Lo que el desalojo de unos 'zulos' cuenta sobre el problema de la vivienda en Baleares

La Policía Nacional ha comenzado a desalojar un bloque de infraviviendas en la calle Joan Miró, en Palma de Mallorca. Unos sótanos en los que vivían hacinados al menos una veintena de familias y que explica, en parte, el problema de la vivienda en las islas. La historia es, cuanto menos, rocambolesca: se trata de una propiedad de un policía local que alquilaba estos "espacios" a inmigrantes en situación irregular en la mayoría de casos.

El agente fue detenido en noviembre como autor de los delitos de favorecimiento de inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa. Por su parte, la conselleria de Vivienda le impuso una sanción de 2 millones de euros por estos alquileres ilegales en unos sótanos para uso de hostelería. La zona es cercana al puerto de Palma, con hoteles de lujo cercanos, muchos establecimientos y con edificios en renovación.

Para cumplir con la resolución administrativa ha empezado a demandar a cada inquilino para que abandone los habitáculos… con una denuncia de impago sobre unos alquileres ilegales. Mientras, el trasfondo son familias que no tienen dónde ir, que no pueden acceder a una vivienda y con una Administración conocedora de esta situación desde hace meses, pero que no ha movido ficha hasta ahora.

Para poder acceder a las viviendas hay que cruzar una puerta de cancela verde, sin llave. Llega Milena, recién bajada del autobús, que viene de trabajar en la limpieza. Llegó hace ocho meses de Colombia a Mallorca con sus tres hijos, de 7, 10 y 17 años. En la isla está su marido trabajando y viviendo en este lugar desde hace 14 meses.

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Mamen M. Mújica. Palma

Hay que bajar varias escaleras a la derecha y llega la oscuridad, un laberinto de pasillos con una veintena de puertas metálicas, paredes de azulejos azules y techos llenos de humedades, agrietados y prácticamente negros. Los pasillos son una amalgama de cajas y tendederos llenos de ropa, puestos uno tras otro. Milena da al pulsador de la luz, hay varias lámparas por los pasillos, una iluminación mínima y de poca duración. "Esta es la puerta que han venido a tapiar hoy", señala.

A la derecha, en el número 12, está lo que era el hueco de entrada, lleno de cemento y enfrente continúan las cosas que los vecinos pudieron sacar: un colchón, varias cajas, un mueble... un poco más adelante está la casa de Milena y su familia. Dentro le esperan su marido y sus hijos. El pequeño le da un fuerte abrazo después de tener a su madre todo el día fuera.

Es un habitáculo de apenas diez metros cuadrados. Conforme entras a la izquierda, hay un pequeño mueble y una litera. Enfrente, un armario, cajas, ropa y unas mesas hechas por su pareja. A la derecha, la minicocina, con dos platos por recoger, una estantería con unos botes de garbanzos y galletas. Y en un hueco, tras una cortina, está el baño. Todo en el mismo espacio. Por supuesto, ni ventanas, ni ventilación alguna. Pagan 500 euros al mes, más otros 50 euros de electricidad; lo que les dice el "casero", que es quien lleva los contadores. Su marido, Andrés, lleva en esta habitación desde el 28 de febrero de 2023.

Andrés conoció estas infraviviendas por un compañero, también de Colombia, que le puso en contacto con "Rafa", el policía que alquiló uno de sus sótanos y al que le ha pagado cada mes, hasta noviembre pasado cuando detuvieron al funcionario y "todos vecinos nos juntamos y decidimos no pagar hasta que se arreglara la situación". A ellos aún no les ha llegado una notificación por impago, pero sí a su vecino Davidson.

Davidson llegó hace 17 meses de Colombia y conoció los sótanos a través del boca a boca. Tras unos días firmó un contrato de alquiler, paga 350 euros y luego los gastos de electricidad. "Lo que el casero quiere", confirma. Cuenta que ha llegado a pagar hasta 700 euros porque el agente detenido les tocaba la puerta e incluso entraba sin llamar. Calculaba según los electrodomésticos que tenían lo que debían pagarle por la energía.

El techo está lleno de grietas y humedades. "Por aquí cae el agua casi a diario, sobre todo en invierno, la humedad es horrible, hace enfermar a uno", dice. De hecho, la puerta contigua a la vivienda de Davidson está sellada con cemento. "Allí había otra habitación, pero la cerraron cuando murió una persona, estaba enfermo".

Davidson y Andrés tienen los contratos, fraudulentos, que les hizo este policía local y en el que incluso viene reflejada una fianza de 200 euros, que ahora no les quiere devolver. De los pagos de cada mes no tienen recibos, todo se hacía en mano y las conversaciones vía WhatsApp. "Muchos mensajes después los eliminaba". Se sienten indefensos: "Se trata de un policía de aquí, que se sabe mover muy bien y él mismo decía que no alquilaba a españoles".

Se oyen conversaciones entre más vecinos por uno de los pasillos. Acaba de llegar Luis Ángel Patiño, el primer desahuciado en estas infraviviendas por una comisión judicial. Ha venido a recoger las cosas que le han podido sacar sus vecinos. El policía acusado llevaba tiempo presionando para que se marchara y no quería devolverle la fianza. Patiño estaba trabajando en la obra cuando le llamaron para avisarle. No había recibido notificación alguna, según asegura. Este ecuatoriano llevaba 5 años viviendo en uno de los habitáculos que están empezando a tapiar.

El suyo es el primer caso, pero llegarán más. Todos los vecinos están intranquilos y no tienen dónde quedarse. Muchos no tienen papeles y no pueden hacer frente a los altos alquileres en la isla. A Patiño, desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma le han ofrecido una plaza en un centro de acogida municipal durante los próximos siete meses. Los vecinos se arremolinan a su alrededor para preguntarle, leer la hoja con información del albergue y animarle.

Las administraciones, no obstante, han pasado meses sin actuar a pesar de conocer la situación. Tras el desahucio de Patiño, que es el inicio de muchos, los vecinos se acercaban hasta el pleno municipal de Palma en busca de soluciones. Ahora, desde el Ayuntamiento les han dicho que les irán citando para analizar cada caso y buscar una salida. Una alternativa social. Urgente.