La CUP exige a Laura Borràs (JxCAT) que aclare sus contratos en la Generalitat

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso, Laura Borràs, ya tiene un nuevo frente con el que lidiar. La CUP presentó este martes una batería de preguntas en el Parlamento de Cataluña para que se aporten todos los documentos de las adjudicaciones que Borràs realizó hasta el año 2016, mientras era máxima ejecutiva de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), un organismo dependiente de la Generalitat, cargo en el que cesó para ser consejera de Cultura cuando Quim Torra llegó al poder.

Sobre Borràs pesan varias acusaciones de corrupción por supuestamente haber troceado 260.000 euros en pequeños contratos con los que benefició a un amigo personal. Un auto de la jueza de Barcelona que comenzó la instrucción del caso detalla el modus operandi fraudulento que se aplicaba en la ILC y aportaba correos y conversaciones de la propia Borràs con su amigo Isaías Herrero en las que ella le explicaba cómo falsear facturas para llevarse el dinero público. Herrero también participaba en varios másteres y posgrados de la Universitat de Barcelona como docente, curiosamente en los que estaban dirigidos por Borràs.

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Por si fuera poco, la magistrada la acusa de abusar de su función y de adjudicar de manera directa o indirecta “de manera arbitraria todos los contratos de programación informática”, de tal manera que “los importes fijados en los presupuestos y las facturas finalmente giradas a la ILC obedecían a un acto ilícito de enriquecimiento y en perjuicio del patrimonio público”. Tanto la jueza como la Fiscalía concluían que entre 2013 y 2017 “hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática asignados por la institución a favor del investigado”.

Aunque la investigación fue realizada por los Mossos d’Esquadra, Borràs achacó el sumario, que actualmente está en el Supremo dado que es aforada, a una supuesta 'guerra sucia' de las “cloacas del Estado”. Pero ahora la andanada le llega desde las filas amigas.

La CUP como enemigo

La CUP, que no es sospechosa de ser 'cloaca del Estado', exige "que se vaya al fondo de la cuestión y se aclaren las sombras de dudas en la Administración de Laura Borràs como presidenta de la ILC". Y le dejan claro que “conscientes de que tanto el Estado como diversas fuerzas políticas han utilizado la corrupción para hacer 'guerra sucia' contra el movimiento soberanista en Cataluña, también es cierto que en diferentes ocasiones determinadas fuerzas políticas han hecho servir esta ‘guerra sucia’ para tapar casos de corrupción”. Y apostilla: “Que la corrupción no tape la ‘guerra sucia’ y que la 'guerra sucia' no tape la corrupción”.

Los anticapitalistas han tomado la decisión de exigir las explicaciones pertinentes en la Cámara legislativa catalana después de conocerse el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas, que ratifica la mayoría de las acusaciones que se hacen en el sumario contra Borràs.

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La organización cupera aduce que "es preciso analizar detalladamente todas las pruebas presentadas por la Fiscalía para separar el grano de la paja y aclarar si hubo prácticas irregulares en la adjudicación de contratos por parte de Laura Borràs".

La organización cupera aduce que "es preciso analizar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía para aclarar si hubo irregularidades"

Se da la circunstancia de que la actual portavoz de JxCAT en el Congreso ya compareció en la Comisión de Cultura del Parlament, pero, a juicio de la CUP, "es evidente que sus explicaciones no fueron suficientes y que hace falta una mayor claridad en este sentido. El reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición son pasos imprescindibles para corregir y asumir las responsabilidades políticas pertinentes".

Se da la casualidad de que la iniciativa de la CUP llega precisamente el día en que la Fiscalía pedía la entrada en prisión de Fèlix Millet, Jordi Montull, y Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, por el caso Palau (fueron condenados a nueve, siete y tres años respectivamente). La sentencia definitiva del Supremo por ese caso se conoció hace pocos días. En ella, se reconoce que CDC, el ancestro político de JxCATt, se embolsó ilegalmente 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del Palau de la Música.