La defensa de Borràs se desmorona ante la confesión de su socio en la trama de corrupción

Laura Borràs se sentará este viernes ante el juez por la presunta trama de corrupción que lideró cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Consejería de Cultura, acusada de trocear contratos y entregárselos a dedo a su amigo Isaías Herrero. Su situación es ahora más que delicada, tras un giro de los acontecimientos en las últimas horas. El propio Herrero, también procesado, negocia con la Fiscalía una rebaja de la futura condena a cambio de confesar los tejemanejes de ambos entre 2013 y 2017. En su ordenador, se hallaron pruebas evidentes del amaño, como el rastro de 18 adjudicaciones bajo sospecha, y grabaciones de los Mossos sobre conversaciones telefónicas comprometidas donde Herrero presumía de su amistad con la presidenta de JxCAT y de varias maniobras. El testimonio puede ser clave y trastocar toda la estrategia de defensa de Borràs.

La dirigente de Junts se sentará este viernes en el banquillo, acusada de prevaricación administrativa y de falsedad documental, en su caso agravada por ser cargo público. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y 144.000 euros de multa. La dirigente juntera desvió, presuntamente, 335.700,29 euros hacia los bolsillos de Isaías Herrero, a quien adjudicaba contratos troceados para evitar tener que convocar concursos. En la trama participaba también Andreu Pujol, que prestó su nombre y una de sus sociedades para que Herrero pudiese camuflar los cobros del erario público mientras Borràs era directora de la ILC. El Ministerio Público pide para Herrero seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 72.000 euros de multa, pero todo puede cambiar.

TE PUEDE INTERESAR

Felicitación navideña de Junts: Laura Borràs desaparece de la foto con Puigdemont

A. Fernández. Barcelona

Según ha podido conocer El Confidencial, la estrategia de Laura Borràs se dirigirá a intentar invalidar las pruebas que hay en su contra. Para ello, aportará un informe de parte contratado con Emilio Hellín, un ultraderechista español miembro de Fuerza Nueva acusado de haber asesinado en 1980 a la joven Yolanda González. Hellín es el autor de un informe informático con el que Borràs pretende neutralizar las pruebas aportadas, tanto grabaciones telefónicas de su amigo Herrero como e-mails personales suyos cuando era directora de la ILC, dando instrucciones de cómo hacer trampas para poder adjudicar los contratos.

La defensa de la líder de Junts intentará poner en duda la cadena de custodia de las pruebas para que no se tengan en cuenta. Esas pruebas se encontraron por casualidad, cuando los Mossos d’Esquadra investigaban a Herrero por falsificación de moneda y tráfico de sustancias estupefacientes (delitos por los que luego fue condenado). Al encontrar e-mails de Borràs y tener constancia de ciertas prácticas como alto cargo de la Generalitat, la jueza abrió pieza separada y comenzó a investigar a la dirigente independentista. Con su confesión, Herrero pretende una condena sensiblemente menor para poder eludir la cárcel. Pero, al mismo tiempo, la Fiscalía dispondría también de pruebas de los delitos al margen de los e-mails y de las conversaciones, por lo que la petición de invalidación de pruebas queda muy debilitada.

Abandonada por casi todos

Con la fuga de Isaías Herrero, Laura Borràs se queda aún más sola ante el peligro. No solo le ha dado la espalda su amigo, sino que también ha sido abandonada por el Govern, por ERC y por la CUP, que han declinado enviar una representación para apoyarla mientras es juzgada. Un sector de Junts está en contra de que la formación se pronuncie públicamente a favor de Borràs y avale sus teorías conspirativas de que es una víctima de las cloacas del Estado. Ese sector, lo mismo que el resto de formaciones soberanistas, mantiene que las acusaciones de corrupción no se deben a una persecución política, sino a una actuación personal como alto cargo de la Generalitat.

TE PUEDE INTERESAR

Los seguidores de Borràs en JxCAT caen frente a la indiferencia de Puigdemont

Marcos Lamelas. Barcelona

Según ha podido conocer El Confidencial, el secretario general de JxCAT, Jordi Turull, ha presionado a dirigentes de este partido para que acudan a las puertas del TSJ de Cataluña este viernes para apoyarla, acusando al Estado de lawfare y denunciando persecución política hacia su líder. Estas presiones han sentado mal en un sector del partido, que prefiere mantener un perfil bajo en este caso. La sectorial de Junts de Lleida, sin embargo, contrató un autocar para poder trasladar a militantes hasta Barcelona en apoyo de la presidenta de la formación.

Borràs exigió solidaridad al independentismo, pero en realidad ni siquiera el fugado Carles Puigdemont quiere hacerse una foto con ella. Prefiere mirarla desde lejos y esperar a que la Justicia dicte su resolución. ERC se desmarcó este lunes por boca de su portavoz, Marta Vilalta, que se limitó a decir que Borràs no estaba perseguida políticamente y que su caso es de mala praxis. “No tiene nada que ver con el 1-O ni con la lucha por la independencia”, afirmó la dirigente republicana. Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, dijo más o menos lo mismo y subrayó que es “un caso vinculado a unas supuestas malas prácticas”. Y añadió: “No tiene nada que ver con la represión del Estado. No se pueden mezclar las cosas”. Tanto los republicanos como los anticapitalistas califican el proceso en privado como un caso de delincuencia común. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció también este martes que el Ejecutivo entiende que no debe estar a las puertas del tribunal para apoyarla y se abstuvo de realizar más comentarios.

Intentó interferir en la investigación

La negativa de los otros partidos independentistas y del Govern deja a Laura Borràs en una situación delicada, habida cuenta de que una gran parte de su partido tampoco ve persecución política. Para Borràs, este aislamiento ha sido un duro golpe y su reacción fue acusar a sus colegas de haber vulnerado su presunción de inocencia.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Laura Borràs por adjudicaciones a dedo

Pablo Gabilondo

Borràs asegura que su proceso se ha alargado para desgastarla. Nada más lejos de la realidad. Cuando ya estaba en marcha la investigación, intentó controlarla llamando al consejero de Interior, Miquel Buch, para conocer hasta qué punto conocían los Mossos sus interioridades profesionales. La magistrada, inmediatamente, sacó del caso a los Mossos y le entregó la investigación a la Guardia Civil para evitar interferencias políticas. Pero en aquel momento, Borràs era ya consejera de Cultura, por lo que por su condición de aforada el caso tuvo que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego, Borràs hizo una cabriola y se postuló como cabeza de lista de JxCAT en las elecciones generales. Al ser elegida, el tribunal se inhibió y pasó el caso al Supremo.

Cuando su proceso había alcanzado velocidad de crucero, Borràs, por sorpresa, abandonó su escaño en Madrid y se presentó como candidata de Junts a las elecciones autonómicas. Fue elegida y, a la postre, consiguió que ERC y la CUP la apoyasen para ser presidenta del Parlament. El proceso tuvo que volver de nuevo al TSJC, al ser el tribunal competente para los cargos electos en las instituciones de Cataluña. Todos estos vaivenes provocaron dilaciones del caso.

La última bandera en la que Laura Borràs se intentó envolver, la de la solidaridad, le ha fallado. Solo un puñado de los suyos la arropan. El independentismo en general le ha dado la espalda. Por esta causa, fue desalojada de la presidencia del Parlament el año pasado, ya que se le aplicó el reglamento de la Cámara por el que cualquier miembro debe cesar en sus funciones si se abre juicio oral por corrupción contra él. Borràs ya se quedó en aquel momento aislada y reclamando su permanencia en la presidencia del Parlament, apoyada solo por un sector de JxCAT. Y así sigue, aunque sus partidarios van menguando día a día.