El aviso del Supremo contra la amnistía: "Es impunidad disfrazada de ley de punto final"

El malestar general de la judicatura frente a la idea, cada vez más real, de que las Cortes acaben aprobando una ley de amnistía está haciendo mella especialmente en el Tribunal Supremo, zona cero de la judicialización del procés que esgrime el independentismo como ofensa y cuya desaparición exige Carles Puigdemont.

La preocupación por el encaje jurídico de una norma de ese tipo se incrementa en el TS a medida que avanzan las negociaciones. El alto tribunal ya se ha pronunciado de forma expresa sobre la cuestión en distintos escritos en respuesta a los condenados y procesados por el referéndum del 1-O. Rechaza frontalmente la medida y cuestiona su constitucionalidad. Para el TS y, en concreto, para el tribunal del procés, basta recurrir a la memoria colectiva para comprobar que este tipo de normas forma parte decisiones políticas "que sirvieron para ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final".

TE PUEDE INTERESAR

Qué perdonar y qué no: el laberinto de los redactores de la ley de amnistía al 'procés'

Pedro del Rosal

El Supremo repasó, por ejemplo, la amnistía en el informe en que se opuso a la concesión de los indultos a los políticos condenados entonces por sedición y malversación. Advertía contra la tentación de olvidar enseñanzas históricas que han convertido en algo evidente que las leyes de amnistía han sido "el medio hecho valer por regímenes dictatoriales" para borrar actuaciones gravísimas.

El tribunal decía tener dificultades para entender cómo algunos de los acusados decían preferir esta medida, pintándola como una vía que, gracias a un mágico efecto balsámico, "proyectaría sus saludables efectos no solo en el proceso penal ya resuelto, sino en la resolución del conflicto político". Una premisa —dice el TS— "desenfocada" que quiere convertir la amnistía en "un instrumento jurídico de sanación de sentencias injustas". La realidad, sugiere el TS, es que solo se busca corregir la legalidad, una solución aún más "inaceptable" que los indultos concedidos en su día.

Las leyes de amnistía han sido "el medio hecho valer por regímenes dictatoriales" para borrar actuaciones gravísimas

Para numerosas fuentes consultadas, es imposible alejar la amnistía del concepto de indulto general, que es el que se concede a sujetos indeterminados que han cometido una serie de acciones delictivas vinculadas. Este último se prohíbe en la Constitución, que no menciona, sin embargo, la amnistía. Ambos son, sin embargo, formas de romper el principio de legalidad criminal y penal, consideran las citadas fuentes.

Autoamnistía o amnistía en beneficio propio

El informe de los indultos ofrece otra pista, en este caso, sobre la confusión generada desde el Ejecutivo entre la oportunidad política que supone pactar un apoyo de los partidos independentistas y la necesidad de "diálogo" y "concordia" en Cataluña a que han hecho referencia Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno. En aquella ocasión, el alto tribunal destacó que el hecho de que los partidos a los que pertenecen los penados sean esenciales para la continuidad de Pedro Sánchez provoca que la medida que les favorezca pueda interpretarse como un "autoindulto", algo que también prohíbe expresamente la Constitución. Una autoamnistía en este caso.

TE PUEDE INTERESAR

Ramón Jáuregui (PSOE) rechaza la amnistía porque es "inconstitucional"

Europa Press

Los que aspiran al beneficio de la amnistía "son precisamente los líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno", llamado ahora a impulsar en las Cámaras la norma que servirá para blindar su perdón, avisaba el TS. Respecto a la ruptura de la legalidad, recordaba que incluso figuras como el indulto, completamente constitucional, están pensadas para "atemperar el rigor de las penas impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada".

A pesar de que Puigdemont tachó en su rueda de prensa sobre las condiciones para un pacto de "injustos" todos los procedimientos nacidos tras el 1-O, lo cierto es que no hay duda de que se ajustaron a la legalidad vigente. La amnistía sería así un método "para corregir la ley", para corregir las sentencias que se dictaron en aplicación de ella, que se impulsaría en respuesta a la exigencia para una investidura.

El expresident catalán huido reclamó reconocimiento "a la legitimidad democrática del independentismo" y "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas". Según defendió, el 1 de octubre no fue ilegal, ni la declaración de independencia, ni las posteriores protestas. "Es una exigencia ética y debe haber un abandono permanente, porque nuestras energías, nuestros recursos, los debemos poder dedicar a nuestra causa, como hacen los demás, con proyectos igual de legítimos", lanzó mientras avisaba que Junts no abandonará la vía unilateral.