La Eurocámara acepta una denuncia por vulneración de derechos en las universidades catalanas

La plataforma Universitarios por la Convivencia presentó esta semana una denuncia en el Parlamento Europeo para que las instituciones comunitarias abran una investigación sobre la situación en las universidades públicas catalanas, donde los ataques y acosos a estudiantes que no son independentistas están a la orden del día. Mientras las cúpulas universitarias, controladas por el secesionismo, han pactado con los sindicatos separatistas que el 80% de las clases se den en catalán y han permitido que grupos de extremistas destrocen carpas informativas de estudiantes constitucionalistas y expulsen a esos compañeros de los campus.

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La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo aceptó la denuncia y ya le ha dado curso. En los próximos días, enviará una carta al Gobierno central y a las autoridades educativas “mostrando nuestra preocupación y requiriendo explicaciones por la posible vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, de expresión y de reunión y a la no discriminación por motivos ideológicos”. También enviará otra carta al comisario de justicia, Didier Reynders, “haciendo llegar la petición de investigación" de la denuncia de Universitarios por la Convivencia “y que la tenga en cuenta en su informe del estado de derecho de la Unión”.

Esta denuncia coincide con la presentación de una moción de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña votada este jueves. Aunque puntos como la petición de neutralidad de las universidades públicas fueron aprobados sin problema, independentistas y comunes se opusieron al punto en el que se mostraba respeto por las decisiones judiciales que anulaban declaraciones partidistas de las universidades públicas y rechazaron también que se pusiese coto a la politización de los claustros. En sus resoluciones, independentistas y comunes rechazaron que se garantice a los alumnos el poder “ejercer su libertad de expresión como elemento clave de su formación sin que hayan de ser objeto de agresiones físicas o verbales o intimidaciones cuando defienden sus ideas libre, pacífica y democráticamente”. Asimismo, otro punto en el que se pide “velar por que los estudiantes catalanes no vean vulnerados sus derechos a la libertad ideológica y de expresión por pronunciamientos elaborados desde su claustro universitario” fue rechazado con los votos de dichas formaciones. El rodillo ultranacionalista se impuso.

Revuelo en Europa

La falta de compromiso con las libertades que mostraban las votaciones del Parlament contrastan con el revuelo organizado en Europa. Isabel Fernández, portavoz de Universitarios por la Convivencia, reclamó ante la Comisión del PE “respeto al pluralismo político”. Y denunció al mismo tiempo la “captura de las universidades por parte del poder nacionalista”. Esa captura se produce a tres niveles: ocupando el espacio público con símbolos partidistas e independentistas; evitar incluso mediante la violencia que los estudiantes constitucionalistas realicen alguna actividad en el campus; y utilizando los órganos de gobierno de las universidades para realizar proclamas nacionalistas y posicionar políticamente los centros, lo que contraviene la ley y por lo que varias instituciones han sido ya condenadas en los tribunales. “Ante esta situación, pedimos que se investigue lo que nos parece un atentado a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, al derecho de reunión de nuestros estudiantes, a la no discriminación por motivos ideológicos. Y que se investigue la vulneración del principio de neutralidad institucional imprescindible en nuestras democracias y la posible connivencia de las autoridades políticas regionales en todas las actuaciones. Apelamos, por ello, a los principios y valores de la UE”, dijo Fernández ente la comisión.

La denuncia ante el Parlamento Europeo incluye un relato del ataque, en octubre pasado, a una carpa de la plataforma S’ha Acabat!. “El objeto de la carpa informativa era explicar las razones por las que se oponían al proyecto de los equipos de gobierno de las universidades públicas catalanas (pactado con los estudiantes nacionalistas) de que el 80% de las clases se impartieran en catalán. Los estudiantes de S’ha Acabat! defendían el mantenimiento de la libertad de todos los miembros de la comunidad universitaria para utilizar la lengua oficial (catalán o castellano) que prefiriesen”. Los ultras nacionalistas rodearon la carpa, la destrozaron y amenazaron a sus rivales. “La policía no intervino y las autoridades académicas no condenaron el incidente. No es un hecho aislado. Tal como mostraremos a continuación, el acoso violento en los campus universitarios a quienes discrepan del nacionalismo es constante”. El hecho de que la Policía no intervenga apenas nunca, además, “deja a los estudiantes constitucionalistas desprotegidos ante los violentos”, dice el dossier llevado a Europa.

La experiencia de una eurodiputada

Es el último de docenas de episodios similares. De ahí que en el escrito presentado en el Parlamento Europeo se pida una investigación para esclarecer “la posible vulneración de los derechos fundamentales”. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa intervino en la sesión para asegurar que los hechos denunciados no son inventados. “En 2019, fui invitada a una charla en la UAB. Nos acosaron, insultaron, amenazaron e intentaron agredirnos. Algo que sólo ocurrió en los peores momentos de intolerancia que se pueden recordar en Europa. Fue horrible. Querían impedir a toda costa que pudiéramos realizar una charla para tratar una cuestión de ciudadanía europea. Eran los intolerantes, populistas, ultranacionalistas, apoyados por las instituciones”. Para la eurodiputada, “se intenta generar una espiral de silencio y normalizar la estigmatización, normalizar el acoso. El problema es que hay un semirrégimemn populista, identitario, ultranacionalista en Cataluña (....) Todos los datos que nos han dado son ciertos. Los he verificado y los he sufrido en mis propias carnes”.

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Para Universitarios por la Convivencia, “se trata de una estrategia de restricción de la disidencia en Cataluña que se conecta con la clara toma de partido de los equipos de gobierno de las universidades públicas catalanas por el nacionalismo y la abierta discriminación a los estudiantes que se manifiestan contarios a la secesión de Cataluña. Nos encontramos, por tanto, ante limitaciones serias de principios democráticos básicos y vulneración de derechos fundamentales como la libertad ideológica y de expresión y el derecho a no ser discriminado por razón de ideología”.

Así pues, la plataforma constitucionalista pide la intervención del Parlamento europeo para “que se respeten los principios de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos”. Y subrayan que las instituciones comunitarias “han de actuar con el fin de sancionar dicha violación, obviamente con el objetivo de reconducir la situación y conseguir que el todo el territorio de la UE se respeten los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos”. El dossier presentado en la Eurocámara explica que “los hechos que se denuncian afectan a la libertad ideológica, de expresión y al derecho a no ser discriminado por sus ideas políticas de los estudiantes y profesores de las universidades públicas catalanas”.

El contraste estudiantil

El escrito aporta documentación, fotografías y enlaces a vídeos para justificar las acusaciones que hace. En el terreno de la discriminación a estudiantes no nacionalistas, destaca la tolerancia de las autoridades académicas “hacia la violencia ejercida contra ellos”. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) intentó incluso, en 2017, dar de baja a la plataforma de jóvenes constitucionalista Joves SCC-UAB porque era crítica con las actuaciones del equipo de gobierno. La UAB fue condenada por discriminación, aunque los miembros de la plataforma sufrieron boicots, ataques y acosos por parte de estudiantes ultraindependentistas.

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Junto con la denuncia de ese hecho, relacionan un listado de una docena de ataques recibidos y adjuntan fotografías de actos vandálicos contra carpas o contra jóvenes de la plataforma en el propio campus. Y denuncian incluso que “tras los incidentes del pasado 6 de octubre, una diputada de la CUP manifestó su apoyo a los violentos y su condena a los agredidos. Este apoyo no es un hecho aislado. A los estudiantes nacionalistas violentos se les permite montar barricadas, cortar carreteras o realizar desfiles de antorchas encapuchados sin que haya reacción por parte de las autoridades académicas y, con frecuencia, sin que intervenga la policía (…) el resultado es un clima de temor que desalienta la disidencia”.

En sus conclusiones, la denuncia relata que los tribunales ya han establecido “que las declaraciones de apoyo al nacionalismo por parte de los órganos universitarios son contrarias a la ley y una limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria”. Ante el posicionamiento de las autoridades académicas, de los partidos políticos y de los dirigentes del Govern, Universitarios por la Convivencia llega a la conclusión de que “se trata de una reducción del pluralismo político, una quiebra de la libertad de expresión y de la libertad ideológica de enorme gravedad que requiere la actuación de las instituciones europeas”.