El Gobierno se juega su primer compromiso ante Bruselas con el decreto de interinos

El Gobierno se juega este miércoles en el Congreso cumplir con el primero de los hitos pactados con la Comisión Europea para recibir los fondos del plan de recuperación. Lo hará con el real decreto-ley de los interinos (estabilización del empleo público), que Moncloa planteó como un paseo triunfal previo a las vacaciones de verano y que en el último momento se ha complicado por el choque del Ejecutivo con sus socios de investidura, en especial con el PNV, Bildu, ERC y PDeCAT.

La votación será muy relevante, ya que se trata del primer hito para el Gobierno desde la aprobación oficial del plan español hace una semana. En concreto, se trata de la reforma R1 del componente 11: “Entrada en vigor del acto legislativo para reducir el empleo temporal en las administraciones públicas”. El Ejecutivo se comprometió a tener listo este cambio normativo en el segundo trimestre del año, fecha que incumplió por unos días, ya que el RDL vio la luz en el Consejo de Ministros del 6 de julio. Sin embargo, ahora tiene que pasar por el Congreso, con un riesgo real de que sus socios se lo tumben. Eso significaría que el decreto decaería y, por tanto, no se cumpliría, ya de ninguna manera, con el compromiso.

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Esto explica que este no sea un decreto más para el Gobierno, sino que se trata de una prueba de fuego. El Ejecutivo utiliza este compromiso con Bruselas para justificar la urgencia que se requiere a todo decreto-ley: "A la vista del plazo comprometido en el plan para la aprobación de la reforma, referido al primer semestre de 2021, no resulta posible acudir a la tramitación de un proyecto de ley por la vía de urgencia y la única opción posible para asegurar el cumplimiento del compromiso es acudir a la figura del real decreto-ley".

Sin embargo, en términos prácticos, una hipotética derrota del Gobierno en la votación tendría un efecto limitado para España. Primero, porque el siguiente pago de la Comisión Europea no se realizará hasta diciembre. En otras palabras: Sánchez podría 'aprobar en septiembre', como mal estudiante. Además, es difícil pensar que esta reforma, que es secundaria, vaya a bloquear todo el acuerdo. Lo que sí supondría es empezar el camino con un tropiezo. Además, donde nadie lo esperaba.

La única opción para el cumplimiento del compromiso es la figura del real decreto-ley

Pase o no el decreto, esta negociación agónica de última hora con los grupos parlamentarios pone en evidencia las dificultades a las que se enfrentará el Gobierno para cumplir los compromisos acordados. De hecho, el contenido de la iniciativa no es delicado en absoluto: está pactado con los sindicatos y cumple con una de las exigencias tradicionales de la Comisión Europea a España. Hasta la Justicia comunitaria ha criticado, en reiteradas sentencias, el abuso de temporalidad que hacen las administraciones públicas. Sin embargo, los principales reproches de los socios de investidura no son sobre el contenido, sino sobre las formas del Gobierno, al presentar iniciativas parlamentarias sin negociar previamente con los grupos.

A lo largo de los próximos meses y años, el Gobierno tendrá que conseguir el respaldo parlamentario para otras reformas mucho más delicadas, como la laboral, la de pensiones o la subida de impuestos. La debilidad que está mostrando ahora evidencia la fragilidad de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, negociados con la Comisión Europea con total opacidad y sin someterlos previamente a la consideración del Congreso.

Una negociación 'in extremis'

Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, desde ERC y PNV hasta EH Bildu, seguían anoche negociando 'in extremis' su apoyo al decreto, pero precisaron que si la situación no cambiaba radicalmente, votarían en contra. Un golpe al Ejecutivo por diferentes motivos relacionados con el texto, pero con un trasfondo en el que coincidían varias de las fuentes consultadas: “El Gobierno se comporta como si tuviese mayoría absoluta” o “el PSOE sigue haciendo de PSOE, pensando que tiene mayoría absoluta”. Esto es, sin pactar el contenido del texto antes de sacarlo adelante ni tampoco acordando después las modificaciones pertinentes que permitirían salvarlo tramitándolo como proyecto de ley, según reprochan.

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Si desde el PNV se limitaban anoche a afirmar que no tenían el voto decidido, más allá de la censura a las formas del Gobierno, desde Bildu apuntaban que se posicionarían en contra debido a un problema tanto de contenido como de “vulneración de competencias”. Esto último ocurriría en el caso de Navarra, la única comunidad con potestad en esta materia. “Si el decreto se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra”, explicaban fuentes de la formación soberanista. Su pretensión durante toda la jornada de ayer fue conseguir compromisos para modificar el decreto durante la tramitación, pero a última hora cundía el pesimismo.

Fuentes de ERC eran más escuetas al reconocer que “la situación pinta mal” debido a las posiciones supuestamente poco conciliadoras del Gobierno. El PDeCAT anticipaba a última hora de este martes que su voto sería en contra casi con total seguridad, ya que a pesar de haber mantenido algunas conversaciones con el Ejecutivo, no habían sido suficientes para modificar el sentido de su dictamen.

De tumbarse este decreto —sería el segundo de la legislatura tras el de remanentes y la quinta vez que sucede en la Cámara Baja desde febrero de 1979—, el mensaje de los socios parlamentarios de Sánchez de cara a la negociación de los Presupuestos es claro. Se trata de un aviso para encarrilar los acuerdos sobre las cuentas con otra disposición, ahora que el Ejecutivo depende únicamente de sus socios tras haber enterrado la geometría variable con Cs tras la concesión de los indultos. “Tienen que cambiar de talante”, advertían desde uno de los grupos parlamentarios que apoyaron tanto la investidura como los actuales Presupuestos. El recado, además, se personaliza en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien deberá liderar las negociaciones de los PGE, ya que tras la remodelación del Gobierno ha asumido las competencias del Departamento de Función Pública, encargado del desarrollo de este decreto. Montero ya perdió en septiembre el decreto de los ayuntamientos.