Guerra en Waterloo: Ponsatí crea una web contra España y marca perfil ante Puigdemont

Guerra en Waterloo. Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación fugada en Bélgica, mantiene su particular pulso con Carles Puigdemont, también prófugo. Mientras todas las miradas apuntan al expresident, a la espera de saber si facilitará o bloqueará la investidura de Pedro Sánchez, Ponsatí acaba de sacar a la luz una página web anti-España con la que, a la vez que dispara contra el "Estado opresor", marca perfil propio. Si Puigdemont habla con España, Ponsatí acusa a España. La exconsejera ha puenteado, una vez más, al que fuera su jefe en la Generalitat y le ha vuelto a poner en entredicho.

El día 5 de julio, cuando se comunicó la decisión del Tribunal General de la UE de retirar la inmunidad a los fugados de la justicia española, Puigdemont convocó una rueda de prensa en Bruselas, teniendo como espectadores a representantes de todos los partidos independentistas y entidades soberanistas. Pero Ponsatí tomó el micro y realizó por su cuenta una declaración personal en la que arremetía contra la estrategia de Puigdemont y le decía a su jefe, presente en el mismo atril, que ya estaba bien de engañar a la gente y que jugando con su posible vuelta a España no iba a llegar la independencia.

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Ponsatí está determinada a ser noticia un día sí y otro también. Se presentó en Barcelona de repente, después de abominar y criticar con dureza a quienes habían vuelto del exterior. Se dejó detener a sabiendas de que no iba a ir a la cárcel debido a que las acusaciones que pesan sobre ella no comportan prisión. Estuvo unas horas retenida, volvió a Bruselas y desde entonces hizo caso omiso a los requerimientos de la Justicia española, desafiando al juez Pablo Llarena, que la procesó.

Luego, volvió a presentarse en Barcelona y lo anunció en redes sociales a bombo y platillo cuando ya estaba en la capital catalana. Su intención era volver a ser detenida para salir en los papeles. Nueva detención por unas horas y vuelta a la libertad, pero con la portada de los medios asegurada. Ahora, cuando los movimientos de Puigdemont están en el punto de mira de todos y se espera un gesto de amistad de Waterloo, Ponsatí estira la cuerda hacia el lado contrario: patada en la espinilla a España con una página cargada de dobles intenciones, de medias verdades y de denuncias estrafalarias.

Y patada en la espinilla a Puigdemont, que puede quedar como el pactista ante la pureza de pensamiento de Ponsatí. Más aún tras el acuerdo para la Mesa del Congreso. Ella quiere ser el recambio con mayúsculas. Lo ha dejado caer: aspira a encabezar una lista unitaria del independentismo a la presidencia de la Generalitat y, mientras tanto, va haciendo méritos y marcando perfil frente a sus compañeros de fuga.

El grupo 'objetivamente identificable'

Por eso ha vuelto a sacar los pies del tiesto y ha puenteado a Puigdemont. España contra Cataluña: inventario de una persecución nacional dentro de la UE es el título de la web que la exconsejera ha puesto en marcha. Tiene más de 1.000 entradas o denuncias de casos. "Este inventario hace patente la discriminación de un grupo objetivamente identificable dentro de la UE", dice Ponsatí, abonando la teoría de que los catalanes son una minoría étnica dentro de España.

"Denunciamos todos los casos que la Comisión ha decidido pasar por alto porque no le sirven para sus intereses", dice la eurodiputada en la web. A partir de las denuncias recogidas, la intención es denunciar cada caso de manera masiva a través de las redes sociales e inundar de correos la presidencia de la Comisión Europea para que se atiendan sus reivindicaciones.

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¿Qué denuncia? No son casos solamente relacionados con el procés o con la hoja de ruta independentista, sino que recoge situaciones de los últimos 20 años. El primer caso que ofrece en el apartado de derechos de expresión y manifestación hace referencia a una noticia del 1 de abril del 2003: "Los Mossos d’Esquadra y la policía española detienen a Jordi Vilaseca por órdenes de Baltasar Garzón y lo torturan", dice la noticia. Luego, recoge que la Audiencia Provincial de Lleida desestimó su denuncia de torturas por no quedar acreditadas. En realidad, Vilaseca y otros jóvenes fueron condenados a dos años de cárcel por tenencia de aparatos inflamables y daños continuados.

Es un ejemplo, aunque hay muchos similares. Por citar uno más reciente del mismo apartado, el 26 de noviembre de 2017 denuncia que "la Junta Electoral pide que se retiren pancartas y símbolos de los Ayuntamientos en apoyo a los presos políticos". En realidad, pedía la retirada de la pancarta del balcón de la Generalitat, ya que en ninguna democracia se permiten símbolos partidistas en espacios públicos y menos ante la proximidad de unas elecciones. Otra denuncia: "Llarena deniega a Jordi Sánchez un permiso para poder salir de prisión y hacer campaña".

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Era el 14 de diciembre de 2017 y una semana después serían las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central tras aplicar el artículo 155 de la Constitución. Otra noticia-denuncia: "El TSJC prohíbe al Ayuntamiento de Sant Cugat colocar una bandera estelada en una plaza". Se quejaba de los motivos del tribunal, que mantenía que su colocación suponía "una privatización y ocupación permanente del espacio público y vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional". Pero, para la exconsejera, lejos de atentar contra la neutralidad institucional, más bien atentaba contra la libertad de expresión.

La defensa de condenados

En el apartado de la politización de la Justicia, denuncia que la alcaldesa de Figueres fue citada a declarar ante un juzgado de instrucción por desobediencia al Tribunal Constitucional por su participación en el 1-O. La Guardia Civil levantó atestado y la alcaldesa fue llamada a declarar, en una actuación de oficio y, aparentemente, de libro. También considera digno de denuncia que Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga, fuese inhabilitada en octubre de 2018. También es digna de denuncia otra noticia: "El juez que investiga a Quim Torra por no retirar la pancarta Libertad presos políticos abre diligencias por un posible delito de desobediencia". A la postre, Torra sería condenado, inhabilitado y desalojado del Palau de la Generalitat por desobedecer a los tribunales.

También considera denunciable contra el derecho a la representación política el hecho de que "la Junta Electoral Central retira el escaño a Laura Borràs el 3 de mayo de 2023". La ya expresidenta del Parlament había sido condenada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, aunque Ponsatí sostiene que la condena no es firme. Sin embargo, el Supremo confirmó la medida y el Parlament le retiró posteriormente el escaño. Son algunas perlas que la exconsejera recupera y publicita en su web.

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En total, recoge 1.198 entradas distribuidas en seis sectores: derechos de expresión y manifestación, politización de la Justicia, neutralidad de la Fiscalía, Tribunal Constitucional politizado, derecho a la representación política y régimen penitenciario. El sector de los derechos de expresión y manifestación es el que tiene un mayor número de entradas: 504, mientras que el de régimen penitenciario es el de menos, con 113 entradas. También da opción a acceder a la base de datos a través de otras entradas. Por ejemplo, a través del nombre de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull o Pablo Llarena.

Un vídeo revelador

Un pequeño vídeo de presentación de la web relata que cada año la Comisión Europea realiza un informe sobre la vulneración de derechos en los estados miembros. "Año tras año, este informe pasa por alto las vulneraciones sistemáticas del Estado de derecho en España. La comisión lo sabe. Simplemente, niega la evidencia. Así pues, hemos decidido ponérselo difícil: hemos catalogado los casos".

Dice también que "en un estado de derecho, las leyes no pueden ser utilizadas para reprimir". Termina con una andanada contra España: "¿Cuántas vulneraciones hacen falta para que la Comisión vea clara la quiebra sistémica del estado de derecho español?". Y subraya que se han documentado y registrado más de 1.000 casos de vulneraciones de derechos contra los catalanes "por el único hecho de ser catalanes". Se trata de mantener una postura maximalista y conformar un relato político que criminaliza a España y carece de la más mínima autocrítica respecto a los sucesos de las últimas décadas.