El plan de Bruselas de elevar la malversación no afectará a los líderes del 'procés'

La propuesta de la Comisión Europea de que los países de la UE armonicen sus condenas por corrupción y endurezcan las penas por algunos delitos, como por ejemplo la malversación, no tendrá repercusiones en el futuro de los líderes del procés ya condenados y es muy improbable que afecte al futuro de los que aún no han sido juzgados, como Carles Puigdemont. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el cambio legislativo que se baraja, si acaba produciéndose, solo afectaría a los nuevos casos de malversación que se produjeran tras su entrada en vigor y en ningún caso a los anteriores. Las reformas solo se aplican de forma retroactiva cuando benefician al investigado o al condenado, pero nunca si le perjudican o se traducen en un incremento de sus penas.

La iniciativa de la Comisión contradice en parte la reforma que aprobó el Gobierno tras acordarla con ERC, en la que se recortaban las condenas previstas para ese delito en algunos supuestos. Las reducciones de penas acompañaron a la desaparición del delito de sedición. La atenuación lanzada no sirvió, sin embargo, para rehabilitar las funciones públicas de cargos como Oriol Junqueras, ya que el Supremo descartó que fuera aplicable.

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El TS desactivó la interpretación de los condenados al ver que el nuevo supuesto más leve no encajaba en las conductas de los líderes condenados, que mantienen su inhabilitación pese a los indultos. Al revisar sus condenas, concluyeron que no podía entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro —el caso con penas más bajas— y advirtieron de que lo sucedido no supuso que las cantidades presupuestadas para un fin se destinaran a otro fin encajable en la ordinaria prestación de los servicios públicos que justifican la actividad administrativa, sino que se destinaron a la comisión de un acto ilícito, la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En el caso de Puigdemont y los exconsellers también fugados Antoni Comín y Lluís Puig, la conclusión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena fue la misma: "El ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito", advirtió en enero. Tampoco el expresident se vería perjudicado por penas mayores, ya que su procedimiento se encuentra ya en fase de procesamiento.

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La iniciativa de la Comisión es, de momento, una propuesta legislativa que ahora tendría que ser acordada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, donde se sientan todos los Estados miembros, muchos de ellos muy celosos respecto a las cuestiones penales. La propuesta de la Comisión Europea va más allá del delito de malversación y también afecta por ejemplo a los casos de soborno en el sector público o de obstrucción a la Justicia, para lo que se pide que haya un máximo de como mínimo seis años, o en el caso de tráfico de influencias y abuso de poder, con un techo como mínimo de cinco años. La Comisión Europea calcula que la corrupción le cuesta a la economía europea unos 120.000 millones de euros al año y asegura que esta propuesta busca únicamente establecer lo que ya está acordado como estándares internacionales.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha asegurado que la reforma que impulsó el Ejecutivo junto a ERC se "adelanta" a la propuesta de la Comisión Europea. "Veremos cómo evoluciona en el curso de la negociación, pero en todo caso España tiene los deberes hechos ya que la reforma de 2022 ya separó el delito de malversación en el caso de que haya o no un lucro desde el punto de vista financiero", ha señalado la vicepresidenta en Bruselas, donde se encuentra para participar en el Foro Económico de la capital comunitaria y para reunirse con varios miembros de la Comisión Europea para hablar de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La propuesta

En el caso de malversación, definida por Bruselas como "la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados", debería tener, según el texto del Ejecutivo comunitario, una pena máxima de, como mínimo, cinco años. Tras la reforma del Código Penal por parte del Gobierno, las penas van de uno a cuatro años, por debajo del techo mínimo que la Comisión Europea considera que debería aplicarse. En la Moncloa, en todo caso, consideran que la reforma de 2022 tendría cabida en la propuesta de Bruselas, al diferenciar entre malversación con ánimo de lucro y la que no lo tiene, y fuentes del Ejecutivo señalan que España llega con "los deberes hechos" al recoger delitos como el enriquecimiento ilícito que otros Estados miembros todavía no tienen tipificados.

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Pero en la Comisión Europea no gustó la reforma que sacó adelante el Gobierno tras el acuerdo con ERC para beneficiar a los líderes independentistas catalanes detrás de la organización del referéndum ilegal del 1-O, precisamente porque en Bruselas ya estaban trabajando en el paquete anticorrupción que buscaba lo contrario: armonizar las penas en el ámbito de la Unión Europea y elevar las condenas por los delitos de corrupción.

De hecho, esa reforma está siendo estudiada por el equipo del comisario de Justicia, Didier Reynders, y se incorporará al informe del Estado de derecho que cada año publica la Comisión Europea. "La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE", explicó Reynders en enero. Cuando se tocan las penas por delitos de este tipo, se hace una comprobación de oficio por parte del Ejecutivo comunitario de que todo está en orden, y es eso lo que se está haciendo. "Aunque es cierto que si en vez de bajar las penas se hubieran subido, no habría que hacer comprobación alguna", señaló en su momento una fuente comunitaria.

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"La corrupción es como un cáncer. Si se deja correr, sofocará nuestra sociedad democrática y destruirá sus instituciones. Al igual que con el tratamiento del cáncer, necesitamos mejorar la prevención", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. "También necesitamos contar con fuertes instrumentos de represión y sanciones contra la corrupción, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. El paquete de hoy elevará el nivel de las definiciones y sanciones de los delitos de corrupción en toda la UE y ayudará a las autoridades a atrapar y castigar a los delincuentes", ha añadido la política checa.

Además, la Comisión Europea propone ampliar las herramientas de sanciones con el objetivo de poder sancionar también a personas que hayan cometido actos graves de corrupción. "Es una prueba clara de nuestra determinación de intensificar nuestra acción para prevenir y combatir la corrupción tanto dentro como fuera de la UE, y de utilizar todos nuestros instrumentos con ese fin. Estamos enviando un mensaje claro: la UE no está abierta a los negocios para aquellos que se dedican a la corrupción, dondequiera que ocurra", ha explicado Josep Borrell, alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad.