Borràs y su alegato teatral ante el juez: "Todo es 'lawfare' y una persecución política"

Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT), achaca su proceso judicial a un caso de "persecución política y lawfare". La también expresidenta del Parlament no quiso responder a las preguntas de los otros dos acusados en la causa ni a las de la fiscal. Solo accedió a contestar a las de su abogada, Isabel Elbal, que lleva la defensa junto a Gonzalo Boye. "Con peritajes o informes policiales, se puso en cuestión el trabajo que realicé durante cinco años, con acusaciones gravísimas de fraude o malversación. La malversación fue retirada finalmente en julio del año pasado, pero he convivido cuatro años con esas acusaciones, que tenían exclusivamente como objetivo vincular mi nombre con la corrupción", declaró Borràs ante el tribunal.

Su declaración fue una perfecta obra teatral, con introducción, desarrollo y desenlace. En esta última parte, se encuadran las últimas preguntas de la letrada, dirigidas a escenificar una persecución de cariz político. Pero ya había dejado claro que actuó con la luz verde del conseller de turno y de la Intervención de la Generalitat, restando importancia a las advertencias de los altos cargos de Cultura que le decían que se podía estar vulnerando la ley de contratación.

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"¿Sabe por qué fue objeto de una investigación?", preguntó Elbal. "Nunca imaginé que pudiese ser investigada, porque mi tarea era correcta, legal y ajustada a los criterios que marca la Administración". "¿Pero desconoce usted por qué se la investigó?", insistió la abogada. "La última razón que se me ocurre es que si miro cuándo y en qué momento se producen determinadas actuaciones judiciales… Mire, si pongo en una columna mi trayectoria política y en otra cuáles fueron los hitos judiciales o de investigación, entonces sí lo veo claro, porque todo lo que ha habido se corresponde con lawfare y con una persecución política", zanjó la presidenta de Junts.

Pero hay demasiadas lagunas que no han quedado del todo claras. Según Borràs, cuando fue llamada por el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, en diciembre de 2012, para que fuese directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo autónomo dependiente de la consejería, sus órdenes fueron dar un vuelco a esta entidad, que funcionaba con mentalidad del siglo XIX, y situarla en el siglo XXI. Lo hizo con mucho impulso.

La nueva versión

Uno de los instrumentos para realizar su cometido era crear una web nueva para dinamizar la ILC. Ese portal, aseguró, "era una infraestructura de Estado para el sistema literario catalán". Y por cómo lo hizo, precisamente está sentada en el banquillo de los acusados. Otorgó 18 contratos a un amigo suyo, Isaías Herrero, que le supusieron 335.700 euros entre 2013 y 2017. Según la Fiscalía, ese dinero fue concedido a dedo utilizando la práctica ilegal de fraccionamiento. Según la propia Laura Borràs, cada expediente tenía proveedores diferentes, objetos diferentes y se hicieron en años diferentes. Los testigos han desmontado esa versión, porque sostienen que todos los trabajos fueron realizados por Herrero, aunque luego se utilizasen determinadas empresas para confeccionar las facturas.

La nueva versión de Borràs en su alegato final es que Herrero utilizaba a personal de determinadas cooperativas para hacer los trabajos, aunque tanto los directivos de las empresas como el propio Herrero ya habían confesado el modus operandi. El amigo de Borràs era socio de esas cooperativas, cuyo papel es cobrar facturas de sus asociados y luego traspasarles el dinero descontando los gastos de gestión. De ese modo, además, en la factura no figura el nombre del último beneficiario. Por esas maniobras, Borràs y Herrero están acusados de prevaricación y falsedad documental.

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La líder de Junts echó balones fuera en su declaración ante el tribunal, con el privilegio de ser la última en declarar. Incluso tras los interrogatorios de los peritos y expertos. Para demostrar su inocencia, afirmó que le dijeron, cuando llegó a la ILC, que las cuestiones informáticas debía hacerlas el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat (CTTI), pero como es muy lento, lo habló con el conseller Mascarell y recibió luz verde para contratar por su cuenta los trabajos de renovación de la web. "El CTTI tenía una cola de trabajos muy larga. Lo hablo con el conseller Mascarell y hacemos la contratación por nuestra cuenta. Además, las circulares del Govern hablaban de que los trabajos debían encargarse al CTTI de forma progresiva, no de manera exclusiva".

Para justificar la contratación de su amigo, Borràs afirmó que es "algo más que un informático": "Es un artista, un creador digital reconocido incluso en el MIT. Le dije que lo necesitaba para llevar a cabo mi proyecto de renovación del portal". Así pues, lo contrató para hacer no solo el portal genérico de la ILC, sino todos los portales o webs que dependían de la institución, porque con cada acontecimiento que realizaba, como la conmemoración del año literario de un escritor, se hacía una página específica del evento que tenía vida propia, pero a la que también se accedía por el portal de la ILC.

Contradice a la administradora

La administradora de la ILC, Assumpta Pagespetit, afirmó la semana pasada que tanto contrato menor en manos de una sola persona y por montos que se acercaban al techo máximo levantó las sospechas del personal de la institución. Recordó también que propuso a Borràs hacer un convenio negociado con Herrero y, de ese modo, no se vulneraría la ley. "Comencé a redactar los pliegos técnicos y administrativos de la licitación y cada semana llevaba el tema a la reunión de coordinación que teníamos con la directora de la ILC, pero no salió adelante el tema", aseguró la testigo.

Borràs, en cambio, afirmó que la administradora jamás le dijo nada. "Yo me apoyé mucho en el equipo. Trabajamos de manera muy intensa e hicimos piña. Pagespetit era una funcionaria muy minuciosa, muy exigente, con mucha experiencia, rigurosa, inflexible, que trabajaba en la Administración hacía muchos años. Ella es la que me adentró en lo que es la contratación de la Administración pública. Me enseñó los mecanismos y cómo se ejerce el control técnico", declaró. La presidenta de Junts, no obstante, admitió que ella propuso hacer un contrato negociado con Isaías Herrero. "Ella decía que todo era digital. Pero en realidad eran proyectos diferentes", subrayó. ¿Y por qué la administradora se había mostrado tan crítica durante su declaración como testigo? "Entiendo que estar sometida a un proceso judicial, a interrogatorios, es una cuestión tremendamente incómoda y cada uno responde a esta circunstancia como buenamente puede. Es posible que quisiese sacarse la responsabilidad de encima", afirmó sobre su antigua subordinada. Esa advertencia fue realizada también por el sucesor de Pagespetit, Roger Espar, y fue insinuada por la Intervención, extremos que Borràs aceptó, pero que minimizó.

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Porque en compañía de Pagespetit (luego de Espar) fue a ver en dos ocasiones a la interventora delegada de la Consejería de Cultura. "Le expliqué el proyecto que había previsto con el conseller Mascarell y con el OK del interventor hicimos toda la contratación", subrayó. Con la administradora de la ILC mantuvo discrepancias, porque Borràs sostenía que todos los trabajos encargados a Herrero eran diferentes, pero a su subordinada no le gustaba que el amigo, por ejemplo, le hiciese llegar siempre tres presupuestos, los suyos y los de otros dos supuestos proveedores.

Tanto el informático como los testigos que han pasado por el tribunal admitieron que la mayoría de esos presupuestos eran "comparsas", que estaban diseñados por orden de Borràs para cubrir las apariencias y simular concurrencia. Aun así, la exdirectora de la ILC asegura que sus diferencias con Pagespetit se debían a que esta última consideraba que la contratación debería haberse hecho de manera diferente. "Decía que estaba bien que el comisariado de un año literario, por ejemplo, se hiciese de ese modo, pero en el diseño y la implementación de las webs debía entenderse como una unidad. Pero yo no lo veía así. Cada acontecimiento para el que se hacían trabajos tenía vida propia".

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Borràs sostiene que ninguno de los altos cargos de la Generalitat le recriminó que estuviese vulnerando la ley. Afirmó que la intervención aceptó sus alegaciones cuando en su informe de 2014 le detectaron algunas incidencias y argumentó ante el tribunal: "Aquí estamos hablando de 18 contratos, pero en la ILC hacíamos unos 800 u 850 contratos menores cada año". Claro que casi todos esos contratos eran de pocos cientos de euros (muchos, de 100 euros) y solo un pequeño puñado eran de 18.000 euros, como ella adjudicaba a su amigo. En total, el presupuesto anual de la ILC era de un millón de euros, en los que se englobaban los sueldos de los 11 trabajadores que tenía la institución. Por tanto, el volumen desviado en esos 18 contratos es inusualmente elevado.

Borràs hizo un alegato muy político. Aseguró que en enero de 2018 presentó su carta de dimisión "porque estábamos inmersos en pleno 155". "Y yo no quería ser cesada por un tal M punto Rajoy", añadió. Pero no es del todo verdad. El artículo 155 se aplicó a finales de octubre de 2017. El 21 de diciembre de ese año, hubo elecciones y Borràs salió elegida diputada. El día antes de tomar posesión de su acta, presentó la dimisión. Era el 17 de enero de 2018. El 155 era ya historia, había nuevo Parlamento surgido de las urnas y ella tenía asegurado otro sueldo público. Hasta ese momento, no había renunciado a su cargo en la institución.