Pedro Sánchez pacta con ERC incluir a Tsunami y los CDR en la ley de amnistía

ERC y el PSC han hecho un comunicado conjunto en el que aseguran que “en las próximas horas” se cerrará el acuerdo para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Según el texto, la clave ha sido una conversación telefónica esta tarde entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez en la que ambas formaciones han dado por “colmadas sus expectativas”. Fuentes de ERC aseguran que el texto de la nueva Ley incluirá a los encausados por Tsunami Democràtic –entre los que están altos cargos de ERC y la secretaria general Marta Rovira– y también la causa de los CDR acusados de terrorismo.

Según el documento publicado, los flecos pendientes han sido “delegados en sus respectivos equipos negociadores del cierre definitivo, en las próximas horas”. Fuentes de ERC han apuntado que el punto clave era que los encausados por Tsunami Democràtic, en la mayoría altos cargos de los republicanos, entren dentro del perímetro de la nueva ley de amnistía.

Este mediodía, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, lamentó que los acusados por Tsunami Democràtic, una protesta que provocó el asalto del aeropuerto de El Prat en 2019, no entrase en el perímetro de la ley de amnistía. El comunicado no hace mención explícita concreta al alcance de la futura amnistía y si beneficiará a los acusados por Tsunami.

“La ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados”, señala la nota conjunta de este acuerdo, que no se ha cerrado todavía, pero que se anuncia con antelación.

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El acuerdo de investidura está pendiente de “la aprobación del mismo por parte de los órganos de ERC”, según la nota, que le da un alcance más allá de la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la semana que viene.

El comunicado apunta que más que un acuerdo de investidura será un acuerdo de legislatura, ya que “dicho acuerdo contendrá cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la XV Legislatura. Al finalizar las conversaciones, se comunicarán la fecha y lugar de firma del acuerdo”. Estas cuestiones económicas serían los flecos pendientes de cerrar al margen de la amnistía.

PSOE, ERC y JxCAT han rebajado sus respectivas líneas rojas en la negociación de la investidura para llevar el acuerdo a un éxito, que podría concretarse la próxima semana, antes de la festividad de la Almudena. Eso implica que todas las partes han tenido que hacer cesiones que en principio dijeron que no iban a aceptar. Ahora lo complicado es explicar a sus respectivas bases y cuadros no la conveniencia del acuerdo, más obvia, sino el precio que se tendrá que pagar por ella.

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Así, Carles Puigdemont ha rebajado sus expectativas para llegar a un acuerdo e investir finalmente a Pedro Sánchez presidente del Gobierno español. El tema está prácticamente cerrado. “Solo algún imponderable de última hora podría dar al traste con el acuerdo, una sorpresa, que nunca se descarta, pero de momento todo está atado y bien atado”, confirmaron a El Confidencial fuentes independentistas.

La negociación fue muy difícil, especialmente porque Puigdemont había puesto el listón muy alto en su comparecencia del pasado 5 de septiembre, exigiendo un negociador internacional, la amnistía y el referéndum. Pero la realidad se impuso al final en las negociaciones y se encontró un encaje entre las peticiones de unos y las voluntades de ceder de otros. La mejor pieza que se llevará Puigdemont es la amnistía, que le podría suponer la posibilidad de volver a España sin que le detengan. “Él sabe que no podrá aprobarse la ley antes de la investidura, pero existe la voluntad de tirarla adelante y es un compromiso de los socialistas”, explican a este diario fuentes cercanas al Gobierno español.

Algo parecido reconoció la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes. Se le preguntó qué pasaría si el acuerdo al final no incluye el traspaso de Cercanías o una mejora del déficit fiscal, y Plaja ha planteado que “el Govern ha dejado muy claro cuáles son las tres carpetas necesarias —amnistía, autodeterminación y más autogobierno para Cataluña—, pero la Generalitat no forma parte de las negociaciones y sería poco prudente por mi parte marcar ahora líneas rojas que hagan posible o no la investidura”.

La Generalitat ya ha reconocido que ha rebajado sus expectativas negociadoras

La Generalitat renunciaba a marcar líneas rojas porque las líneas rojas han volado por los aires. Es el precio de haber negociado un pacto de Estado que cristalizará en la primera amnistía penal en España desde la de 1978. Es decir, no se trata solo de JxCAT, sino también de un proceso que también afecta a ERC.

Mediador de ida y vuelta

Así se han rebajado o aguado peticiones de JxCAT como el mediador internacional o el reconocimiento de Cataluña como nación. De alguna manera, tras dos meses, la negociación ha vuelto a la casilla de salida: amnistía por investidura.

"El mediador es una figura que no existe en conflictos como el catalán", reconoce una fuente independentista a El Confidencial. Con esa certeza como telón de fondo, los socialistas rechazaron de plano la figura del mediador internacional, pero JxCAT les trasladó hace unos días la posibilidad de que ambas partes propongan a una figura cada una como observadora. Se trataría de llevar las negociaciones con dos figuras neutrales, no necesariamente internacionales, como fedatarios públicos, aunque el PSOE es reticente a esta medida. “Aceptarlo sería aceptar que no nos fiamos de lo que firmemos. No hacen falta figuras externas para acordar algo entre dos partes, si dejas bien delimitado lo que pactas”, argumentan fuentes socialistas.

El PSOE también paga

Pero el PSOE también paga. No solo porque la amnistía no estaba en su agenda. También porque si incluye a los CDR y a los responsables de Tsunami eso puede tener fuertes costes electorales para el partido. También porque ha aguantado todo el despliegue de discurso y relato del independentismo. Solo una vez, Salvador Illa dijo basta. Y fue cuando ERC y JxCAT aprobaron en el Parlament una propuesta de resolución que abogaba por vetar la investidura si no se aceptaba el referéndum. La propuesta de resolución era la prueba por escrito y en sede parlamentaria de que el independentismo tenía líneas rojas. Y el acuerdo cimentado y ahora ultimado está muy lejos de esas pretensiones grabadas en piedra que pesarán como una losa sobre los firmantes cuando se haga público el redactado de la ley de amnistía.