La enmienda fantasma del PSOE que obliga a llevar mascarilla y en la que nadie reparó

Apenas tres semanas después de ser aprobada por el Parlamento, el Gobierno y las comunidades autónomas maniobran para modificar la ley que obliga al uso de la mascarilla al aire libre, aunque se respete la distancia social. El PSOE introdujo a través del Senado una enmienda a la ley de medidas urgentes de prevención y contención de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que convierte en obligatorio el uso de mascarilla también al aire libre. El contenido de la enmienda era sustancial por el impacto que tiene en la vida diaria, pero parece que nadie reparó en ello. Desde luego no lo hizo el grupo proponente socialista, ni la mayoría del arco parlamentario, que votaron sin percatarse hasta que este martes fue publicada en el BOE y saltaron los titulares.

La excepción fue el ponente del grupo del PP, Antonio Román, quien en conversación con El Confidencial señala que sí denunció la arbitrariedad de la medida. "Proponen que sean las autoridades sanitarias las que indiquen la distancia de seguridad cuando tenemos el procedimiento legislativo abierto para fijar esa distancia de seguridad", destacó desde la tribuna de la Cámara Alta. El senador y exalcalde de Guadalajara, médico de profesión, recuerda que el Gobierno redujo en junio la salvaguarda de 2 metros a 1,5 metros por exigencia de Ciuadadanos para apoyar su prórroga del estado de alarma. Su grupo en el Senado votó en contra de la famosa enmienda, pero no le dio la relevancia que tenía y el trámite se cerró sin publicidad.

La norma entró en vigor este martes, aunque fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados. En su artículo 6 establece la exigencia de portar la protección facial en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, y también en medios de transporte. Es decir, aunque se camine en soledad por la calle, por el campo o en la playa, la mascarilla es de uso obligatorio. Algunas autonomías ya vienen aplicando una mayor restricción en el uso de esta protección, aunque ahora tiene rango de ley. Y otras, como Baleares, ya han avisado de que no cumplirán esa exigencia legal.

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Paola Bruni

Fue en el trámite anterior en el Senado cuando desapareció del texto la frase "siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros". Fuentes parlamentarias socialistas aseguran que se eliminó siguiendo siempre "los criterios técnicos" de los expertos del Ministerio de Sanidad. La justificación es que, para evitar la propagación de aerosoles, "no se puede fiarlo todo" a la distancia social. Así se recoge en la exposición de motivos de la propia enmienda socialista: “Con la evidencia reciente sobre transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, el uso de mascarillas no puede quedar supeditado a no poder garantizar la distancia de 1,5 metros”. Desde el PSOE rebajan lo ocurrido a un "debate muy técnico", pese al tremendo impacto social de la medida.

Esta modificación sustancial se votó el pasado 10 de marzo en el Pleno de la Cámara Alta. El proyecto de ley fue respaldado por 144 senadores (PSOE, ERC, PNV, Bildu, Partido Regionalista de Cantabria, Más Madrid, comunes, Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Agrupación socialista Gomera, Compromís y Partido Aragonés). Recibió el rechazo PP, UPN y Vox (99 senadores) y hubo 12 abstenciones (Cs, Junts, Vox, Teruel Existe, Coalición Canaria, Geroa Bai). El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha criticado el cambio legal, pese a que su propio senador de Más Madrid también votó a favor de la enmienda 'fantasma'.

La ley no establece apenas excepciones para la mascarilla. Solo es posible no llevarla por razones médicas, de discapacidad o dependencia o de trastornos de conducta. También está eximida para la realización de ejercicio deportivo al aire libre o por razones de fuerza mayor. Y, desde luego, no fija en ninguno de sus apartados que el Consejo Interterritorial pueda introducir modificaciones, pese a lo que afirmó este martes la ministra de Sanidad, Carlina Darias, al ser peguntada por la eliminación del texto del cumplimiento de la distancia social como eximente de la mascarilla.

Precisamente el órgano que reúne a los consejeros de salud de las autonomías y al ministerio ha acordado crear una mesa técnica para revisar el uso de las mascarillas, ante la percepción de algunos territorios de que deberían introducirse nuevas excepciones para flexibilizar el uso en entornos seguros. Fuentes parlamentarias aseguran que la ley es "flexible" y da margen al ministerio y a las CCAA para modular los supuestos de excepciones. El artículo 6 de la ley incluye la posibilidad de la excepción en "los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias". A este párrafo, bastante constreñido, se agarran algunas autonomías.

Habrá que ver qué mecanismo emplea el Gobierno para matizar la ley, cuya redacción tampoco deja mucho margen para las excepciones. Pero la presión de las autonomías empieza a ser fuerte. Además de Baleares, la Comunidad Valenciana ha propuesto este miércoles flexibilizar la norma. La propuesta pasa porque los usuarios de las playas estén exentos del uso de la mascarilla "siempre y cuando se encuentren dentro de un perímetro de seguridad de dos metros de distancia con respecto a otros usuarios y usuarias y durante el baño".