Funcionarios de la Generalitat cuentan ante el juez las trampas de Laura Borràs

Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) y expresidenta del Parlament, vetó los métodos legales tradicionales cuando era alto cargo de la Generalitat, rechazó todas las sugerencias de los técnicos de Cultura y adjudicó contratos ilegales a su amigo Isaías Herrero. Borràs actuó de esa manera entre 2013 y 2017, mientras era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo público dependiente de la Conselleria de Cultura. Mediante esas maniobras, adjudicó irregularmente 18 contratos a Herrero, que sumaron 335.700 euros. Ambos están acusados de prevaricación y de falsedad en documento público. De ese modo, se saltó las directrices y estableció un circuito de contratación de temas informáticos ajeno al Departamento de Cultura en el que ella establecía sus propias normas. Así se desprende de las declaraciones de altos cargos de la Conselleria de Cultura y de la ILC que prestaron declaración este miércoles ante el tribunal que juzga a la líder de JxCAT.

Borràs llegó a la ILC a mediados de enero de 2013. A los pocos días, ya dijo al personal que iba a revolucionar el portal web y que, a partir de aquel momento, se encargaría de ello una persona, Isaías Herrero. “De entrada, nos extrañó que eso no lo hiciesen los informáticos del Departamento de Cultura”, declaró este miércoles ante el tribunal Assumpta Pagespetit, administradora de la ILC en esa época. Pero Borràs ejerció de jefa y asumió personalmente la contratación de todos los temas informáticos. Cuando la defensa de la líder de Junts le preguntó sobre esa cuestión a la responsable de Administración, la respuesta fue aún más contundente: “Si teníamos algún problema técnico en la ILC, solo podíamos llamar a Herrero, no a los servicios TIC del Departamento de Cultura. Y eso era porque la ILC iba por libre. Era la única institución de la conselleria que iba por libre y en la que los trabajos informáticos los hacían otras personas que no fuesen del Departamento de Informática de Cultura”.

TE PUEDE INTERESAR

Los testigos corroboran las versiones que ponen contra las cuerdas a Laura Borràs

Antonio Fernández. Barcelona

A partir de entrar Laura Borràs en la ILC, empezaron a llegar tres presupuestos por cada contrato que la propia Borràs adjudicaba a su amigo, y que este reconoció que eran falsos, puesto que solo había uno, pactado de antemano, que se llevaría la adjudicación. La curiosidad es que a la jefa de administración le llegaban los presupuestos remitidos desde los correos particulares de Herrero y Borràs. “No me gustaba aquel sistema. No me gustaba que una misma persona me enviase los presupuestos de otros. Me refiero al señor Herrero. La señora Borràs recibía normalmente los presupuestos, pero a veces me enviaban alguno. En varias ocasiones, le di a entender a Herrero que no me gustaba lo que estaba pasando y que las cosas no se hacían así. Y, al final, cuando me reenviaban alguna cosa con conversaciones, yo contestaba que me enviasen las comunicaciones por el mail oficial de la Generalitat, porque no eran temas personales”. Pero Borràs hacía todo, al margen de que para la tramitación se enviasen los expedientes a la administradora por una cuestión formal: encargaba los presupuestos, adjudicaba los contratos y certificaba luego que el trabajo se había hecho.

Las sospechas del personal

Al poco tiempo, el personal de la ILC sabía que algo estaba pasando. “Todos sabíamos que Herrero estaba detrás de los presupuestos enviados en nombre de varias cooperativas”, señaló Pagespetit. Enseguida, Borràs intentó adjudicar una batería de contratos a su amigo (por un monto inicial de 64.000 euros que luego se redujeron a 50.000), a lo que la administradora se negó al sospechar que lo que se estaba realizando era un fraccionamiento ilegal de contratos, que evitaban superar los 18.000 euros para evitar tener que hacer concurso público. “Hice ver a la directora que lo que pretendía tenía que hacerse con contrato negociado, pero ella me dijo que no era un único proyecto, sino proyectos diferentes y, por tanto, no podía hacerse con un solo presupuesto. Que, además, eran temas muy específicos que habían de hacer personas diferentes”. Todos los contratos cayeron, no obstante, en Isaías Herrero, el amigo de Borràs, a pesar de esa declaración de intenciones.

A lo largo de ese año de 2013, añadió la jefa de administración, “ya vi que aquello no era como se había querido dar a entender, sino una cosa de mayor envergadura e insistí en que se tenía que hacer un contrato negociado para que fuese legal y que cumpliese el requisito de libre competencia. Otras personas en la ILC lo veían como yo. Por eso, llamé al jefe de contratación el Departamento de Cultura, Joan Muñoz, para que pudiese mirar el tema. Muñoz vino a una reunión a la ILC, dijo lo mismo que yo y reforzó la tesis que mantenía yo. A partir de ahí, empecé a preparar un pliego de cláusulas técnicas para adjudicar el mantenimiento de la web y cada semana lo llevaba a la reunión de coordinación que teníamos con la directora. Pero no prosperó. Se quedó así porque la directora dijo que no y que se continuasen haciendo las cosas como se estaban haciendo”.

TE PUEDE INTERESAR

El amigo de Borràs admite que amañaron contratos y la defensa cae en el ataque personal

Antonio Fernández. Barcelona

Borràs llegó a ir a hablar con la interventora delegada de Cultura, Blanca de Gispert, a comienzos de 2014, porque la intervención veía indicios de fraccionamiento de contratos. “La señora Gispert comentó que las adjudicaciones eran muy reiteradas y repetitivas, que parecían contratos fraccionados y que a simple vista podían estar infringiendo el marco legal, pero la directora dijo que era por temas diferentes”. En otras reuniones con la intervención estuvo presente Roger Espar, que había sustituido a Pagespetit cuando esta estuvo de baja. “La interventora había revisado la contratación menor de 2013 y había visto que la contratación era 100% en contratos menores. Consideraba que no era lo más deseable y que hacían falta contratos que permitiesen la concurrencia pública. Se tenía que cambiar, pues, una parte de la contratación, pero para eso era necesario un contrato negociado”, declaró también Espar ante el tribunal.

Borràs salió enfadada de esa reunión a mediados de 2014. A finales de junio de ese año, la dirigente política trasladó a Espar que no habría contrato negociado porque no daba tiempo, puesto que los pasos a dar alargarían los trámites varios meses. En una ocasión, dejó abierta la puerta a realizar ese tipo de contratos en 2015. “Llegado febrero de 2015, por cuenta propia, pido a un técnico de Cultura que me envíe algunos modelos de pliegos y un cronograma de pasos. Pero pasaron los meses y la cuestión no avanzaba. Cuando Pagespetit se reintegró en abril del 2015, le entregué todos los correos y documentos de las gestiones que yo había hecho. Pero nosotros no podíamos hacer nada porque era Borràs quien recibía los presupuestos, quien decidía los adjudicatarios. Era el órgano de contratación y decidía qué tipo de expediente se haría. Y, si ella lo decidía, nosotros no podíamos hacer nada”.

TE PUEDE INTERESAR

El juicio contra Borràs debilita la causa independentista y JxCat guarda silencio

Marcos Lamelas. Barcelona

En 2016, Espar fue nombrado responsable de Administración de la ILC, tras la salida de Pagespetit. Los esfuerzos de la defensa de Borràs fueron intentar demostrar que el propio Espar mantenía una relación fluida y frecuente con Herrero, al margen de Laura Borràs. Ese extremo fue desmentido por el testigo. Pero el control de Borràs era tal que Espar incluso recibió una llamada de la primera cuando los Mossos d’Esquadra le visitaron en su despacho para llevarse las pruebas incriminatorias. Para entonces, ya era consejera de Cultura. “Yo lo había comunicado a mi director jerárquico, el director de servicios, el registro de los Mossos. Supongo que él lo debería comunicar a la secretaria general y esta a la consejera, que era el conducto obligatorio. Pero me llamó recriminándome no haberla llamado para contar qué buscaban los Mossos”, subrayo el alto cargo del Govern. Además, estando ya fuera de la ILC, Borràs convocó una reunión para hablar de algunos de los proyectos que se estaban llevando a cabo. “Me pareció una reunión surrealista, porque ninguno de los que estábamos allí teníamos potestad para realizar adjudicaciones de contratos”, admitió el jefe de Administración.

También se pronunció en términos críticos Joan Muñoz Cases, jefe de Gestión Económica y Contratación de la Conselleria de Cultura, que certificó que mantuvo una reunión con Borràs y Pagespetit el 4 de febrero de 2014 para poner sobre la mesa las normas que debían regir para las contrataciones. Dos días después, remitió las instrucciones y modelos de contratos negociados a Pagespetit, que fueron las instrucciones que esta utilizó para elaborar las cláusulas técnicas de un contrato negociado, rechazado en varias ocasiones por Borràs. Pero la directora tenía sus propias normas.