El PSOE teme su primera derrota con el decreto de remanentes y apura los contactos

El PSOE apura cada vez con menos opciones las negociaciones con ERC, Ciudadanos y PNV, además de con sus propios socios de gobierno, para salvar el decreto de remanentes municipales que se votará este jueves en el Congreso. La portavoz, Adriana Lastra, la vicepresidenta Carmen Calvo y el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, están negociando a varias bandas. La impresión de los socialistas durante las horas previas a que se cierre el plazo para las votaciones telemáticas —las 09:00 de este jueves— es que el Congreso estaría más cerca de tumbar el decreto que de convalidarlo, lo que supondría la primera gran derrota durante la legislatura, poco antes de presentarse los Presupuestos. Desde febrero de 1979, solo se han dejado de convalidar dos decretos en el Congreso: el de la reforma de la estiba bajo el mandato de Mariano Rajoy en marzo de 2017 y el de alquileres en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez.

Las negociaciones durante este jueves con los diputados de los 'comuns', la confluencia catalana de Unidas Podemos, que amenazaba con romper la disciplina de voto con el Gobierno y generar un nuevo choque entre los socios de la coalición, son las que más frutos están dando. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabeza las conversaciones por parte de los 'comuns', junto a sus compañeros del grupo confederal, después de desplazarse a Madrid.

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Hacienda ofrecerá desvincular el fondo de 5.000M de la entrega de remanentes locales

Iván Gil

Colau ha visto aceptada por Hacienda su demanda de desvincular el fondo de 5.000 millones de euros de la entrega de los remanentes municipales. Esto es, repartirlo entre todos los ayuntamientos, independientemente de que presten o no a Hacienda los ahorros que tienen en el banco. El decreto se tramitaría como proyecto de ley para posteriormente introducir nuevas modificaciones. Con todo, el PSOE se opone frontalmente a suprimir la regla de gasto, como también han reivindicado desde el grupo confederal. Para los 'comuns', la pelota sigue en el tejado de los socialistas, según fuentes conocedoras de las negociaciones, porque "si no se mueven, no estaremos".

Su primera opción pasaba por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP para flexibilizar el margen de déficit del mundo local, pero esta ha sido una línea roja para Hacienda, sosteniendo que implicaría una reforma constitucional. Cerrada esta vía, su demanda se ciñó a desvincular el fondo de 5.000 millones de euros al sistema de préstamos, en línea con lo que han reclamado otros alcaldes de grandes ciudades como Zaragoza, Valencia o Málaga. Las cantidades se repartirían entre este 2020 y 2021, con unos 2.000 millones para el primer año y los restantes 3.000 para el segundo. Estos fondos irían destinados a programas de políticas de cuidados, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible o promoción de la actividad cultural.

La reforma de la regla de gasto es una línea roja para los negociadores del PSOE, quienes sostienen que implicaría una reforma constitucional

De salir adelante en estos términos que Hacienda ofrecerá a los grupos parlamentarios, posteriormente se definirían los criterios para el reparto, en función de la población u otros parámetros. Se asemejaría así al fondo de 16.000 millones distribuido entre las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos por la pandemia y que se realiza al margen de su situación económica. Las transferencias realizadas por el Estado se imputarán como un ingreso no financiero para los ayuntamientos, lo que les permitirá incrementar su gasto sin incurrir en déficit.

ERC, PNV y Ciudadanos —por cuya parte está negociando el alcalde de Granada, Luis Salvador— están siendo todavía más reticentes a la hora de dar su apoyo al decreto. Los nacionalistas vascos sostienen que hasta estas horas previas a la votación del decreto, el diálogo no está llegando todavía a ningún sitio. Su oposición por el momento sigue intacta y, además de diferentes aspectos que rechazan del decreto, sostienen que no respeta el régimen foral de País Vasco.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya se mostró abierto —tras la ejecutiva federal del PSOE celebrada este lunes— a "modificar una buena parte del decreto como proyecto de ley". Sin especificar el tipo de cambios, sí se refirió a la compensación de los costes en el transporte urbano generados por la pandemia, lo cual responde a la demanda de algunos ayuntamientos. Esto es, para compensar el descenso del uso de este tipo de transporte durante el estado de alarma.

Ante la imposibilidad de incurrir en déficit debido a la regla de gasto, desde el Gobierno se insiste en que este acuerdo permitirá a los ayuntamientos aumentar su capacidad de gasto respetando la normativa vigente. La propia responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ya defendió en la comisión del ramo la pasada semana que se trataba del "único mecanismo que hemos encontrado, la única opción". Si en la FEMP el acuerdo salió adelante solo con los votos de los socialistas y el voto de calidad de su presidente, contando con el rechazo de PP, Cs y JxCAT, además de la abstención de IU y Unidas Podemos, ahora son al menos 190 diputados los que amenazan con tumbarlo.