El Gobierno da munición a Puigdemont para acusar a los jueces de prevaricación

"Impotencia, frustración, indignación". La desolación recorre la judicatura al completo, con el Tribunal Supremo a la cabeza. Las referencias al lawfare en el acuerdo que han suscrito este jueves el PSOE y Junts y la aceptación por parte de los socialistas de abordar un mecanismo para perdonar casos ajenos al proceso de independencia de Cataluña y que afectan a estrechos colaboradores del president que, según el documento, encajan en este supuesto dejan a los jueces en riesgo de afrontar querellas por prevaricación lanzadas por los mismos acusados a los que han investigado o condenado. Distintos magistrados consultados ven en esta concesión a Junts un enorme riesgo para la judicatura y entienden que se les está acusando, desde el Ejecutivo, "de delinquir".

El delito de prevaricación viene recogido en el artículo 404 del Código Penal español y castiga a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto de su competencia. En el acuerdo suscrito, el Ejecutivo pone por escrito que existe una "judicialización de la política" y utiliza un término que equivale a asegurar que el independentismo sufre una persecución por parte de los tribunales alentada por motivos políticos.

Supone comprar y asumir como propia la afirmación tantas veces repetida por Puigdemont de que hay magistrados que realizan "un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos". Este jueves, desde Bruselas, el expresidente catalán lo dejó más claro aún y pidió que el Congreso investigue en comisión la erradicación "de los elementos podridos" que hayan participado en "la guerra sucia". Es inevitable que suene a amenaza en momentos en los que, por ejemplo, el juez Pablo Llarena le mantiene procesado por malversación agravada y Manuel García-Castellón, desde la Audiencia Nacional, le atribuye terrorismo en la plataforma Tsunami.

El supuesto lawfare que acepta el Gobierno como real encaja perfectamente en el delito de prevaricación y alimenta la desolación de un colectivo que se ve, desde hace meses, "en la diana". No por previsible el mazazo ha sido menor en una carrera que se siente maltratada, hasta el punto de que la respuesta ha sido unánime: las asociaciones judiciales, incluida la progresista que suele discrepar del resto, han suscrito un comunicado en el que denuncian una" intromisión en la independencia judicial ". Las de fiscales han seguido la misma línea e incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF), entre cuyos miembros destacan el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mostrado su "absoluto rechazo" a las referencias al "lawfare".

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco se ha quedado atrás. Su Comisión Permanente ha sacado adelante un comunicado que incluye el voto a favor de dos vocales propuestas por el PSOE en el que avisa de que el acuerdo implica "un flagrante atentado a la separación de poderes". Si sale adelante, su advertencia es clara: "Determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos".

La preocupación se extiende a toda la carrera. Uno de los magistrados consultados asegura que el propio Pedro Sánchez ya venía preparando el terreno en estas pasadas semanas, a través de las contadas intervenciones públicas en las que ha hecho referencia a la amnistía. Sánchez ha sugerido que no comparte el rigor de las penas impuestas, deslizando que son excesivas, se ha referido a la "venganza" que supusieron determinadas condenas y ha deseado que se devuelva a la política lo que no debió salir de ella. Una Justicia punitivista, vengativa y que invade los terrenos de otro de los poderes del Estado ya equivale a una Justicia prevaricadora, avisan.

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Para muchos de los magistrados consultados, no ha sido una sorpresa. Consideran que la idea de la petición de Junts que ha aceptado incluir el PSOE para investir a Pedro Sánchez siempre ha sido esa: "Criminalizar la Justicia". "Tienen claro que Corona y Poder Judicial son sus problemas", asegura este magistrado, que sospecha que esto es solo el inicio del desarrollo de una estrategia mayor.

El control directo

Lo que creen muchos jueces que viene a continuación es el control directo de la judicatura. "El fin de la independencia judicial", agregan. Avisan que los partidos independentistas exigirán, más adelante, más cesiones. Reformas en materia de Justicia y mayor intervención del poder político autonómico en el sistema de selección y designación de jueces. Un órgano de gobierno de la carrera, propio y separado del nacional. Lo que quieren es "designar sus propios jueces y que la decisión sobre nuevos posibles delitos termine en el Tribunal Superior de Justicia y no tenga relevancia el Supremo". El poder político no les preocupa; lo condicionan suficientemente a menudo. "Somos incómodos", concluye.

El acuerdo firmado por el PSOE y Junts este jueves sacraliza el lawfare y concede a Puigdemont una amnistía completa. Incluirá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". El texto agrega una vía para beneficiar a otras personas ajenas a estos hechos e implicadas en distintas causas judiciales por delitos de lo más variopinto.

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De la redacción del acuerdo se deduce que estas causas judiciales independientes no quedarán incluidas en un primer momento en la norma. Emplazan a hacerlo más adelante en función de las conclusiones de comisiones de investigación que se celebrarán a lo largo de la legislatura. En función del resultado de estas, harán modificaciones legislativas y "acciones de responsabilidad" (que no concretan) para ayudar a los colaboradores afectados.

"En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", dice la redacción textual. En combinación, el expresident catalán huido pide otras condiciones: eliminar el independentismo como objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la supresión de toda referencia al independentismo en Europol.

Tanto las asociaciones de jueces y fiscales como el CGPJ entienden que la actuación de estas comisiones "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales". "Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley", dicen para añadir que ese tipo de alusiones "no son aceptables". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", concluyen.