Borràs se niega a declarar como imputada en el Supremo: "No colaboraré con la injusticia"

Laura Borràs se ha negado a declarar ante el Tribunal Supremo. La diputada de Junts per Catalunya estaba citada como imputada por contratos que adjudicó durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), pero apenas ha permanecido 15 minutos en el alto tribunal. El magistrado instructor, Eduardo Porres, pone el foco en si favoreció con contratos irregulares a su amigo Isaías Herrero, hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. "Yo colaboraré siempre con la justicia, pero no colaboraré nunca con la injusticia", lanzó Borràs a las cámaras que le esperaban a la salida del Supremo.

El alto tribunal abrió la causa tras la exposición razonada que le remitió el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero durante más de cuatro años gracias a la que fuera directora del Institución de las Letras Catalanas. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borrás adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas. Al estar aforada, el alto tribunal solicitó un suplicatorio al Congreso y la cámara dio luz verde a su imputación el pasado 25 de junio.

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EFE

"Durante los años 2013 a 2017, en que la aforada fue directora de la ILC, se procedió desde la misma, de acuerdo con Isaías Herrero Florensa, que mantenía una relación personal de amistad con la persona aforada, al fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados", sostiene el Supremo. Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero".

En febrero, el Supremo le citó para que declarara de forma voluntaria, pero la diputada de Junts per Catalunya rechazó el ofrecimiento. Este miércoles, ya con el permiso del Congreso, acudió como imputada junto a su abogado, Gonzalo Boye, el mismo que representa a Carles Puigdemont o Quim Torra, y se acogió a su derecho a no declarar. Borràs apoyó su decisión en que todavía no se ha practicado una diligencia pericial solicitada por su defensa. "El Tribunal Supremo ha sido muy veloz en citarme a declarar y en tramitar el suplicatorio, pero es muy lento justamente con esta prueba pericial", criticó a la salida del tribunal, donde le esperaban una veintena de simpatizantes independentistas junto a una delegación de diputados y senadores. "Quien quiere probar mi culpabilidad no necesita ni tan siquiera estas pruebas".

Borràs ya pidió retrasar su declaración hasta que se completara esta pericial, pero el instructor rechazó cambiar la fecha de la comparecencia. Como respuesta a esa negativa, la diputada ha decidido guardar silencio y ni siquiera ha respondido a su abogado, afirmando a la salida que la pericial en cuestión prueba su inocencia: "Implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autor, cuál es precio objetivo, que carácter de periodicidad existe entre ambos, entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional de los mismos"

Los correos entre Borràs y Herrero

La investigación se apoya, entre otros aspectos, en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".