Así negoció Puigdemont con el PSOE: lecciones para Sánchez tras el primer acuerdo

La negociación entre el Gobierno en funciones y Junts para conseguir el apoyo de los de Carles Puigdemont a la candidata socialista para presidir el Congreso no fue tan rápida y sencilla como pudiera parecer. La forma en que se desarrolló deja al PSOE varias lecciones de cara a la segunda fase de las conversaciones, centradas —ahora sí— en la investidura. Hubo un considerable tira y afloja y se esgrimió documentación en respaldo de las posturas de los independentistas. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que detectaron imprecisiones en los argumentos de los negociadores del Ejecutivo en funciones y acabó resultando clave la información que el partido independentista esgrimió, recabada por el expresident catalán antes de las elecciones generales, el pasado marzo.

Los de Junts mostraron desde el inicio una profunda desconfianza. Acusaron a los socialistas de exagerar la dificultad del trámite para impulsar la oficialidad del catalán ante la Comisión Europea, un objetivo que perseguían desde hace tiempo y sobre cuyo funcionamiento se habían informado. Una iniciativa lanzada hace meses por el eurodiputado Chris MacManus a instancias de Plataforma por la Lengua les sirvió como guía. Los de Puigdemont presentaron a sus interlocutores la respuesta que dio al irlandés el Parlamento Europeo y en la que se precisaban los pasos a seguir, aseguran las citadas fuentes.

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Hasta ese momento, el Gobierno en funciones defendía lo mismo que ya había asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a finales de 2021. Entonces dijo —y el PSOE lo mantenía ahora— que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había solicitado que el catalán fuera oficial hace años, en concreto, en 2004. No se pudo hacer entonces y se complicaba también ahora porque para lograrlo "era necesaria una reforma que modificara la redacción de los Tratados".

La respuesta a una pregunta formal lanzada por el eurodiputado irlandés decía, sin embargo, otra cosa. El Consejo de la UE precisaba a MacManus que, para que una lengua se convierta en oficial, se requiere que el Estado miembro curse su solicitud y lo decidan por unanimidad los 27 países integrantes. Ninguna referencia a la necesaria modificación del Tratado. Una vez despejada la duda, los de Junts reclamaron la prueba documental de la solicitud. No les valió, no obstante, solo el envío de la carta que remitió con este propósito el ministro de Exteriores. No dieron el sí a Armengol hasta que se les mostró el justificante de la recepción.

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En su misiva, Albares solicitaba en concreto la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la UE. Asimismo, pidió que esta cuestión se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG), que se celebrará el 19 de septiembre. Ese punto, la fecha, también había sido acordado previamente con Junts. Desde el partido de Puigdemont, son conscientes de que el resultado final es incierto y complicado.

El reglamento que regula el régimen lingüístico data de 1958 y se ha ido enmendando con las sucesivas ampliaciones de la UE, pasando de cuatro lenguas oficiales en un primer momento —neerlandés, francés, alemán e italiano— a las 24 actuales. Cualquier cambio de este reglamento debe ser decidido por unanimidad de los Estados miembros. La última lengua en incorporarse fue el croata, en 2013, con la entrada de este país en la UE.

Fase dos

Los independentistas quieren replicar lo que sucedió en 2007 con el gaélico, la única lengua cooficial que ha sido reconocida entre las oficiales de la UE hasta la fecha. Su inclusión tuvo lugar después de la entrada de Irlanda en el bloque en 1973, por lo que es el caso más similar al que ahora presenta España con el catalán, el euskera y el gallego. Desde la solicitud de Dublín hasta el sí final de la UE, pasaron nada menos que dos años.

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Pasada esa primera negociación, Puigdemont se prepara para una segunda en la que no dejará de lado el aprendizaje de esta fase. La desconfianza hacia las promesas que se le puedan formular sigue presente. "Somos expertos en la detección de trileros", lo resumen las fuentes consultadas. Por ello, no habrá apoyo sin esos "hechos comprobables" que reclaman y que, respecto a la ley de amnistía, suponen que exista ya una proposición de ley, que la Mesa del Congreso la haya admitido con luz verde para su debate y votación e incluso que esté ya aprobada.