El Supremo cita a Laura Borràs como imputada por adjudicaciones a un amigo

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Eduardo de Porres, ha citado como investigada a la diputada Laura Borràs para el próximo 22 de julio a las once de la mañana. El magistrado instruye la causa en la que se investiga la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Borrás era su directora. La citación se produce después de que el juez recibiera la autorización del Congreso para investigar a la diputada.

El alto tribunal abrió el pasado diciembre una causa a la diputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa como directora de la ILC. Porrés ya citó el pasado 14 a la diputada para prestar declaración voluntaria en calidad de investigada en la causa, pero ella declinó acudir.

El procedimiento contra Borràs parte a su vez de la exposición razonada que le remitió al Supremo el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero, amigo de la diputada, durante más de cuatro años. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borràs adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas y pasaran desapercibidos.

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Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación.

Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".