La aplicación de una amnistía a Puigdemont dependerá del juez Llarena

La ley de amnistía que Junts impone al Gobierno en funciones como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez incluirá hechos y no referencias a personas concretas para evitar que se interprete como un indulto general. Sin embargo, una norma de ese tipo, en la que se recojan supuestos considerados delictivos en su día de forma inconcreta, tiene un riesgo evidente para aquellos que esperan salir beneficiados, entre ellos, Carles Puigdemont. Son los tribunales los que tendrán que aplicar a cada caso la nueva ley y decidir sus efectos. En el caso del expresidente de Cataluña huido, el encargado de hacerlo será el instructor del procés, Pablo Llarena. El mismo magistrado que decidió hace solo unos meses mantenerle procesado por malversación agravada tras otra iniciativa legislativa del Ejecutivo diseñada para contentar al independentismo.

En el caso de que la ley sea aprobada con el apoyo necesario en el Congreso, ejecutarla dependerá de los mismos jueces que en su día investigaron o condenaron a aquellos que buscan ser amnistiados. Para el caso de Puigdemont, Llarena debería dictar un auto motivado en el que se argumentara la forma en que ese borrón y cuenta nueva afecta al fugado en Bélgica y a Toni Comín. Lo mismo sucedería en el caso de Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados por el Supremo, en este caso a manos del tribunal que impuso una pena inicial por sedición y malversación que ha ido posteriormente modificándose por acción directa del Ejecutivo de Sánchez. Primero fue el indulto, que eliminó la pena de prisión, pero mantuvo la inhabilitación. Después, la eliminación de la sedición y el diseño de una malversación rebajada con la que se buscaba —sin éxito— reducir el tiempo en que permanecerán apartados de funciones públicas.

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Otros tribunales como la Audiencia Nacional, el Superior de Cataluña y varios de instrucción u órganos como el Tribunal de Cuentas tendrían que realizar el mismo ejercicio en los casos que asumieron por competencia. Junts y ERC han reiterado que buscan beneficiar a miles de personas implicadas en distintos procedimientos: desde la fiscalización del dinero que fue a parar a la organización del referéndum hasta los integrantes de los CDR o los cargos políticos intermedios aforados en Cataluña que diseñaron y ejecutaron el 1-O. En los últimos días y como efecto de la negociación que mantienen con sigilo todas las partes, ERC y Junts han aceptado incluir en esa amnistía a los 45 policías procesados por la violencia "innecesaria" y "gratuita" en las cargas del 1-O en Barcelona.

Todo un encaje de bolillos que requerirá una concreción extrema para los redactores de la norma y que no garantiza el resultado que, como se ha dicho, depende de los jueces y no de los legisladores.

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Sin ir más lejos, la última ocasión en la que el Ejecutivo buscó beneficios para Esquerra a cambio de su apoyo para sacar adelante los presupuestos, el resultado no fue el que esperaban los de Junqueras. Ni el tribunal del procés ni Llarena vieron aplicable a sus procedimientos la malversación atenuada que había diseñado el Ejecutivo. Mientras el primero mantuvo la inhabilitación de los políticos pese a la reforma penal, el segundo mantuvo a Puigdemont procesado por desviar fondos públicos y destinarlos a una actividad delictiva, es decir, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente.

Dudas de constitucionalidad

El debate sobre la amnistía es ya una realidad en medio de fuertes dudas sobre su constitucionalidad. Los que defienden que encaja en la Carta Magna aseguran que esta no la prohíbe expresamente y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (un texto preconstitucional aprobado en 1882) la menciona como causa de extinción de responsabilidad penal. Aquellos que avisan de que es inconstitucional recuerdan, entre otros motivos, que el legislador asumiría funciones que corresponden de forma exclusiva al poder judicial. También apuntan a la motivación de esa amnistía que se plantea ahora con el fin exclusivo de lograr un apoyo a la investidura, pese a disfrazarse de una medida para la concordia y la pacificación.

Puigdemont, de quien dependen de forma directa las posibilidades de Pedro Sánchez para reeditar su Gobierno, se encuentra en la actualidad al borde de enfrentarse a un nuevo proceso de entrega a España, después de que el Tribunal General eliminara su inmunidad como eurodiputado. En las próximas semanas presentará un recurso al TJUE reclamando recuperarla. El juez Llarena decidió en julio aplazar la reactivación de su entrega hasta contar con un fallo definitivo de la Justicia europea. El delito de malversación agravada por el que continúa procesado se castiga con penas de hasta 12 años de prisión.