adjudicación irregular de 18 contratos

Borràs no acudirá a la cita que propuso el Supremo por los "trapis" con su amigo

El magistrado Eduardo de Porres le concedió la posibilidad de declarar de forma voluntaria este viernes por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de ILC

Foto: La diputada de JxCAT Laura Borràs. (EFE)
La diputada de JxCAT Laura Borràs. (EFE)

La portavoz de JxCAT en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, no atenderá al ofrecimiento realizado por el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que le concedió la posibilidad de declarar de forma voluntaria este viernes por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo. Fuentes cercanas a la diputada han confirmado a El Confidencial que esperará el avance del procedimiento y a tener acceso a las actuaciones.

"Hoy he comunicado al Tribunal Supremo que mañana no acudiré a declarar", ha comunicado Borràs en un tuit. "Hacerlo implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando en una causa que ha vulnerado mis derechos desde el primer día". De Porres la citó "a fin de ser oída en declaración" como investigada por estos hechos. Una vez descartada esta opción el instructor se verá obligado a proponer a la Sala de lo Penal que tramite un suplicatorio para obtener el permiso parlamentario necesario para interrogarla.

La decisión del Supremo se adoptó a la vista de la información remitida por la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona que le atribuye cuatro delitos: prevaricación malversación, fraude administrativo y falsedad documental,. En concreto, acusa a Borràs de favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares al informático Isaías Herrero, durante un periodo de cuatro años, los transcurridos mientras permaneció al frente de la ILC entre los años 2013 y 2017.

En la exposición razonada la jueza reproducida el contenido de distintos correos electrónicos y conversaciones. "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre", aseguraba en los pinchazos el amigo y colaborador de la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados al que presuntamente favoreció con contratos irregulares. El beneficiado calificó como 'trapis' esas adjudicaciones desde la institución que entonces dirigía.

Los contratos que atribuyó a Herrero de forma irregular rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 euros para que no saltaran las alarmas. "Hombre, claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", decía textualmente. Herrero también explica en las conversaciones intervenidas que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos". "Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora porque un cambio de director... Tú ya puedes hacerlo todo lo bien que quieras, que un director, si él quiere, puede llevarse a su equipo, y como son cargos políticos...", indica también.

El colaborador de la actual portavoz de JxCAT en el Congreso recibió, en concreto, contratos vinculados con dominios y subdominios del ILC: lletrescatalanes.cat, anybertrana.cat, quellegeiexes.cat y anyllul.cat. La Fiscalía del Supremo, que tendrá que pronunciarse ahora sobre si procede la imputación, cuenta además con el contenido del volcado de discos duros, correos electrónicos y declaraciones de testigos.

La operativa

"Entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática asignados por la Institución de las Letras Catalanas a favor del investigado Isaías Herrero Florensa", indicaba la exposición razonada, que mencionaba que el aludido empleaba tres sociedades pantalla.

La magistrada y la Fiscalía describen que el procedimiento, "llevado a cabo con la voluntad de ocultar que el efectivo prestador de los servicios era Herrero", se realizó de forma que se asignaron tantos contratos menores como tramos de 18.000 euros a las compañías indicadas, pese a que esto contravenía las normas del ILC debido a que los servicios se desarrollaron durante un periodo superior a los cuatro años. Para tapar el 'dedazo', el beneficiario último aportó para cada adjudicación hasta tres presupuestos, dos de ellos falsos.

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