Una mayoría de 193 diputados tumba el decreto de remanentes de Hacienda

Una derrota histórica. El Congreso ha tumbado este jueves el decreto de remanentes municipales con una mayoría de 193 noes y tan solo 156, el de los grupos que sostienen al Gobierno y del diputado de Teruel Existe. Será la tercera vez desde febrero de 1979 que la Cámara Baja no convalida un decreto, además de un cuarto tumbado por error en la votación durante el mandato de Zapatero. Un aviso de PNV, ERC o Ciudadanos en plena negociación de los Presupuestos. A pesar de haber estado negociando hasta el último momento, desde estos grupos trasladan que Hacienda no se ha movido ni buscado puntos de encuentro. Incluso sus socios de Gobierno no dieron el sí al polémico decreto que se vota este jueves en el pleno del Congreso hasta última hora de anoche.

Los 'comuns', la confluencia catalana de Unidas Podemos, eran quienes más oposición mostraban al texto, pero finalmente accedieron a apoyarlo después de que las negociaciones, encabezada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dieran sus frutas al lograr que el fondo de 5.000 millones se desvinculase del reparto de remanentes. Esto es, repartirlo entre todos los ayuntamientos, independientemente de que presten o no a Hacienda los ahorros que tienen en el banco. No fue suficiente, aunque al menos evitó un nuevo choque entre los socios de Gobierno.

"Las conversaciones mantenidas con el Gobierno no han sido suficientes para superar las diferencias preexistentes", explicaban desde el PNV. "Llegan tarde y mal", suscribían fuentes de ERC cercanas a las conversaciones, en referencia a los socialistas. "No han mejorado el texto", añadían los naranjas, por cuya parte encabezó las negociaciones el alcalde de Granada, Luis Salvador. Como resultado, el decreto no será convalidado asestando un duro golpe a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que si bien se prestó a desvincular el fondo de 5.000 millones de euros de la entrega de remanentes municipales, no aceptó retirar el decreto ni tampoco modificar la regla de gasto, como reclamaban algunos grupos, alegando que implicaría una reforma constitucional. Ahora deberá negociar con estos mismos grupos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, partiendo de esta derrota que vuelve a encarecer el precio de los pactos.

Incluso otros grupos minoritarios que apoyaron la investidura y que están dispuestos a hacer lo propio para las Cuentas han votado en contra, como es el caso de Más País. "El gobierno no tiene mayoría y debe acostumbrarse a sentarse a negociar y no dejar los deberes para el último día. Las comunidades autónomas han recibido dinero sin contrapartidas, no tiene sentido que se obligue a los Ayuntamientos a entregar los remanentes a recibir fondos. Hay que ponerse a negociar cuanto antes un nuevo fondo y comprometerse con la derogación de la Ley Montoro y el 135", explicaban fuentes de la formación liderada por Íñigo Errejón.

Desde el PSOE han estado implicados en las negociaciones a varias bandas la portavoz, Adriana Lastra, la vicepresidenta Carmen Calvo y el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero. Su impresión durante las horas previas a que se cierre el plazo para las votaciones telemáticas —las 09:00 de este jueves— es que el Congreso estaría más cerca de tumbar el decreto que de convalidarlo, lo que supondrá la primera gran derrota durante la legislatura, poco antes de presentarse los Presupuestos. Desde febrero de 1979, solo se han dejado de convalidar dos decretos en el Congreso: el de la reforma de la estiba bajo el mandato de Mariano Rajoy en marzo de 2017 y el de alquileres en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez, además de un tercero sobre labores del tabaco en 2006 durante la época de Zapatero aunque en este caso por un error en las votaciones.

Ley Montoro

La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP para flexibilizar el margen de déficit del mundo local ha sido una línea roja para Hacienda en las negociaciones. Cerrada esta vía, su oferta se ciñó a desvincular el fondo de 5.000 millones de euros al sistema de préstamos, en línea con lo que han reclamado otros alcaldes de grandes ciudades como Zaragoza, Valencia o Málaga.

Montero ha insistido desde el inicio de su intervención esta mañana en el Congreso que el acuerdo permitiría a los ayuntamientos aumentar su capacidad de gasto respetando la normativa vigente, ante la imposibilidad de incurrir en déficit debido a la regla de gasto. Ya en la comisión de Hacienda, la ministra argumentó que se trataba del "único mecanismo que hemos encontrado, la única opción". En la FEMP, el acuerdo salió adelante solo con los votos de los socialistas y el voto de calidad de su presidente, contando con el rechazo de PP, Cs y JxCAT, además de la abstención de IU y Unidas Podemos.