El tribunal concede a Borràs la potestad de declarar en último lugar

La presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, seguirá sentada en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero tendrá algunos privilegios, como la potestad de prestar declaración en último lugar, tras el resto de encausados. Borràs está acusada de prevaricación y falsedad en documento público por haber troceado contratos cuando era directora de la Institución de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo de la Generalitat, y haber desviado presuntamente 335.700 euros hacia los bolsillos de su amigo Isaías Herrero, que es otro de los acusados. Para ella, el fiscal pide seis años de prisión, 21 años de inhabilitación y 144.000 euros de multa. Para Herrero, pide seis años de prisión, 21 de inhabilitación y 72.000 euros de multa. Para un tercer acusado, Andreu Pujol, que facilitó su nombre y una de sus empresas para canalizar el dinero desde la Administración a las cuentas de Herrero, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel, siete de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

El tribunal, que preside el magistrado Jesús María Barrientos, dio unos días más a la defensa de Borràs, encabezada por el letrado Gonzalo Boye, para poder hacer alegaciones ante algunas modificaciones y propuestas de pruebas que había presentado el pasado viernes el Ministerio Fiscal. Boye ya intentó que se anulase el juicio el pasado viernes, alegando indefensión por un supuesto pacto de los otros dos acusados con la Fiscalía, pero dicho pacto no se materializó nunca ni ninguna de las partes lo dio por realizado, por lo que la petición no fue tenida en cuenta.

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En la sesión de este martes, volvió sobre sus pasos y alegó de nuevo indefensión en varios apartados. El tribunal adoptó una postura salomónica admitiendo algunas de las peticiones de la defensa y algunas de la Fiscalía. Todo menos suspender el juicio por la supuesta indefensión y por la supuesta vulneración de derechos fundamentales que había alegado en varias ocasiones Gonzalo Boye.

La mayor concesión que el tribunal hizo a Borràs fue permitir cambiar el orden del día del juicio y que la dirigente política pudiera declarar al final de la vista, en último lugar, tras los demás acusados. La Fiscalía trató de evitar la modificación del orden del día. “La alteración del orden del día ha de estar siempre justificada con razonamientos. Primero, se ha de tener en cuenta si es para mejorar el relato de los hechos y, segundo, para asegurar el descubrimiento de la verdad. En este caso, la alteración no obedece a ninguna de estas finalidades, sino que más bien lo que pretende es modular o adaptar su declaración la acusada a lo que digan el resto de acusados. Y ello no redunda en el descubrimiento de la verdad, sino en la pérdida de credibilidad del medio probatorio”.

En otras palabras, lo que la Fiscalía aducía era que, si se variaba el orden del día, Borràs saldría beneficiada, puesto que su declaración iría encaminada exclusivamente a anular las declaraciones del resto de los encausados si sus aseveraciones la perjudicaban. Las defensas de los restantes acusados, no obstante, no se opusieron y el tribunal permitió a Laura Borràs declarar al final del juicio en lugar de ser la primera interrogada cuando se retomen las sesiones el próximo lunes.

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No fue la única concesión: también permitió a Boye presentar un nuevo testigo, la profesora Giovanna di Rosario, que, aunque no participó en los hechos, trabajó con Laura Borràs e Isaías Herrero en la impartición de un cursillo universitario.

Peticiones rechazadas

Boye, no obstante, también vio cómo algunas de sus alegaciones eran rechazadas. El letrado realizó un último intento de anular el procedimiento echando mano de enrevesados argumentos. El primero de ellos, fue por un hecho tan trivial como la redacción de un párrafo del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones. El texto señala que, cuando Laura Borràs realizó la primera reunión de la Junta de Gobierno de la ILC en marzo del 2013, “con anterioridad” ya se había conchabado con Isaías Herrero para trocear contratos y llevarse el dinero público.

El letrado quiso anular el procedimiento por la irrupción de las palabras “con anterioridad”, puesto que consideraba que la frase del fiscal era una modificación sustancial del relato, debido a que no mencionaba “ni dónde, ni cuándo, ni cómo y con quién. Esta redacción de los hechos nos deja desarmados, ya que nadie introduce una modificación de conclusiones tal si no tiene previsto acreditarla”. En un momento determinado, Boye subrayó que “el fiscal sabe muy bien cómo va a rellenar esto. Nosotros podemos resumirlo… Aparecerá algún testimonio o algún testigo, y eso tendrá consecuencias jurídico-penales sin que nos podamos defender”, dijo el defensor de Borràs. Hacía referencia a que el acusado Isaías Herrero podría haber pactado con la Fiscalía el incriminar a Borràs para que le sea rebajada su pena.

Borràs y Herrero ya se habían intercambiado 'mails' sobre lo que iba a cobrar y cómo hacerlo: a través de facturas que troceaban servicios

Pero el abogado defensor pasaba por alto que en el sumario consten documentos anteriores a esa fecha que demuestran que Borràs y su amigo Herrero ya se habían intercambiado mails desde un mes antes sobre lo que iba a cobrar el amigo y cómo hacerlo: a través de facturas que troceaban servicios. En las próximas sesiones, la labor de Boye será tratar de anular esos correos aludiendo a que se rompió la cadena de custodia y, por tanto, pudieron ser falsificados.

El tribunal no aceptó los razonamientos de Boye en esta materia. Es más, Barrientos señaló que en el relato de la Fiscalía no hay modificaciones esenciales ni “ningún elemento que atañe posibilidades defensivas, ya que no se modifican conductas nucleares de la acusación ni poder probatorio”.

Armas para la Fiscalía

Tampoco se admitió indefensión en otra alegación de Boye: acusó al Ministerio Fiscal de haber realizado cuatro requerimientos a instituciones para recabar documentos mediante las “diligencias indeterminadas 42/22 de 2022”. En realidad, como ya habían justificado el viernes, las diligencias indeterminadas son obligatorias para solicitar los documentos que deben presentarse en el tribunal (no son diligencias de investigación) y la fecha estaba equivocada, puesto que fueron pedidas en 2021, antes de concluirse la investigación. Boye alegó el hecho de que el fiscal pudo haber solicitado más diligencias que no constan como maniobra desesperada para plantear de nuevo la indefensión de su defendida.

En cambio, la propuesta del Ministerio Fiscal de que cuatro mossos d’esquadra participaron en la segunda entrada y registro del domicilio de Isaías Herrero fue aceptada. El abogado defensor intentó desacreditarlos señalando que su labor era realizar un informe pericial que nunca elaboraron y, por tanto, quedan inhabilitados para ser peritos. También adujo que entraba en contradicción ser testigos y peritos a la vez, ya que deberían opinar sobre un peritaje suyo. El letrado obviaba que los guardias civiles que comparecen como testigos y que fueron aceptados por la defensa han de hablar sobre sus informes. Y el propio Boye presenta a dos peritos que son los autores de los informes periciales que ellos mismos redactaron.

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Tras la vehemente oposición de la defensa de que no se acepten peritos de los Mossos (que fueron quienes comenzaron a investigar a Laura Borràs), el presidente del tribunal contestó a la defensa que la sala “los admite como peritos manteniendo su condición de testigos. Son agentes cuyo conocimiento proviene de la incautación de material en un registro y a los que se les podrán, por tanto, dirigir preguntas técnicas. De no hacerlo, este tribunal dejaría a la acusación en desequilibrio respecto a la defensa, que en esta fase suscita la cadena de custodia para anular la prueba. Y la acusación pública debe tener la oportunidad de contrarrestar esa alegación y si esta es la vía para hacerlo, ya que los propios mossos pueden aclarar cuál fue la cadena de custodia, el tribunal no puede rechazarlo”.

Barrientos, pues, mantuvo una disciplina salomónica al rechazar algunas pruebas presentadas por la Fiscalía y rechazar otras presentadas por la defensa de Laura Borràs. El verdadero juicio comienza el próximo lunes, cuando los acusados, los testigos y los peritos comiencen a desfilar por delante del tribunal.