El Supremo abre causa penal a Borràs por el supuesto amaño de contratos para un amigo

El Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás para investigar los posibles delitos en los que incurrió como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal pone el foco en si favoreció con contratos irregulares a su amigo Isaías Herrero, hechos que “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo abre la causa tras la exposición razonada que le remitió el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero durante más de cuatro años por obra y gracia de la que fuera directora del Institución de las Letras Catalanas. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borrás adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas.

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"Durante los años 2013 a 2017, en que la aforada fue directora de la ILC, se procedió desde la misma, de acuerdo con Isaías Herrero Florensa, que mantenía una relación personal de amistad con la persona aforada, al fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados", explica el Supremo.

Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

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Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borrás el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".

Paso a paso contra la aforada

Por el momento, el Supremo se ha limitado a designar como instructor de la causa al magistrado de la Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido. Al tratarse de una diputada, el juez tendrá que decidir ahora si propone a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para imputarla formalmente, figura con la que el poder judicial pide permiso al poder legislativo para proceder penalmente contra un parlamentario.

Para evitar este trámite, el magistrado también puede invitar a Borrás a declarar de forma voluntaria, posibilidad que la propia diputada también puede proponer, como es habitual en las causas con aforados. Sea cual sea el camino elegido, la apertura de una causa penal complica el futuro político a Borrás, que ya se perfilaba como la elegida por Carles Puigdemont para unas hipotéticas elecciones catalanas anticipadas.