A vueltas con la mascarilla: CCAA piden su uso en la calle y el Congreso vota su retirada

España sigue sin saber qué hacer. Mientras algunas comunidades autónomas, como Baleares, se debaten entre volver a endurecer el protocolo de uso de las mascarillas en el exterior, aunque se cumpla la distancia de seguridad de 1,5 metros, el Congreso vota mañana la convalidación del decreto ley que la retira en el exterior. En plena expansión de los contagios de esta quinta ola que alcanza el segundo verano consecutivo, el Govern de las islas sopesó ayer obligar a usarlas en las calles, pero, tras mantener una reunión con agentes sociales, optó por solo recomendar el uso de la protección en todo momento. Varias regiones, como Euskadi, han pedido al Gobierno central que recule y otras directamente han reprochado a Pedro Sánchez que se precipitase tras aprobar la flexibilización.

La postura del archipiélago balear supone un giro de 180 grados. La comunidad fue una de las que se opusieron con mayor firmeza a un punto concreto de la ley que regula las restricciones para controlar la pandemia, una vez que trascendió que una enmienda introducida en el Senado por el PSOE fijaba el uso forzoso de la mascarilla aunque uno se encontrase absolutamente solo en la calle, en la playa o en el monte. Precisamente, Baleares junto a Canarias se apresuró entonces a asegurar que en sus arenales no habría obligación alguna. Esa enmienda provocó una ola de indignación entre las autonomías, que obligó al Gobierno a maniobrar y aprobar el decreto ley que anulaba la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores. Fue la opción por la que optó el Ejecutivo y que debe ser ratificada ahora en el Congreso.

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No obstante, el cambio de postura está motivado por la delicada situación que atraviesa la autonomía y el país, con los contagios descontrolados, una incidencia acumulada que sube día a día —el último dato facilitado por el ministerio roza los 600 casos por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España y una cifra casi idéntica en la autonomía—, y el turismo y, por tanto, parte de la recuperación económica, en el punto de mira.

Una medida precipitada

Desde que el pasado 26 de junio dejó de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, varios dirigentes autonómicos han cargado contra el presidente, Pedro Sánchez, por considerar que se precipitó al tomar la medida. Otros, como el lendakari, Iñigo Urkullu, han pedido que reconsidere su decisión y dé marcha atrás. Sin ir más lejos, el presidente vasco lo volvió a hacer este domingo, en una entrevista concedida al Grupo Noticias.

"Es una buena ocasión para que el Gobierno reconsidere esta cuestión, aun cuando sea única y exclusivamente la relativa al uso obligatorio de la mascarilla", defendía el dirigente vasco en referencia a la votación que se celebrará este miércoles en el Congreso para ratificar el decreto ley que regula el uso de la protección.

También Castilla y León ha pedido al Ejecutivo que recule. El presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, ha llegado a tildar de “errónea” la flexibilización porque considera que se traslada a la ciudadanía la falsa sensación de que ya no hay peligro de contagio. En la misma línea, Andalucía ha expresado en más de una ocasión su malestar. “No hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva”, defendió el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en vísperas de que se aliviase su uso el pasado junio.

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Y ante este aluvión de críticas, desde el Gobierno central siempre se ha defendido que la medida es “tremendamente prudente”. Este lunes, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha apuntado que "es suficiente" mantener el uso de la mascarilla en exteriores tal y como está regulado actualmente, a pesar de la subida de contagios. También ha recordado que si siempre se tuviese en cuenta que se debe usar la prenda cuando no haya una distancia de más de 1,5 metros, "el riesgo por la utilización o no de la mascarilla no tendría implicaciones".