Cs lleva a la Fiscalía nuevos correos de Borràs que cuestionan su gestión en la ILC
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LA CANDIDATA TIENE ABIERTA UNA INVESTIGACIÓN

Cs lleva a la Fiscalía nuevos correos de Borràs que cuestionan su gestión en la ILC

Los correos aportados por la formación que lidera en Cataluña Carlos Carrizosa podrían reforzar las sospechas de posible prevaricación en la gestión que Borràs hizo en la entidad cultural

placeholder Foto: La diputada de JxCAT Laura Borràs, en declaraciones ante el Supremo. (EFE)
La diputada de JxCAT Laura Borràs, en declaraciones ante el Supremo. (EFE)

La actual portavoz de JxCAT en el Congreso y próxima candidata a presidir la Generalitat de Cataluña, Laura Borràs, es la nueva diana de Ciudadanos, que ha presentado una denuncia en su contra ante la Fiscalía en la que adjunta correos electrónicos que ponen en duda su honestidad y revelan actitudes poco éticas cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), un organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña. Borràs tiene abierta ya una investigación por haber adjudicado a un amigo íntimo, Isaías Herrero, 18 contratos por un monto total de 260.000 euros durante su etapa al frente de la ILC.

Según las investigaciones en curso, Borràs está siendo investigada por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales. Aunque tanto la candidata independentista como su partido han denunciado públicamente que el sumario es “una venganza del Estado español”, las investigaciones fueron iniciadas por los Mossos d’Esquadra. Cuando Borràs fue nombrada consejera de Cultura por Quim Torra, el asunto pasó de un juzgado normal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cuando fue elegida diputada en el Congreso, se acogió al aforamiento y el tema tuvo que pasar obligatoriamente al Supremo. Si es elegida presidenta de la Generalitat, se trasladará la causa al TSJC.

Foto: La candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. (EFE)


Cs ha irrumpido en esta causa con una denuncia ante la Fiscalía en la que aporta documentación derivada de las respuestas parlamentarias del Govern a las preguntas de tres de sus diputados en el Parlament.

Con la firma de Carlos Carrizosa

El escrito va firmado por el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, y adjunta un dosier con toda la documentación oficial en que se basa la denuncia. Esa documentación incorpora los papeles facilitados por el Govern tras las preguntas de los diputados de Ciudadanos Matías Alonso, Jean Castell y Carlos Sánchez, así como otros documentos a los que la formación naranja tuvo acceso.

El dosier contiene, por ejemplo, ocho expedientes de contratación y diferente documentación relacionada con los mismos. Como ejemplo paradigmático, se desmenuza un contrato menor adjudicado por 19.420 euros a Isaías Herrero.

Se adjunta además un correo electrónico de Laura Borràs en el que recrimina a los auditores que pongan en duda las justificaciones de ese contrato. “Me sabe muy mal y haremos todas las reuniones que haga falta al volver de vacaciones, pero quiero que tengas en cuenta que estamos hablando de un pago a terceros, de un trabajo que ya está hecho y que se está haciendo mientras se celebra la conmemoración del Any Bertrana”, dice Laura Borràs en un correo al interventor en agosto de 2017. Se refería aquí al contrato referente a la gestión del programa del Any Bertrana de la Generalitat, que era uno de los que suscitaban dudas en Intervención.

Foto: La diputada de JxCat Laura Borrás (i) a su llegada al Tribunal Supremo. (EFE)

Borràs se situaba por encima de las formalidades y señalaba en el correo: “Pido un poco de sensibilidad y de responsabilidad de cara a terceras personas, autónomos y trabajadores en precario. Podemos comentarlo todo y hacerlo todo como se establezca, pero este tema ha de quedar resuelto ya, porque no puede esperar más y estamos agraviando a un tercero que ha hecho un trabajo cuando la factura ya está en Intervención”. En otras palabras: Ciudadanos subraya que con ello hay “pruebas e indicios más que suficientes de la posible evitación intencionada de cualquier tipo de contratación pública” y que hubo una “voluntad intencional de orillar u omitir el cumplimiento de la legalidad en la adjudicación 'de facto' de los servicios informáticos, perfectamente programables de manera anticipada por parte de ILC”.

Para Ciudadanos, los encargos al amigo de Borràs se tendrían que haber realizado desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, como todos los relacionados con las nuevas tecnologías, y no haberlos dejado en manos de un departamento del Govern. En este sentido, el partido naranja asegura que el interventor avisó a Borràs de que “había una obligación legal de contratar dichos servicios con el CTTI que se estaba eludiendo”.

Borràs se situaba por encima de las formalidades y señalaba en el correo que pedía "un poco de sensibilidad y de responsabilidad"

Pero, además, Cs desvela que los mismos servicios que Isaías Herrero facturaba a Laura Borràs por cantidades que oscilaban entre los 18.000 y los 20.000 euros, cuando los empieza a prestar el CTTI en 2017, "lo hace por importes muy inferiores, de 2.000 a 6.000 euros máximo". Ante ello, la formación de Arrimadas señala que “la señora Borràs maniobra y presiona, aprovechando su autoridad y carácter público de directora de la ILC, tanto al nuevo interventor como al director del área TIC del Departamento de Cultura para que se pagaran las facturas al señor Isaías Herrero”. Y añade un comentario lapidario de la propia Borràs: “Si Intervención necesita que yo esté de acuerdo en que se paguen los costes indebidos, pues estoy de acuerdo. A pesar de que no se haya seguido el camino habitual”.

Todo ello, a juicio de Ciudadanos, constituye “pruebas e indicios más que suficientes de los posibles ilícitos criminales de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental que se apuntan en los hechos anteriores”. Denuncia, asimismo, la “adjudicación absolutamente discrecional del gasto público en contratos menores fraccionados en los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2017”, lo que podría en evidencia una “continuidad delictiva”.

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