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Los Mossos garantizan que las pruebas contra Laura Borràs no se manipularon
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Los Mossos garantizan que las pruebas contra Laura Borràs no se manipularon

El letrado Gonzalo Boye, defensor de la presidenta de JxCat, vuelve a enfrentarse al presidente del tribunal por corregirle una pregunta

Foto: El juicio contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. (EFE/ Quique Garcia)
El juicio contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. (EFE/ Quique Garcia)

Nuevo revés para Laura Borràs. La expresidenta del Parlament y actual presidenta de Junts por Catalunya (JxCAT) no lo tiene muy fácil para desembarazarse de las acusaciones que se le realizan en el juicio que se sigue en el tribunal Superior de Cataluña (TSJC) contra ella, contra su amigo Isaías Herrero y contra Andreu Pujol, que prestó su nombre y el de su empresa para permitir que se facturasen trabajos que Borràs adjudicaba a Herrero. Entre ambos desviaron a las cuentas privadas de este último un total de 335.700 euros desde 2013 a 2017, cuando ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Conselleria de Cultura.

Pero si durante la mañana de este miércoles fueron altos cargos del Govern los que dejaron en mal lugar a Laura Borràs, al desvelar cómo la política hacía trampas a la hora de facturar, por la tarde fueron los agentes de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso los que desvelaron cómo paso a paso, partiendo de una investigación a Herrero, llegaron hasta la mismísima Laura Borràs, que al final acabó en el banquillo de los acusados. Una decena de agentes de los Mossos desfiló ante el tribunal, relatando cómo fueron las investigaciones del caso y garantizando que las pruebas contra la presidenta de Junts no fueron viciadas ni se modificaron documentos para inculparla. Tampoco se rompió la cadena de custodia, que es la principal línea de defensa de los abogados de Borràs para invalidar las cuantiosas pruebas en su contra.

Foto: La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (EFE/Andreu Dalmau)

No estuvo exenta esta vista de tensión: el abogado defensor de Laura Borràs, Gonzalo Boye, reprendió al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, al que acusó de haber tomado partido y de coartar la libertad de defensa. No es la primera vez. La defensa puso en duda, desde el primer minuto de juicio, la competencia del tribunal, al que considera ‘contaminado’ por la condición independentista de Borràs. De hecho, ésta intentó recusar a Barrientos, pero no fue admitida su protesta.

"Déjenos preguntar o dicte sentencia ya"

En esta ocasión, Boye comenzó a realizar a uno de los jefes de los dispositivos de entrada y registro en el domicilio de Isaías Herrero, de la ILC, que dirigía Laura Borràs, y del CTTI, el organismo que controla todas las telecomunicaciones de la Generalitat. Sus preguntas eran tan genéricas e indeterminadas que el presidente del tribunal le corrigió: "Perdón, señor letrado, concrete usted más. Lo que le está preguntando al testigo no es sobre la situación económica del señor Herrero, sino sobre los movimientos de sus cuentas. Son dos conceptos diferentes", dijo el magistrado. Ahí saltó el abogado protestando porque coartaba su labor de defensa y subrayando que "el problema es usted y su actitud, porque ya con anterioridad tomó partido".

Foto: El juicio contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. (EFE.-)

Con otro testigo, el presidente del tribunal le advirtió a Boye que el testigo ya había contestado a la pregunta. "Volvemos a lo mismo, señoría. Déjenos preguntar o dicte sentencia ya", respondió desabridamente el letrado. El testigo, no obstante, admitió que ya había contestado a esa pregunta y el presidente del tribunal sugirió para zanjar el tema: "La pregunta es reiterativa. Formule otra". Un tercer instante de tensión tuvo lugar al final de la tarde, cuando el presidente de volvió a recriminar al letrado el hacer preguntas a los testigos y a los expertos en condicional, sobre supuestos que podrían haber pasado durante la investigación. "Sigue utilizando hipotéticos para interrogar. Pregunte sobre los hechos ocurridos, no sobre hechos que podrían haber ocurrido", le advirtió el magistrado.

La defensa siguió una agresiva línea con dos objetivos: demostrar que Laura Borràs no se llevó dinero, que ninguno de los altos cargos de la ILC denunció que hubiese habido corrupción, y que los otros acusados, así como sus actuaciones, están desacreditados. De ese modo, Boye intentó un nuevo ataque personal contra Isaías Herrero, al que Borràs no perdona el haber decidido contar sus trapicheos. De hecho, ya el pasado lunes intentaron involucrarlo en una oscura red de tráfico de drogas. Este miércoles volvió sobre el tema: "¿Cómo le llamaban a Isaías Herrero en muchos círculos?". "No lo sé", contestó el policía. "¿Es posible que le llamaran ‘polaco’, ‘yonqui’ o ‘camello’?". "No recuerdo si le llamaban así", insistió el policía, sin entrar en el juego.

Foto: Laura Borrás en el juicio. (EFE/Quique García)

Su intención era no solo desacreditar sus confesiones. También estuvo muy interesado en conocer la opinión de los policías sobre su situación económica, porque al parecer tenía deudas con Hacienda o la Seguridad Social y cuando trató de conseguir un certificado de estos organismos de estar al día de pagos se lo denegaron. Su tesis es que no facturaba a su nombre por esa situación de deuda con la Administración y negar, consecuentemente, que facturaba a través de tres cooperativas para ocultar que era él el beneficiario último de los contratos que le adjudicaba Borràs.

La estrategia de dudar de la custodia

Herrero declaró este lunes que Borràs y él convinieron en cómo amañar los presupuestos (la entonces directora de la ILC se ofreció incluso a presentar ella misma presupuestos falsos) y cómo cobrar las facturas a través de empresas interpuestas para ocultar que estaban fraccionando contratos. De hecho, los trabajos se deberían haber tramitado conjuntamente a través de otro procedimiento público, tal y como le pidieron varios altos cargos a Borràs en su momento, pero la política hizo caso omiso a sus indicaciones y adjudicó hasta 18 contratos menores (los que no superan los 18.000 euros cada uno de ellos) a dedo a su amigo.

Foto: La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras una sesión del juicio. (EFE/Toni Albir)

La intención de Boye es poner en entredicho ahora la cadena de custodia. Uno de los jefes de los operativos afirmó, a preguntas de la fiscal, que tras los registros en el domicilio de Isaías Herrero, todo el material de sus ordenadores se volcó en tres discos, que luego no fueron abiertos ni manipulados. Otro de los expertos de los Mossos admitió que cuando se realizan volcados "en caliente", se pueden "modificar ficheros, porque al acceder al navegador del dispositivo queda constancia del acceso. Pero para eso está la representación judicial, para certificar que no se hace nada raro. Es más, se puede visualizar un documento Word o un pdf y cerrarlos, pero nada más".

Todos coincidieron también en señalar que Laura Borràs no fue investigada en un principio. "Solo había indicios, a través de conversaciones telefónicas o de correos, que apuntaban a que podía haber falsedad documental y diversas irregularidades en la facturación con la ILC", admitió uno de los agentes. Con el tiempo, las sospechas fueron toman otro cariz y se llegó al descubrimiento de toda la operativa que habían montado Borràs y Herrero.

Nuevo revés para Laura Borràs. La expresidenta del Parlament y actual presidenta de Junts por Catalunya (JxCAT) no lo tiene muy fácil para desembarazarse de las acusaciones que se le realizan en el juicio que se sigue en el tribunal Superior de Cataluña (TSJC) contra ella, contra su amigo Isaías Herrero y contra Andreu Pujol, que prestó su nombre y el de su empresa para permitir que se facturasen trabajos que Borràs adjudicaba a Herrero. Entre ambos desviaron a las cuentas privadas de este último un total de 335.700 euros desde 2013 a 2017, cuando ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Conselleria de Cultura.

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