Los jueces temen "el golpe final" a su independencia tras la carta de Sánchez

La judicatura sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos después de que este miércoles la apertura de una investigación judicial contra la mujer de Pedro Sánchez desencadenara su inédita decisión personal de 'retirarse' unos días y decidir si quiere seguir al frente del Ejecutivo. Múltiples fuentes consultadas ven en la carta que dirigió a la nación y, sobre todo, en las reacciones posteriores, un prólogo en el que se sentarán las bases para tratar de dar "el golpe final" a la independencia del poder judicial. En las últimas horas, Sumar y Podemos han reclamado oficialmente cambios legislativos para renovar el Consejo General del Poder Judicial "excluyendo a la derecha". Ese será el primer paso de la estrategia, avisan magistrados y fiscales. El objetivo final es "la toma del Supremo", dicen.

Llueve sobre mojado, ya que las suspicacias de gran parte de los miembros de la carrera judicial arrancaron después del verano, coincidiendo con el avance de las negociaciones con Junts para la investidura de Sánchez. Los términos del acuerdo con el partido de Carles Puigdemont y, en concreto, el trato para que se impulsen comisiones de investigación, se interpretaron ya por entonces como una amenaza. Después vinieron los insultos desde el Congreso a distintos magistrados por su intervención en causas relacionadas con el procés y la permanente acusación de lawfare, es decir, la existencia de una guerra sucia judicial.

En las últimas 24 horas, el lawfare ha pasado de ser un término de uso habitual en esferas más reducidas, como los partidos independentistas o Podemos, a un concepto generalizado, ampliamente agitado ahora en contra de la decisión adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. En la propia carta del presidente del Gobierno se incidía en que la denuncia que provocó la apertura de diligencias procedía de una "organización ultraderechista" basada en la difusión de informaciones de "cabeceras ultraconservadoras", lo que sitúa sobre el papel la acción judicial en ese marco del ataque personal. "Una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", lo calificaba Sánchez.

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Para algunas de las fuentes consultadas, con estos cimientos, el Gobierno comienza a propiciar un clima que justifique una serie de reformas destinadas "a maniatar a cualquier disidente". "Van a por cualquier cosa, no ya que exprese disidencia, sino que no sea seguidista", asegura uno de los magistrados consultados, mientras que otro se refiere a que está cocinándose "un caldo de cultivo ideal" para forzar reformas legislativas que, en otro momento, serían difíciles de justificar.

"Primero, el CGPJ"

En el primer lugar de la lista se encuentra el Consejo, dicen. Con la excusa de "la instrumentalización política de la justicia por parte de la derecha" que viene sugiriendo Pedro Sánchez, la judicatura ve posible que el Ejecutivo apruebe una rebaja de las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales jueces. De la actual mayoría cualificada de tres quintos, que permite que el PP pueda bloquear la renovación, se pasaría a una elección de los vocales por mayoría absoluta de 176 diputados, accesible con los números actuales de la investidura.

Las fuentes consultadas aseguran que, una vez salvado ese escollo, se impondría un completo dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, esto supondría que Moncloa coloque, de forma directa, a la mayor parte de los miembros del Consejo.

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El siguiente paso del plan se centraría en el nombramiento de las decenas de cargos pendientes a consecuencia de la reforma que impide al CGPJ realizar designaciones mientras se encuentra en funciones. En la actualidad hay 122 plazas vacantes, 94 de ellas en la jurisdicción ordinaria. Nada menos que 25 corresponden al Supremo. Un Consejo con este tipo de mayorías "cortadas a la medida de Moncloa", sería el encargado de elegir quien ocupa esos cargos sin tener contrapeso alguno.

En un tercer escalón se encuentran los efectos de esas nuevas designaciones. Los jueces advierten que la cadena de nombramientos del Supremo permitiría a los magistrados seleccionados para esos puestos controlar tanto la Sala del 61 como la Sala de Gobierno del TS. Ambas son fundamentales. La primera, formada por 16 miembros, se ocupa de resolver las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra la mayor parte de los magistrados de una Sala. También de la instrucción y enjuiciamiento de las causas que se abran en su contra.

Esta Sala está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Entre los puestos pendientes de nombramiento se encuentran todas las presidencias de Sala con excepción de la de lo Penal, que ahora dirige el magistrado Manuel Marchena hasta el próximo noviembre, cuando se cumplen cinco años desde su reelección. Además, entrarían los cinco magistrados de incorporación más reciente. La Sala de Gobierno está integrada por el presidente del Tribunal Supremo los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sus compañeros del alto tribunal. Aprueba, por ejemplo, las normas de reparto de los asuntos que entren.