Las cuatro vías del PP para paralizar la ley de amnistía en el Senado

Que su mayoría en el Senado forma parte de la estrategia política del PP es evidente. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha convertido la Cámara Alta en el mejor escaparate posible para su estrategia de oposición, y no piensa desaprovechar la ocasión de utilizarlo también para afrontar la futura ley de amnistía. Según aseguran fuentes cercanas a la formación, los populares ya estudian distintas vías para ralentizar la aprobación de una hipotética norma diseñada para borrar los delitos cometidos durante el proceso independentista de Cataluña.

Existen varias opciones estratégicas para lograr algo así, aunque el plan final aún no está trazado. De la más extrema a la más suave, todos los caminos se resumen en el objetivo de ganar tiempo, alargar la aprobación definitiva de la ley y entorpecer, con ello, el compromiso alcanzado entre el Ejecutivo y Junts y ERC para la investidura. Sumir el pacto en una indeterminación sobre los tiempos que lo llene de incertidumbre.

La tramitación de las leyes orgánicas viene tasada en los reglamentos por los que se rigen las dos cámaras. Una vez superado en el Congreso el trámite de enmiendas, votado y aprobado el texto definitivo con los cambios que apruebe la mayoría necesaria, las normas se trasladan al Senado para continuar su camino. En el caso de que no sean urgentes, la Cámara Alta dispone de dos meses. No obstante, si lo son, el artículo 133 y siguientes del reglamento precisan que se dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar las facultades de orden legislativo.

La fórmula que defiende un sector más radical consistiría en plantarse. Combinaría el argumento de las dudas sobre la constitucionalidad del texto y la necesidad de que queden resueltas una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos que se presentarán. El mismo PP ya ha avanzado que impugnará la ley, cuyo contenido es aún una incógnita. Con esta opción, el PP se negaría a tramitar el texto hasta que haya fallo del TC. Esta vía es extrema y presenta muchos inconvenientes. Se rompería al adoptarla la lealtad institucional y se sentarían, además, precedentes peligrosos. Por ello, solo una minoría la respalda.

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La segunda de las opciones implica la modificación del Reglamento, por lo que también es delicada. Con el objetivo de ganar tiempo, el cambio implicaría eliminar las limitaciones de plazos tradicionalmente aplicables a los proyectos de ley y las proposiciones de ley, única fórmula posible en el caso de gobiernos en funciones y única vía posible también si quienes promueven una norma quieren ahorrarse el trámite de informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Con esta idea, se alargarían los tiempos para las proposiciones de ley a través de la previsión que ya incluye el reglamento del Senado en su artículo 196, donde se indica que puede ser modificado por mayoría absoluta de senadores. La opción ha sido expuesta de forma pública por el abogado Esaú Alarcón en un blog en el que también defiende la intervención de las comunidades autónomas afectadas en el debate.

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Encadenar prórrogas frente a la urgencia

Una tercera opción estudia resistirse a la aplicación de una probable declaración de urgencia respecto a la norma o a la obligatoriedad de que se apruebe por lectura única. En este caso, del que ya hay precedentes, la Mesa de la Cámara se negaría a considerar que la tramitación de la amnistía debe realizarse en tiempos más cortos que otras leyes y se le aplicarían los plazos ordinarios. Mediante sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas se estiraría el momento en el que la ley deba viajar de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

En 1995, la mayoría del PP del Senado ya se opuso a la declaración de urgencia por parte del Gobierno de otra ley, la de interrupción voluntaria del embarazo, y no la admitió a trámite, alargando con ello su tramitación. La Abogacía del Estado acudió al Tribunal Constitucional y este acabó dando la razón al Ejecutivo. Pese a ello, asumir la posibilidad de un recurso ante el TC es un riesgo "asumible" para los populares, aseguran las fuentes consultadas.

Opinión

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Con la última opción, el retraso que busca el principal partido de la oposición se limitaría exclusivamente a unas semanas. La Constitución establece en su artículo 73 que las "cámaras se reunirán anualmente en dos periodos de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio", aunque "podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras". El PP mantendría aquí inhábil enero y ganaría ese breve tiempo.

Una vez aprobada la ley, suceda esto más pronto a más tarde, su aplicación se verá sin duda sometida a nuevos atrasos. Los encargados de extender sus beneficios son los tribunales que acusaron o condenaron a aquellos para los que está diseñada. Tanto el Supremo como el resto de instancias pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad que, según recogen las leyes, paraliza la norma hasta que el Constitucional se pronuncie.