhelan asentar su frágil hegemonía en el campo del independentismo y para ello tienen que hacerse con las banderas que en su día conquistaban los convergentes, ofrecer estabilidad y auparse en la recuperación económica. Una suerte de 'peneuvización', al menos en las negociaciones discretas. De ahí que se mire también a un nuevo modelo de financiación, que los socialistas quieren poner sobre la mesa, y al impulso del corredor mediterráneo.

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Para Compromís, la reforma de la financiación autonómica se hace urgente y seguirá siendo una de sus principales reivindicaciones para sumar su apoyo a los Presupuestos. Su portavoz, Joan Baldoví, urgía este miércoles a Pedro Sánchez desde el Congreso a "tomar decisiones" en un asunto "absolutamente necesario por justicia y solidaridad y para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades".

A pocos meses de llegar al ecuador de la legislatura, el Gobierno de coalición está determinado a completar la legislatura y ganar dos años de estabilidad política con Cataluña para facilitar con ello la recuperación económica. La determinación de sacar adelante nuevos Presupuestos, pese a que las anteriores cuentas podrían prorrogarse dando dos años de oxígeno al Ejecutivo, muestra un camino más expedito que el que se dibujaba al principio del mandato. Un Ejecutivo mixto y en minoría que pivota su estabilidad en un heterogéneo bloque parlamentario, pero que podría poner un paréntesis a un lustro marcado por una notoria inestabilidad. Desde 2015 se acumulan dos repeticiones electorales y cuatro legislaturas, mientras que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 estuvieron prorrogados hasta el pasado 22 de diciembre.