El texto del primer intento de amnistía: "Es la vía para superar el conflicto político"

El primer intento de Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCAT) de aprobar una ley de amnistía defendía la constitucionalidad de una norma de este tipo por la necesidad de superar "el conflicto político" y "recuperar la estabilidad y la normalidad". El texto de la proposición de ley que presentaron en 2021 las dos formaciones hablaba de un "grave" enfrentamiento entre las instituciones políticas de España y Cataluña que acabó derivando en "elevadas penas de prisión" para los distintos condenados "como consecuencia de la organización de un referéndum o la celebración de manifestaciones masivas". Solo su eliminación completa permitiría avanzar, decía.

A lo largo de 19 páginas, los dos partidos secesionistas consideraban que el marco constitucional deja claro "que la amnistía forma parte de las potestades del legislador". En aquel momento, la mayoría de la Mesa no estuvo de acuerdo y el PSOE se alió con el PP y Vox para cerrar la puerta a la tramitación de la ley. Meritxell Batet contó con un informe de los letrados del Congreso en el que se comparaba la iniciativa con un indulto general contrario a la Carta Magna.

[Lea aquí el texto de la proposición de ley]

Como ejemplo de que —en su opinión— el instrumento puede emplearse, la proposición hacía referencia a la amnistía que el Gobierno de Manuel Azaña concedió en 1936 a Lluis Companys y a todos aquellos que habían sido condenados cono consecuencia de la revolución de octubre del 34. Recordaba la argumentación del decreto ley que la aprobó, en la que se calificaba la medida como "una pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional", en que estaban interesados por igual "todos los sectores políticos".

ERC y Junts admitían que tras la Constitución del 78 y al tratarse en la mayoría de los supuestos de materia penal que afecta a derechos fundamentales, la hipotética norma debía tener carácter de orgánica. Abarcaba desde la consulta del 9-N hasta los hechos relacionados con el referéndum del 1-O e incluso más allá, hasta llegar a la actualidad. "La presente proposición de ley tiene como ámbito objetivo todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas sancionables administrativamente, realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley", indicaba el texto.

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Por si existían dudas sobre esa intencionalidad política, la propuesta definía que se entendería como tal cualquier hecho vinculado "a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017". También los actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender dichas consultas o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas o jurisdiccionales, hubiesen sido perseguidos penal o administrativamente desde la fecha de la celebración de dicho referéndum. Los procedimientos afectados pueden estar en cualquiera de sus fases preprocesales, procesales y de ejecución, o administrativo, en cualquiera de las fases de iniciación e instrucción y de finalización.

Procesos de extradición

El apartado que hacía referencia concreta a la situación de Puigdemont indicaba que quedarían sin efecto alguno "los procesos de extradición activa, de cooperación jurídica, europea e internacional", al igual que los "económicos o contables y electorales" (en referencia, en este caso, al Tribunal de Cuentas). Para prevenir nuevos procedimientos, también hacía referencia al fututo, vedando que se iniciaran otros. "Las diligencias y procedimientos aún no conclusos o sin resolución firme serán archivados sin más trámite y tampoco podrá iniciarse ningún otro procedimiento o diligencia en relación con los hechos referidos ni con los relacionados con los mismos que fueran o hubieran podido ser enjuiciados por conexión", aseguraba. También quedarían amnistiados los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que cargaron contra los votantes el 1-O.

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Este primer texto está sirviendo de base a Sumar para explorar las posibilidades de acuerdo, aunque fuentes de los partidos independentistas recuerdan que la propuesta que se estudie ahora no tiene por qué coincidir con aquella. Sí está claro que la proposición que se acuerde si las negociaciones de Pedro Sánchez avanzan no hará referencia a personas concretas, sino a hechos, para esquivar cualquier semejanza con el indulto general, que prohíbe expresamente la Constitución. En su primer mensaje desde el acuerdo sobre la presidencia del Congreso, Puigdemont aseguró este miércoles que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie" ni se ha presentado ningún proyecto de amnistía en el marco de los contactos entre los grupos sobre la investidura de Sánchez.